El juez libera a Rus y su círculo pese a la petición de cárcel de Anticorrupción

Conforme pasan los días y las horas crece la sensación de que a los populares les va a costar sacar la cabeza con la trama de corrupción ligada a la figura de Alfonso Rus y al entorno de Rita Barberá. Y ello pese a que anoche el juez que instruye la causa decidió no enviar a la cárcel de forma cautelar al cabecilla de la supuesta trama en contra de la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado al juez que ha lanzado la Operación Taula que dictase prisión provisional para el que fue hombre fuerte de la formación de la gaviota en la provincia y presidente de la Diputación de Valencia, después de que éste prestase declaración en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Rus pasó a disposición judicial este jueves por la mañana. Sobre las 14 horas una caravana de ocho coches, uno de ellos con los distintivos de la Guardia Civil, trasladó a los arrestados que no prestaron declaración el miércoles, principalmente las personas de mayor confianza de Alfonso Rus: Máximo Caturla, Emilio Llopis, Juan José Medina, Emilio Llopis. Sobre las tres de la tarde han comenzado las declaraciones, que se ha prolongado hasta las diez de la noche. A media noche se han concido los autos. El Fiscal Anticorrupción había reclamado también prisión para Llopis, Caturla y Medina. Todos quedaron en libertad provisional, aunque con la obligación de comparecer cada quince dias en el juzgado y con fuertes fianzas civiles. Rus y Caturla deberán depositar dos millones de euros cada uno, mientras que Llopis y Medina, un millón respectivamente. Son fianzas que garantizan responsabilidad civil en caso de condena, no para eludir la cárcel.

El juez ha considerado que no existe riesgo de fuga en los cuatro ni tampoco de destrucción de documentos tras los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Es la segunda vez que juez y fiscal discrepan en esta causa. También en el caso de Carmen García Fuster, Anticorrupción reclamaba prisión provisional. Rus se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que otros 21 de los arrestados.

De los veinticuatro detenidos en el marco de esta operación anticorrupción por el supuesto amaño de contratos en la Comunitat Valenciana, catorce ya prestaron declaración, entre el miércoles y la noche del martes, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que los puso en libertad con cargos, aunque cinco de ellos con fianzas de entre los 15.000 y 500.000 euros. Si no la abonan se les embargarán los bienes.

En venganza por un divorcio

El juez ha impuesto la mayor fianza (500.000 euros) a Mariano López, exsuegro de Marcos Benavent. A López se le atribuye el papel de haber difundido, en venganza por haberse separado de su hija, las cintas grabadas por su yerno durante años en las que se escucha a Alfonso Rus y sus hombres de confianza hablar de mordidas o contar billetes procedentes de comisiones.

También en ellas se implica a la exconcejal popular María José Alcón, esposa del exvicealcalde valenciano, Alfonso Grau, y persona de confianza de Rita Barberá, un intento de amañar concurso relacionados con la Mostra de Valencia. Aunque Rus y el resto de personas de su confianza habían sido apartados de de la primera línea política (Emilio Llopis y Juan Medina permanecían como asesores en la diputación), Mariano López seguía vinculado a la cúpula provincial del PP que preside Vicente Betoret. El exsuegro de Benavent incluso ha participado en negociaciones con los socialistas para intentar aumentar las dotaciones económicas de los grupos en las corporaciones provinciales.

El hijo de López tenía además intereses en la empresa adjudicataria del Call Center tributario de la Diputación de Valencia. Por esta contratación, entre otras, ha sido citado a declarar como investigado (imputado) el jefe de gestión tributaria de la corporación, Ricardo de Ángel. Salvador Deusa, amigo personal de Rus, ha sido interrogado, entre otras cosas, por los contratos de servicios informáticos de la corporacion provincial con la sociedad T-Systems. Los empresarios Francisco Javier Luján (Construcciones Luján) y José Adolfo Vedri (Engloba) salieron del juzgado al final de la tarde junto a otros investigados. El juez ha fijado fianzas de entre 200.000 euros y un millón para cuatro empresarios y Salvador Deusa, exjefe de Planificación y Evaluación de la Corporación Provincial, según informaron fuentes del TSJ valenciano, que no especificaron el reparto. Fuentes judiciales matizaron que las fianzas no son para eludir la prisión, sino para garantizar pago de responsabilidad civil en caso de condenas.

