Ribó se adelanta al PP de Valencia y despedirá a los asesores implicados

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha anunciado la destitución de su cargo a los asesores del Partido Popular implicados en la trama de donaciones irregulares. El primer edil, de Compromís, se adelantará así a la dirección nacional de la formación de la gaviota, que, pese a sus proclamas regeneradoras y su deseo de refundación, está a la espera de que el juez ratifique las imputaciones tras declarar los investigados para reclamar actas y renuncias, según han explicado.

Ribó tiene la potestad de designar y apartar a todos los asesores del Ayuntamiento de Valencia. Tradicionalmente, se produce un pacto previo entre los grupos para repartir los puestos en función de la representatividad obtenida en las urnas. Las distintas formaciones son las que proponen los nombres. De momento, ha desfilado ante el juez el polémico asesor Luis Salom, responsable de las redes sociales del Partido Popular en Valencia y conocido por sus enfrentamientos en la red con simpatizantes y cargos de otros partidos. Salom se mantiene como investigado, aunque fuentes del grupo sostienen que aún no ha recibido ninguna notificación oficial. En la misma situación pueden verse otros 19 asesores populares, a los que el instructor ha citado a declarar hasta el 18 de febrero. "Después de tener conocimiento de que un asesor del PP había pasado ante el juez y continuaba como imputado, me dirigí a la portavoz adjunta del PP, Mª Àngels Ramón-Llin, para saber si me iba a pedir su suspensión como asesor. Si no, nos veríamos obligados mañana, en la junta de gobierno, a suspenderlo", ha planteado.

“Va de justiciero. Lo peor es que perdemos el trabajo y no hemos hecho nada”, asegura a El Confidencial uno de los asesores del PP, que aún no ha declarado y niega haber recibido dinero en negro a cambio de donar 1.000 euros al partido para la campaña de las municipales, como investiga el juez. Ribó busca adelantarse a la dirección de los populares valencianos y dejarla en evidencia. Pese sus proclamas regeneradoras y el deseo de acometer un congreso extraordinario para tratar de dar una nueva imagen, la cúpula regional solo ha suspendido de militancia de momento a Alfonso Novo. Ha anunciado que esperará a que el juez ratifique las imputaciones para reclamar el acta a los concejales implicados, todos de Valencia menos Eusebio Monzó. Ribó quiere actuar antes y suspender los nombramientos de los asesores si cuando salgan del juzgado mantienen la condición de investigados.

Asesores en la corporación provincial

El movimiento de Ribó es similar al del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, que prevé destituir del cargo de asesor al popular Francisco Lledó, exconcejal que iba en la lista de Valencia pero no obtuvo el acta de edil, y a su compañera Beatriz Simón, ambos citados a declarar. Rodríguez conoce bien la trama destapada por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porque tiene su origen en la empresa pública Imelsa, que depende de la corporación. El escándalo de las donaciones de Valencia es una derivada de la investigación que podría acabar en una pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, puesto que hay sospechas también sobre Miguel Domínguez, diputado autonómico.

Tras aceder a la Diputación, Jorge Rodríguez puso a disposición de la Fiscalía y la Agencia Tributaria contratos y documentos, y encargó una auditoría forense a la consultora Grant Thornton. De las pesquisas han surgido irregularidades y posibles amaños en contratos por valor de 100 millones de euros. La UCO investiga si la trama encabezada por el expresidente de la institución Alfonso Rus cobraba mordidas del 3% del importe de las obras y si las comisiones se extendieron también a Ciegsa, la empresa autonómica que construía colegios, y otros departamentos de la Generalitat.

Para evitar nuevos casos, la Diputación de Valencia ha puesto en marcha un sistema de protección para denunciantes anónimos (Corporate Complice), dirigido a evitar que el miedo a las represalias impida la colaboración de empleados en la lucha contra la corrupción.

Compromís ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que declare al PP "organización ilícita"

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Dolors Pérez, han solicitado este jueves a la Fiscalía Anticorrupción contra la Criminalidad Organizada y al Senado que actúen contra el PP, después de los "constantes y reiterados casos de corrupción que lo situarían como organización ilícita".

Ambos senadores han puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos por los que solicitan que se inicien los trámites para promover la declaración de ilegalidad del PP y su consiguiente disolución, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley de Partidos Políticos.

"Gürtel, Brugal, caso Taula, Ritaleaks, la financiación del PP, los discos duros y contabilidades en B, el inaudito caso de su imputación como formación política y tantos otros que aparecen a diario justifican la actuación de la Fiscalía", ha señalado Compromís en un comunicado.