El Banco de España prepara la intervención de la SGR por si fracasa la venta de activos

El Banco de España ha mostrado su preocupación por la situación en la que se encuentra la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana. El supervisor está preparado para una posible intervención de esta entidad avalista si fracasa el plan de colocación de activos encargado a la consultora N+1 para tratar de sanear los balances, y la Generalitat no encuentra una salida a su delicada situación financiera. Fuentes solventes han señalado a El Confidencial que, esta misma semana, responsables del BdE se han interesado ante los gestores de la SGR por el procedimiento que hay en marcha para tratar de inyectar nuevos recursos y amortizar deuda. Del mismo modo, hay dudas entre los inspectores de que tanto Generalitat como las entidades financieras tengan capacidad para seguir sosteniendo económicamente la entidad si no sale adelante el denominado Proyecto Citrus para vender la cartera de adjudicados y oxigenar el pasivo.

Tal como publicó este periódico, la SGR acumula pagos pendientes con la Generalitat y las entidades financieras por importe de 400 millones de euros. Sin embargo, el riesgo derivado de su actividad es mucho mayor y supera los 800 millones de euros, lo que arroja una idea del impacto que tendría su hundimiento. De momento, la entidad es incapaz de devolver los créditos porque su actividad está muy mermada ante la falta de confianza de los bancos en su solvencia. Como aseguradora, la SGR tiene como misión reafianzar operaciones de pequeñas y medianas empresas que las entidades financieras no terminan de ver claras. El problema es que hay muchas incertidumbres sobre la capacidad de la sociedad de responder a los fallidos por la acumulación de impagados que ya arrastra.

El Instituto Valenciano de Finanzas, que respalda a su vez operaciones en última instancia, ya no puede asumir más riesgos. Ha tenido que afrontar hasta ahora más de 100 millones de euros como consecuencia de los aseguramientos que ha realizado. Tiene además otros 160 millones reafianzados que tendrá que empezar a liberar a partir del mes de agosto. La Intervención General de la Generalitat le ha advertido también de que puede incurrir en responsabilidad penal si afronta avales de operaciones que no estuvieron suficientemente acreditadas o que no tenían lógica económica.

El consejero de Hacienda y el director del IVF han convencido a Linde del impacto que situar a la SGR dentro del sector público tendría para la Generalitat

El Banco de España pretendía que toda la SGR entrase en la órbita de la contabilidad SEC como sector público, al computar como tal también el riesgo asumido por Bankia. Finalmente, el supervisor y la Generalitat, a través del IVF, han acordado reducir la participación pública para evitar que toda la deuda recaiga sobre la Administració autonómica. Aun así, el IVF tendrá que asumir los 200 millones de un aval suscrito en 2013 para salvar la entidad, lo que elevará dos décimas el déficit de 2015. La reducción de capital también implica la asunción de pérdidas para las arcas públicas. El 'conseller' de Hacienda, Vicent Soler, y el director del IVF, Manuel Illueca, han tenido que emplearse a fondo con los responsables del Banco de España para explicarles las consecuencias que una caída de la SGR podía tener sobre las cuentas autonómicas. El gobernador Luis María Linde conoce de primera mano la postura del Ejecutivo de Ximo Puig.

Está previsto que se produzcan algunos cambios en el consejo de administración. La Generalitat, en función de ese acuerdo, reducirá su presencia a un único consejero, aunque el director del IVF podría asumir la próxima semana la presidencia como gesto de compromiso con la sociedad. El consejero delegado es Santiago de Santos, que está tratando de transmitir tranquilidad a los bancos y también a las 8.000 empresas que son copartícipes del capital por la aportación que ha hecho al haber suscrito operaciones, una condición imprescindible para poder acceder a los avales.

El proceso de venta de activos para inyectar recursos es a día de hoy la única alternativa a una liquidación que el Banco de España considera casi inevitable. El Proyecto Citrus pretende ser la solución definitiva, aunque esto dependerá también de si la banca acepta seguir financiando operaciones con aval de la SGR una vez colocada la cartera de activos adjudicados. La SGR ha firmado la exclusiva con un fondo de inversión internacional especializado en bienes inmobiliarios. Se estima que el paquete de activos podría enajenarse por algo más de 100 millones de euros, aunque no todo se cobrará de inmediato y en efectivo. La fórmula que se baraja es traspasar los inmuebles y los créditos con garantía hipotecaria a una nueva sociedad (un banco malo, una Sareb valenciana) en la que entraría como accionista el fondo. "De momento todo está bien encaminado y reconducido para que el Proyecto Citrus salga adelante", explican fuentes solventes.

Una 'due diligence' en febrero

Los activos se reparten por toda la Comunidad Valenciana y también en Murcia y proceden de las acciones de recuperación que ha tenido que poner en marcha la Sociedad de Garantía después de que comenzasen a llegar en tromba las ejecuciones de avales con el pinchazo inmobiliario y la crisis económica que estalló en 2008. Para valorarlos, el último 'conseller' de Economía del Gobierno autonómico del PP, Máximo Buch, encargó a la empresa Avanza Urbana un trabajo de tasación. Por su parte, el despacho Broseta Abogados ha aportado las posibles soluciones jurídicas y financieras, mientras que N+1 ha elaborado el cuaderno de venta y se ha encargado de tramitar el proceso de colocación entre los fondos nacionales e internacionales. Durante este mes de febrero, debería completarse la 'due diligence' para cerrar el traspaso entre marzo y abril. De completarse la operación, se oxigenaría el pasivo, pero la viabilidad y continuidad real de la actividad dependerá entonces de que los bancos se comprometan con la sociedad. De no ser así, no se descarta una intervención del supervisor o una liquidación ordenada conforme vayan venciendo los avales concedidos.