nueva causa de corrupción en ciernes

Anticorrupción sospecha que las millonarias obras de Feria Valencia financiaron al PP

La Fiscalía ultima una denuncia contra exgestores del recinto que albergó el congreso que ratificó a Rajoy en 2008. Las pesquisas se centran en Alberto Catalá, protegido de Barberá
Foto: Feria Valencia. (Foto: feriadevalencia.com)
Feria Valencia. (Foto: feriadevalencia.com)

La Fiscalía Anticorrupción ultima una denuncia contra los antiguos gestores de Feria Valencia por una presunta malversación de fondos derivada de los sobrecostes millonarios en las obras de ampliación que se iniciaron a partir de 2001. La demanda, que se presentará antes del próximo mes de junio, tiene como base una investigación realizada a partir de un informe de la Intervención de la Generalitat valenciana en que se denuncian desfases injustificados sobre los presupuestos iniciales y falta de control en las políticas de contratación, con incumplientos reiterados de la Ley de Contratos Públicos.

La investigación apunta directamente al expresidente del comité ejecutivo Alberto Catalá y a la exdirectora Belén Juste, ambos protegidos de la exalcaldesa de Valencia y actual senadora, Rita Barberá. Juste fue además diputada en el Congreso hasta la pasada legislatura. Existen indicios de un uso fraudulento de las tarjetas de gastos de la institución, de gastos excesivos en viajes a países como Costa Rica o Argentina y de un posible desvío de fondos o materiales procedentes de los trabajos de Feria Valencia a sufragar mejoras y actividades comerciales en Rafael Catalá SA (la empresa familiar del que fuera máximo responsable de Feria Valencia), una firma textil que ahora está en concurso de acreedores. Se da la circunstancia de que la sociedad ha estado ligada también a su hermano, Rafael, quien durante varios años ha ejercido de asesor de Barberá en el Ayuntamiento de Valencia. Lo que no entrará en la denuncia serán los regalos que la actual senadora recibió de Feria Valencia en su condición de presidenta del patronato, básicamente bolsos y complementos de lujo y cheques regalo de El Corte Inglés.

La Fiscalía ha investigado un posible desvío de fondos y suministros a la empresa familiar del expresidente del comité ejecutivo en los años de la ampliación

 

Tampoco está previsto que termine judicializándose penalmente el impago por parte del Partido Popular del congreso nacional de 2008 que ratificó a Mariano Rajoy como líder y que albergó la feria. Génova se niega a pagar una factura de 568.511 euros que le reclaman por vía mercantil los nuevos gestores por el alquiler de espacios de esa convención. No obstante, aunque los investigadores están más centrados en las razones de que se hinchasen las facturas de obras y otros contratos de suministros (la Intervención ha detectado sobreprecios hasta en el hormigón), las sospechas alcanzan también a una posible financiación irregular del Partido Popular. No en balde, existen informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que relatan los vínculos entre la trama Gürtel y Feria Valencia. La institución contrató servicios de 'marketing' a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, el lugarteniente de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, por los que pagó casi un millón de euros. Durante los años en que Francisco Camps estuvo al frente de la Generalitat valenciana y del PP valenciano, el recinto ferial fue escenario habitual de actos y convenciones de partido.

Alberto Catalá y Francisco Camps. (EFE)
Alberto Catalá y Francisco Camps. (EFE)

Todas las magnitudes del proceso de ampliación de Feria Valencia son estratosféricas. En 2001, se aprobó un presupuesto inicial para las obras de 325 millones de euros con cargo a créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una emisión de obligaciones. La adjudicataria inicial fue la UTE formada por FCC, Lubasa y Pavasal. Lubasa es una de las empresas que han sido investigadas por financiar de forma irregular al PP valenciano a través de la trama Gürtel. Uno de sus responsables, Gabriel Batalla, acaba de ser procesado por la Audiencia Nacional por delito electoral junto a otros empresarios, los cabecillas de la trama y la cúpula del PP regional en la etapa de Camps como presidente.

