consecuencias para los populares

Los cuatro 'match ball' de Rita Barberá que pueden arruinar otra campaña de Rajoy

La decisión del presidente de permitir a la senadora que apure el aforamiento del Supremo puede hipotecar el mensaje del PP si Sánchez fracasa y hay nueva cita con las urnas
Foto: Barberá, Rajoy y Alberto Fabra, en la campaña de 2015. (Efe)
Barberá, Rajoy y Alberto Fabra, en la campaña de 2015. (Efe)

La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha debido desempolvar en un sentido figurado (o no) todos las escrituras de las hipotecas que su partido tiene con ella en sus cuatro décadas de militancia. Justamente este año se cumple el cuarenta aniversario de la fundación de Alianza Popular en Valencia, de la que ella fue copromotora en 1976. Las deudas de la formación de la gaviota con la actual senadora deben ser cuantiosa. De momento, su partido, y especialmente su líder el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le han permitido que mantenga el aforamiento como parlamentaria aún a sabiendas de que el juez de la Operación Taula remitirá en pocas semanas al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que pedirá que sea investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales y, posiblemente, por presunta complicidad en la financiación ilegal de su última campaña de las municipales.

La remisión de ese escrito, en el que aparecerán negro sobre blanco los indicios detectados contra la exalcaldesa en la Operación Taula, será su primer “match ball”, la primera bola de partido que tendrá que sortear desde el punto de vista político-mediático-judicial.

En la semanas siguientes llegarán otras tres bolas:

1) El informe previo de la Fiscalía del Supremo reclamando la imputación.

2) La aceptación o no de esta petición por parte de la Sala de lo Penal.

Y 3) La apertura definitiva de juicio.

Si esta hoja de ruta llega a producirse serán cuatro malos tragos que el Partido Popular y Mariano Rajoy tendrán que sortear y que puede cogerles en plena campaña y precampaña si, como parece, PSOE y Ciudadanos fracasan en su intento de recoger apoyos para una investidura en los próximos meses. Hay antecedentes sobre esta misma situación. Por ejemplo, los expresidentes andaluces del PSOE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, tiraron la toalla en la tercera bola de partido, cuando el Supremo declaró formalmente su imputación.

La rueda de prensa del jueves, en la que Barberá negó tener conocimiento de mordidas, cajas B o blanqueo de dinero, estaba pactada con la dirección nacional (que venía invitándola a que diese “explicaciones”) y con el propio Rajoy. En esa misma comparecencia Barberá mostró cuál va a ser su hoja de ruta: Mantener su acta de senadora aunque el Supremo decida investigarla y hacer valer los estatutos del partido, que sólo prevén la apertura de un expediente informativo en caso de imputación, como ayer recordó la veterana dirigente valenciana. 

La rueda de prensa y el enroque como senadora de Barberá están pactados con Génova

Pero la propia exposición razonada que enviará el juez ya será una primera bomba contra ese plan establecido porque de ella se derivarán indicios de delito. De la fase de instrucción han surgido testimonios de personas que señalan que Barberá estaba al tanto de la operación de blanqueo.La propia exconcejala María José Alcón ha admitido además en sede judicial las existencia de las donaciones ilegales, tal como confesó su marido y ex hombre fuerte de Barberá, Alfonso Grau, en declaraciones a El Confidencial. Hay además contrataciones del Ayuntamiento de Valencia bajo sospecha como las realizadas con Thematica Events y Liberty Iceberg, participadas por Marcos Benavent, y en las que aparecen vínculos con su sobrino Enrique Barberá, según ha publicado 'El Mundo'. Las grabaciones efectuadas por Benavent que están en el origen del caso recogen conversaciones en las que el yonki del dinero con la exconcejala María José Alcón en las que hablan de adjudicaciones al sobrino de Barberá porque lo ha dicho “la jefa”.

Barberá, en su comparecencia ante los medios ayer. (Efe)
Barberá, en su comparecencia ante los medios ayer. (Efe)

Sin embargo, desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se puso a investigar en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción el caso Imelsa han sido muchos los pinchazos telefónicos y las averiguaciones realizadas. En el PP valenciano lo saben y la dirección nacional también. Y el levantamiento del secreto de sumario y todas esas nuevas revelaciones podrían surgir en plena precampaña o campaña electoral en el caso de finamente Pedro Sánchez y Ciudadanos no obtengan votos suficientes para una investidura y tengan que repetirse las elecciones en junio. En ese caso, una Barberá enrocada en el Senado e imputada por el Supremo y una macrocausa de corrupción con presencia constante en los medios de comunicación, pueden minar y perturbar los mensajes electorales.

Las razones últimas de por qué Rajoy permite de momento a Barberá seguir aforada como senadora están en el secreto de sus conversaciones privadas. De cómo gestione el presidente del Gobierno en funciones el próximos vía crucis judicial de la que describió como “alcaldesa de España” dependerá en parte que una posible nueva campaña no acabe arruinada y Rajoy desahuciado.

Relación rota con Bonig

La negativa de Barberá a dar un paso atrás va a servir también a los concejales populares del grupo municipal de Valencia imputados (nueve de diez) para resistirse a entregar sus actas. El acuerdo con la presidenta regional interina Isabel Bonig, es mantener el cargo hasta que se levante el secreto de sumario y se conozca exactamente de qué se les acusa.

Lo que ayer quedó en evidencia es que el distanciamiento entre Barberá y Bonig, a la que la exalcaldesa de Valencia amadrinó para sustituir a Alberto Fabra de forma interina, es importante. Preguntada sobre los mensajes de sms que envió a Bonig y otros dirigentes de PPCV en los que advertía que tuvieran “cuidado” con lo que decían, Barberá señaló que envió estos mensajes “por dolor por deslealtad” y no como amenaza “para tirar de la manta”.

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