Golpe de efecto de Puig y Oltra: lanzan a 250 alcaldes contra los recortes de Montoro

El Consell Ximo Puig y Mónica Oltra sigue dispuesto a dar batalla al ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, hasta el último momento. A apenas cinco días del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera y tras recibir una carta del secretario de Estado de Administraciones Pública, Antonio Beteta, en la que reclama al Gobierno valenciano un plan de ajuste para adaptar los planes económicos al desfase del déficit del año pasado y al nuevo déficit del 0,7%, el bipartito de socialistas y Compromís han dado hoy un golpe de efecto al reunir a casi 250 alcaldes contra los recortes. Los munícipes, reunidos en el Salón de Cortes del Palau de la Generalitat en Valencia, han suscrito un manifiesto por "una financiación justa" en el que exigen una reforma inmediata del sistema con efectos retroactivos a enero de 2014, el reconocimiento de 12.433 millones de euros de déficit acumulado considerado injusto y la ejecución de inversiones estatales en función del peso poblacional de la Comunidad Valenciana.

El acto ha sido presentado con la mayor de las solemnidades, con discurso del presidente Ximo Puig incluido en el que no ha dudado en presentar la reunión como una demostración de fuerza ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Sin los ayuntamientos la Generalitat Valenciana no tendría la misma fuerza a la hora de exigir lo que naturalmente nos toca: el derecho de bienestar y del futuro de nuestra gente”, ha señalado. Esa fuerza proviene del amplio poder municipal que PSPV-PSOE y Compromís obtuvieron tras los comicios de mayo del año pasado, cuando desalojaron de numerosas alcaldías al Partido Popular, en muchos casos a través de pactos.

A la firma del manifiesto se han sumado numerosos alcaldes del Partido Popular, respaldados por la presidenta regional Isabel Bonig

Sin embargo, en materia de insuficiencia financiera hay un consenso generalizado entre las fueras políticas con representación en las Cortes Valencianas. Esto explica que en el acto de hoy hayan aparecido alcaldes del Partido Popular, con autorización de la presidenta regional interina de la formación de la gaviota, Isabel Bonig. No han faltado a la cita los primeros ediles de las tres capitales valencianas, Joan Ribó (Valencia), Gabriel Echávarri (Alicante) y Amparo Marco (Castellón).

El de esta mañana ha sido el más efectista de los movimientos que la Generalitat ha organizado para mostrar a Rajoy y Montoro su posición contraria a los recortes y su exigencia de un cambio en el sistema de financiación que sitúa a la Comunidad Valenciana como contribuyente neto del Estado pese a tener una renta per capita doce puntos por debajo de la media española. Una circunstancia que explica en gran parte que año tras año la Conselleria de Hacienda sea incapaz de cumplir con los objetivos de equilibro presupuestario que marcan el Gobierno central en coordinación con Bruselas.

En la estrategia de Puig, Oltra y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, está también el tratar de buscar aliados en otras autonomías. El presidente valenciano cerró un acuerdo el pasado lunes con el presidente murciano, el popular Pedro Antonio Sánchez, para mantener una postura común en defensa del Trasvase Tajo-Segura, pero también de un reparto de la tarta financiera del Estado que tenga en cuenta el criterio poblacional, lo que beneficia a ambos territorios. Del mismo modo, Soler aprovechó una visita a Barcelona el pasado jueves para ser entrevistado en TV3 para mantener un encuentro con el vicepresidente catalán Oriol Junqueras y buscar espacios de entendimiento.

Lo cierto es que en el tramo final de su prorrogado mandato, Montoro está encontrando muchas dificultades para meter en cintura a las autonomías, incluidas las gobernadas por su propio partido. Los territorios creen que han acumulado recortes millonarios (sólo en educación y sanidad superan los 16.500 millones) y que ahora le toca a la Administración central meter la tijera en sus capítulos de gastos para cumplir con las órdenes de Bruselas. En la última reunión del Consejo de Política Fiscal el ministro en funciones aceptó abrir algo la mano con el déficit de 2016 (del 0,3% al 0,7% para las autonomías), pero ha exigido nuevos planes de ajuste para compensar el de 2015.

En el caso valenciano esta imposición no solventa los problemas. Incluso con el nuevo déficit la Generalitat necesita casi 1.000 millones para cuadrar su presupuesto, pues Puig y Soler incluyeren 1.300 millones de euros de ingresos con cargo a un hipotético nuevo modelo de financiación que no ha llegado ni a negociarse.