La cacería de Ximo Puig: pilla a 500 fortunas esquivando el Impuesto de Patrimonio

La primera campaña masiva de la Generalitat valenciana contra el fraude fiscal en veinte años ha destapado la resistencia de muchas de las grandes fortunas locales a cumplir con sus obligaciones tributarias en lo que se refiere al polémico Impuesto de Patrimonio. Más de medio millar de contribuyentes con bienes con valores acumulados por encima de 700.000 euros (excluyendo vivienda habitual) han recibido de la Conselleria de Hacienda una notificación de la apertura de inicio de expediente por discrepancias en el desembolso del citado tributo.

La 'cacería fiscal' se puso en marcha el pasado mes de enero en virtud de los Acuerdos de Morella, un paquete de medidas pactado entre socialistas y Compromís tras un fin de semana de “retiro espiritual” de todo el gobierno valenciano en busca de nuevas acciones políticas”. En este encuentro se acordó lanzar una campaña de corte ejemplarizante para concienciar a la población sobre sus obligaciones fiscales en un momento en el que la Generalitat está técnicamente quebrada y asistida por el oxígeno financiero del Fondo de Liquidez Autonómica. La Dirección General de Tributos optó por cruzar los datos de los declarantes del Impuesto de Patrimonio de 2007 (último ejercicio antes de que Francisco Camps lo bonificase al 99%) y 2012, cuando su sucesor Alberto Fabra decidió rescatarlo como gesto recaudatorio en plena oleada de recortes por las restricciones de déficit impuestas por Bruselas a España y, en cascada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a las autonomías.

Los técnicos de Hacienda han aprovechado la campaña para elevar su conocimiento sobre los bienes de las grandes fortunas de cara a otros tributos

De ese cruce de datos, los técnicos de Hacienda pusieron de relieve una diferencia de 1.800 declarantes. Tras indagar sobre su patrimonio la Dirección General de Tributos detectó 707 casos de irregularidad en las obligaciones fiscales que se han traducido hasta ahora en 539 notificaciones de inicio de expediente por ausencia de autoliquidación. Desde que se anunció la campaña dentro del plan de choque contra los defraudadores son ya 62 los contribuyentes que han sido sancionados directamente y otros 203 los que han optado por acudir directamente a las oficinas de la Conselleria de Hacienda para presentar la autoliquidación antes de ser sancionados. Un caso que ha llamado la atención de los técnicos ha sido el de un contribuyente que ha regularizado él sólo más de 400.000 euros de forma voluntaria. Hay que tener en cuenta que si la cuantía defraudada supera los 120.000 euros se considera delito fiscal. “El fraude fiscal es el más injusto que hay y es el problema más grave en el sur de Europa”, señaló el conseller de Hacienda, Vicent Soler el pasado mes de febrero en un almuerzo con la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios.

La recaudación de la campaña específica por el Impuesto de Patrimonio ha superado los dos millones de euros, por encima de lo previsto en inicio. La intención de la Generalitar es extender el envío de reclamaciones a los ejercicios de 2013 y 2014. Pero para los responsables de la conselleria que encabeza Soler el objetivo no era tanto la cantidad recaudada como la utilidad de obtener una información relativa al patrimonio de las grandes fortunas valencianas que consideran valiosa de cara a vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en otros tributos gestionados al 100% por la Administración autonómica como el de Transmisiones Patrimoniales o el de Sucesiones y Donaciones.

Cambio político, cambio impositivo

Algunas de las fortunas locales no ven con buenos ojos el pago de este tributo, del que están bonificados casi en su totalidad los contribuyentes de la Comunidad de Madrid y que en otras autonomías como La Rioja todavía cuenta con importantes bonificaciones. En el caso valenciano el tipo impositivo ronda el 25% a partir del importe mínimo. Tras llegar al poder el año pasado, el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra rebajó el umbral a partir del cual hay que declarar de 700.000 a 600.000 euros, excluyendo vivienda habitual. Con ello el Gobierno valenciano pretende elevar la recaudación por encima del 17% desde los 115 millones previstos en 2015 a 136 millones este año.

Pese a las promesas electorales el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por mantener este tributo, cuya recaudación está cedida a las autonomías, durante 2016. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero optó por rescatarlo de forma “temporal” en 2008, cuando los nubarrones de la crisis económica comenzaron a asomar. Montoro ha prorrogado su vigencia hasta el año que viene y habrá que ver si un nuevo Ejecutivo surgido a última hora o el que salga de unos nuevos comicios generales opta por modificar la Ley de Presupuestos que aboca al Impuesto de Patrimonio a su desaparición. Los gobiernos territoriales tienen capacidad normativa sobre el impuesto, lo que ha provocado incluso que algunos contribuyentes con cuantiosos patrimonios de autonomías con tipos altos hayan optado por trasladar su residencia a Madrid, donde no pagan nada por este concepto.