La trama Gürtel firmó contratos con Feria Valencia por cerca de un millón de euros. Camps hizo del recinto lugar habitual de los actos del Partido Popular

El coste final de las obras se disparó por encima de 587 millones de euros, que fueron atendidos con préstamos de Dexia, Defpa, Bayern o el Instituto de Crédito Oficial. En paralelo, Catalá suscribió con la Generalitat en manos del Partido Popular acuerdos que en la práctica la convertían en avalista y responsable última de la deuda de Feria Valencia. Según la Intervención, el coste para la Administración pública sumando intereses se elevará finalmente a 1.027 millones de euros. Para atender los compromisos financieros y evitar que los créditos entren en ejecución, la Conselleria de Hacienda inyecta anualmente más de 30 millones de euros en la institución para que pueda atender sus compromisos financieros.

Feria Valencia acumula en la actualidad una deuda de 550 millones de euros y está tratando de salir a flote. Alberto Catalá abandonó el cargo en octubre de 2013. Fue sustituido por José Vicente González, presidente a su vez de la patronal autonómica Cierval. González, respaldado a su vez por el empresariado valenciano, sustituyó a todo el equipo directivo (Enrique Soto es el nuevo director general) y negocia desde hace meses con la Generalitat una reestructuración societaria que sin cuestionar la naturaleza pública de Feria Valencia y su patrimonio permita agilizar su gestión y aumentar la generación de recursos e ingresos en colaboración con entidades y empresas privadas.

Las mordidas de Ciegsa ponen bajo la lupa el uso de los préstamos millonarios del BEI

La Comisión Europea ha dado un plazo de un mes al Ministerio español de Economía para que clarifique si existen contratos públicos de administraciones valencianas beneficiados con fondos europeos que se encuentren actualmente inmersos en alguna investigación judicial por posible corrupción. En una carta difundida ayer por EFE, la directora general de Política Regional y Urbana, Charlina Vitcheva, expresa al director general de Fondos Europeos del ministerio, José María Piñero, su preocupación ante la publicación de informaciones que podrían afectar al uso de fondos europeos en la Comunitat Valenciana.

"Estamos muy preocupados" por esas revelaciones, comienza la carta, donde la responsable comunitaria no asigna a ningún caso en concreto, aunque la fecha de registro de esa misiva en el ministerio (el 16 de febrero) se enmarca en el momento álgido de la ejecución de la operación Taula iniciada a raíz del caso.

"Dichos artículos se refieren al supuesto cobro de una comisión del 3% cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la Administración pública valenciana. Según estas informaciones, dichos casos están siendo investigados por las autoridades españolas", señala Vitcheva.

Reconoce que el "alcance del fraude" no está aún "suficientemente claro" debido a que las investigaciones están en curso, como tampoco lo está "en qué medida los fondos europeos se podrían ver afectados".

La misiva revela que la Comisión Europea teme que haya podido hacerse un uso fraudulento de recursos comunitarios, especialmente fondos Feder. La Diputación de Valencia, una de las instituciones investigadas, participa en proyectos cofinanciados con fondos europeos.

Pero la entidad que más ha recurrido al dinero continental, esta vez en forma de créditos, ha sido Ciegsa, la empresa encargada de construir colegios y que, según la investigación de la operación Taula, fue objetivo de mordidas a cambio de contratos públicos. La Generalitat suscribió acuerdos por 800 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones para acometer el plan Crea Escola, para construir más de 400 colegios.

El plan no llegó a completarse porque la Administración autonómica no puso toda su parte, y finalmente fue renegociado en 2015. Sin embargo, sí es cierto que muchos de los centros construidos y sus sobrecostes se han sufragado con dinero europeo. El que fue responsable de Ciegsa y hombre de confianza de Alfonso Rus, Máximo Caturla, es uno de los principales investigados de la operación Taula.

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