Los topos del fiscal en el ayuntamiento

La ya destituida secretaria del grupo municipal Carmen García Fuster, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclamaba prisión, ha sido liberada con cargos pero tendrá que pagar una fianza pecuniaria de 150.000 euros. Sobre ella gira una de las ramificaciones de la investigación que apunta a la posible existencia de financiación ilegal de la campaña a través de donaciones de los concejales y asesores a los que después se devolvía el dinero con fondos en negro procedentes de las mordidas. La ahora portavoz municipal en sustitución de Alfonso Novo, María Ángeles Ramón-Llin, admitió este jueves la existencia de esas donaciones de 60 euros mensuales y 1.000 euros como aportación poco antes de la campaña de las locales de mayo del año pasado, aunque negó que se devolvieran posteriormente. Por esta ramificación de la causa han sido citados como investigados (imputados) todos los concejales y asesores del PP de la actual y la pasada legislatura. Asesores resentidos tras haber quedado fuera del reparto de cargos tras la pérdida de poder o que se negaron a participar en las donaciones han puesto a los investigadores en la pista de esta presunta financiación irregular, que alcanzó los 50.000 euros más o menos.

Anticorrupción ha confirmado que investiga la financiación irregular del Partido Popular valenciano, además del enriquecimiento de sus dirigentes

En cualquier caso, la Fiscalía Anticorrupción ya confirma la existencia de una investigación abierta sobre la financiación irregular del partido en la Comunidad Valenciana, tal como ha relatado El Confidencial desde el momento en que se puso en marcha la Operación Taula. La trama de Rus aprovechaba sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones (normalmente del 3 % de las obras) a cambio de contratos fraudulentos. Además de la Diputación de Valencia, están implicadas otras administraciones públicas como el Ayuntamiento de Valencia y la empresa pública de la Generalitat encargada de construir colegios e institutos, Ciegsa. Parte del dinero se blanqueaba con contratos de publicidad con facturaciones falsas a través Olímpic de Xàtiva, el club de fútbol que presidía Alfonso Rus, según fuentes de la investigación citadas por El Confidencial. Del mismo modo Anticorrupción ha investigado el desvío de fondos al extranjero, principalmente a Brasil.

Una gestora para el PP de Valencia

Las graves imputaciones y revelaciones han obligado a la presidenta regional interina, Isabel Bonig, a tener que dar la cara casi dos días después de iniciar la Operación Taula. Bonig ha tratado de lanzar una paquete de iniciativas regeneradoras y ha señalado que no descarta la puesta en marcha de una gestora en Valencia si se mantiene la imputación de Alfonso Novo. La lideresa popular también anunció que el partido demandará por la vía civil a todos los implicados en casos de corrupción por daños y perjuicios contra las siglas de la formación de la gaviota. Sin embargo, Bonig no termina de desmarcarse de Rita Barberá. Anoche, en una entrevista en la Cadena Ser, señaló: "Creo en su inocencia".

Juan José Cardona, ex alcalde de Las Palmas (PP): Génova "está tardando" en pedir la dimisión de Barberá como senadora

Barberá sigue cercada por las sospechas. Gran parte de su antiguo equipo ha saltado por los aires con la Operación Taula. Ni la Fiscalía ni la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil pueden investigarla si antes no de produce una petición específica al Tribunal Supremo, de la que es aforada, al igual que Gerardo Camps. Sin embargo no todos en el PP creen que se debe esperar a esa circunstancia. El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona ha dicho esta mañana que Génova “está tardando” en pedirle a Barberá su dimisión como senadora, según recoge Efe.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta por Esquerra Unida ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent. El autodenominado “yonki del dinero”, ha estado colaborando con la Fiscalía y está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados.

Varios meses de investigación de la UCO

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO durante varios meses bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 de Paterna el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.