informe del ministro en funciones

La confesión de Montoro: Fabra y Camps ocultaron 1.900 millones de déficit público

El ministro de Hacienda se escuda en la información sesgada de los gobiernos del PP para endosar a Ximo Puig una multa de 19 millones impuesta por la Unión Europea a España
Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (c), junto al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (c), junto al expresidente de la Generalitat Alberto Fabra. (EFE)

La Generalitat valenciana será la primera Administración pública española que tendrá que afrontar en última instancia una sanción de la Comisión Europea por manipular los datos de déficit público. El Consejo de la Unión acordó en julio de año pasado imponer una multa al Reino de España de 18,93 millones de euros por incumplimiento del derecho comunitario. Desde que se conoció la resolución, el Gobierno de Mariano Rajoy (a través del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) y el autonómico, que preside el socialista Ximo Puig, han librado una dura batalla administrativa que vivió su penúltimo capítulo el pasado 4 de marzo, cuando el Consejo de Ministros acordó desoír las alegaciones de la Conselleria de Hacienda y endosar la sanción a la comunidad autónoma.

Para justificar su decisión de traspasar la responsabilidad del incumplimiento que ha derivado en la sanción (cuyo importe ya desembolsó el pasado 28 de enero), el ministro de Hacienda ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que sostiene que los gobiernos autonómicos de Francisco Camps y Alberto Fabra (ambos del Partido Popular) escondieron a la Intervención General del Estado casi 1.900 millones de euros en facturas por gasto sanitario no presupuestado que guardaron en el cajón entre los años 2008 y 2011. 

La ocultación se produjo cuando, en virtud de un cambio reglamentario, España tuvo que notificar a Eurostat en marzo de 2012 los datos anuales de deuda y déficit correspondientes a 2011. Apenas dos meses después, en mayo, aprovechando el mecanismo de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno, el Consell de Fabra afloró 1.891 millones en facturas no contabilizadas para tratar de quitárselas de encima, como así ocurrió. Sin embargo, esto obligó al Gobierno a comunicar a Eurostat la actualización de datos al detectar “irregularidades en la transmisión del gasto sanitario en la Comunidad Valenciana”, relata el informe de Montoro. 

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps (c), la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y Alberto Fabra.
El expresidente de la Generalitat Francisco Camps (c), la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y Alberto Fabra.

Como consecuencia de esa actualización de datos, la Comisión Europea abrió una investigación a España por “manipulación estadística” que concluyó en mayo del año pasado e identificó a la valenciana como “la única región que presentaba irregularidades”. “Esas cuantías no fueron contabilizadas, y por tanto no fueron comunicadas por la Intervención General de la Generalitat Valenciana (IGGV) a la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) hasta la puesta en marcha del mecanismo extraordinario de financiación. La IGGV incurrió en negligencia grave al no registrar los gastos sanitarios (y no respetar el principio de devengo) en la contabilidad pública”, explica Montoro. 

El ministro responsabiliza así del defecto en la comunicación a un organismo, la Intervención valenciana, que en esas fechas tenía a Salvador Hernándiz como principal responsable. Hernándiz disfrutó de rango de subsecretario hasta diciembre de 2011, cuando el Consell de Fabra decidió nombrarlo secretario autonómico. El interventor general asistía, con voz pero sin voto, a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Consell, el máximo órgano de coordinación para la toma de decisiones en materia económica del Ejecutivo autonómico, y también compareció públicamente en abril de 2010 con una vicepresidenta del Consell y la exabogada de la Generalitat para avalar los contratos con la trama Gürtel y rebatir un informe judicial sobre un caso que ha terminado en el Tribunal Superior de Justicia y con un nutrido número de altos cargos de gobiernos de Camps sentados en el banquillo.

Montoro no duda en cargar la responsabilidad de la información contable a la Generalitat de Fabra y Camps y a su interventor

En la fase de alegaciones, el Consell de Ximo Puig y su 'conseller' de Hacienda, Vicent Soler, han remitido escritos a Montoro en los que han tratado de eximir a la caja autonómica de tener que afrontar el pago de la multa con el argumento de que ha habido una “concurrencia de responsabilidades” entre la Generalitat y el Estado, y han recordado que fueron varios los organismos que venían señalando gastos sin contabilizar. Pese a los muchos informes de la Sindicatura de Cuentas valenciana, que año tras año advertía de la existencia de facturas en los cajones, Montoro sostiene que no existía ninguna normativa que permitiese a la Administración central “investigar o acceder a los registros de las intervenciones autonómicas para verificar la calidad de los datos transmitidos”. “La IGAE durante los años 2008 a 2012 no ha contado con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las comunidades autónomas”, se excusa el ministro. “A lo sumo solicitaba aclaraciones a los datos recibidos”, matiza. 

Último folio del informe del ministro de Hacienda.
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Último folio del informe del ministro de Hacienda.

Montoro no duda en cargar la responsabilidad de la información contable a la Generalitat de Fabra y Camps y a su interventor. “En las reuniones bilaterales que se mantuvieron” con la citada Intervención relativas al déficit, "no se puso de manifiesto la existencia de gasto sanitario devengado no registrado en la cuenta 409”, la que incluye las facturas no presupuestadas pero sí reconocidas.

La batalla entre administraciones se libra pese a que el Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo contra la sanción. De hecho, el Ejecutivo de Puig había solicitado en sus alegaciones suspender el desembolso de la sanción hasta que se resolviese el recurso judicial.

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