El juez imputa por blanqueo al PP y ofrece declarar a Barberá antes de ir al Supremo

El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha acordado ofrecer a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y al exconcejal y diputado autonómico Miguel Domínguez la posibilidad de declarar voluntariamente en el marco de la pieza separada de la operación Taula que se sigue por un delito de blanqueo de capitales, antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo (TS), órgano ante el que Barberá es aforada por su condición de senadora, y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), competente para investigar y, en su caso, enjuiciar a Domínguez por ser parlamentario en las Cortes Valencianas.

El magistrado Víctor Gómez, que ha levantado el secreto de sumario que afectaba a esta pieza separada (lo ha prorrogado, hasta el 14 de abril, para el resto de la causa), responde así al escrito presentado por la Fiscalía Anticorrupción para que elevara sendas exposiciones razonadas ante la Sala de lo Penal del TS y ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. La investigaciòn apunta a una trama para blanquear dinero en la campaña de las municipales del año pasado. Según han admitido algunos testigos, concejales y asesores recibieron 1.000 euros cada uno en metálico para que lo entregaran a su partido en forma de donación.

Según fuentes del tribunal valenciano, el instructor ha dictado también una providencia en la que emplaza al Partido Popular para que designe a un representante procesal que habrá de prestar declaración en calidad de investigado (término que sustituye al de imputado) por un delito de blanqueo de capitales. Es decir, que ha incorporado a la causa a toda la organización que preside Mariano Rajoy como personalidad jurídica, algo que contemplan el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la misma resolución, el juez también solicita informe al representante del Ministerio Público para que se pronuncie sobre la oportunidad de declarar compleja la pieza separada del blanqueo y ampliar así de seis a 18 meses el plazo para investigar.

En lo que se refiere a Barberá y Domínguez, Anticorrupción entiende que “existen indicios suficientes de la participación” de los dos aforados en la comisión del delito de blanqueo de capitales por el que están investigadas 48 personas (concejales, exconcejales, asesores y exasesores del Ayuntamiento de Valencia) y por el que el instructor ha resuelto imputar también al PP.

En un auto notificado hoy, el instructor explica que los escritos presentados por el fiscal “contienen indicios racionales que fundamentan jurídicamente” la petición de elevar una exposición razonada al Supremo. El juez, sin embargo, considera oportuno seguir la doctrina de este tribunal y agotar la investigación para que, llegado el momento, tanto el TS como el TSJ dispongan de la máxima información que les pueda ser de utilidad para “valorar la implicación indiciaria de las dos personas aforadas”.

Anticorrupción sostiene que existen "indicios suficientes de la participación" de la senadora en la comisión del delito de blanqueo

Con el fin de obtener más información, el titular de Instrucción 18 ha decidido también interrogar de nuevo a cuatro investigados que en su día, estando la causa secreta, se acogieron a su derecho a no declarar. Se trata del concejal Alfonso Novo, la exedil María José Alcón, la exsecretaria del grupo municipal popular Mª Carmen García-Fuster y la secretaria de esta, María José Pi Palau, quienes, según el magistrado instructor, tenían “mayor proximidad al dominio material sobre el dinero de supuesto origen ilícito”. Los cuatro han sido citados para el día 8 de abril.

“Cabe la posibilidad de que quisieran, ahora, declarar, es decir, suministrar información que podría ser valiosa o reveladora de hechos o circunstancias ignotos en este momento, y que podrían servir para aproximarnos a la verdad, que es el único interés y finalidad de toda instrucción judicial”, arguye el juez, quien, para agotar la investigación, acuerda, igualmente, ofrecer a los dos aforados, Barberá y Domínguez, la posibilidad de ser oídos voluntariamente sobre unos hechos por los que podrían resultar imputados.

La doctrina del Supremo, según explican desde el TSJ valenciano, exige que “cuando se imputan actuaciones criminales a un grupo de personas y alguna de ellas tiene el carácter de aforado, se individualice no solo la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, sino también que haya algún indicio o principio de prueba que pudiera servir de apoyo a tal imputación (…). De ahí que para que proceda declarar su competencia, sea menester que existan suficientes indicios de responsabilidad contra la persona aforada”.

Podrán explicarse sin ser interrogados

De aceptar la fórmula de la declaración voluntaria, la senadora y el diputado autonómico comparecerían ante juez y fiscal, asistidos por abogado, previa designación de procurador y habiendo tenido conocimiento de las actuaciones. El juez les otorga un plazo de 20 días para declarar si lo desean. No serán interrogados. Y, alternativamente a esta comparecencia voluntaria, podrían presentar un escrito alegando lo que consideren oportuno en relación a los hechos investigados y a su posible participación en los mismos, explican las mismas fuentes.

La declaración voluntaria de los aforados viene recogida en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No implica proceder alguno del órgano judicial contra ellos. Se trata, según recoge el auto de instrucción 18, de un trámite que persigue garantizar su derecho de defensa “para que puedan dar a conocer hechos y circunstancias de posible interés para la causa y manifestar lo conducente a su defensa en relación con la investigación, que aparentemente les implica, antes de decidir sobre la petición interesada por el fiscal”.

En el caso Imelsa, cuya pieza principal seguirá estando secreta hasta el 14 de abril tras la nueva prórroga acordada hoy por el instructor, hay 115 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la Administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La causa, que se saldó con la detención a finales de enero de 24 personas, entre ellas el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus, consta de 15 tomos (4.500 folios). La documentación incautada en los registros está clasificada en 10 piezas documentales, integradas, cada una de ellas, por varios tomos.