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El caso Rus destapa una trama generalizada de corrupción en el PP de Valencia
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detenido el expresidente de la diputación

El caso Rus destapa una trama generalizada de corrupción en el PP de Valencia

Los agentes registran domicilios, empresas y el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Sospechas sobre Barberá y Gerardo Camps, que no pueden ser investigados por ser aforados

Foto: El expresidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Alfonso Rus (Efe)
El expresidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Alfonso Rus (Efe)

“Mil, dos mil, tres mil…”. Las cintas de audio que dieron origen a la investigación de una trama de mordidas y comisiones en la Diputación de Valencia se han sustanciado esta mañana en una macrooperación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil contra destacados dirigentes del Partido Popular que se ha saldado ya con la detención de 24 personas, entre ellos el expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus, y registros en domicilios y empresas. [Lea aquí el perfil del que fuera alcalde de Játiva]. La investigación apunta a una trama de corrupció generalizada en corazón del PP de la provincia de Valencia, con la presunción de una red de cobro de comsiones a cambio de contratos públicos con derivaciones en la financiación irregular del partido. "Se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas", señalan fuentes de la instrucción en manos de un juzgado de Paterna.

Entre los investigados están el exdiputado popular David Serra, el vicealcalde de Valencia, Alfons Grau, y según algunas fuentes las sospechas alcanzan a la exalcaldesa Rita Barberá, que no puede ser investigada porque es aforada. Lo mismo ocurre con Gerardo Camps, diputado por Alicante y aforado. Anticorrupción los ha dejado de momento fuera de la operación para no tener que llevar la causa al Supremo. Camps ha tratado de desvincularse de la operación al señalar que "ni hasta ahora, ni hoy" se le ha comunicado nada por parte de la Guardia Civil. Es más, ha criticado a los arrestados: "Los compañeros del PP que son corruptos no son compañeros".

Todos los detenidos, menos María José Alcón, liberada con cargos, pasan la noche en el calabozo

Sí ha sido detenida María José Alcón, ex concejal de Cultura, por los contratos de la Mostra de Valencia. También han sido arrestados el que fue mano derecha de Rus, Emilio Llopis, el exvicepresidente de la corporación, Juan José Medina, y la secretaria del grupo del PP de Valencia, María del Carmen García Fuster. También Serra ha sido detenido. Todos ellos han sido suspendidos de miltancia por el Partido Popular, según comunicó la formación que en Valencia lidera Isabel Bonig. En total son 24 los detenidos, incluídos pequeños empresarios implicados en la trama, y cinco investigados (imputados) que no han sido arrestados. El exdirector de la Fundación Jaime II, Vicente Burgos, también ha sido detenido. Todo pasarán la noche en el calabozo y prestarán declaración este miércoles ante el juez, menos Alcón, que fue puesta libertad a medianoche tras pasar a disposición judicial. Ha quedado imputada por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. También fueron arrestados 12 empresarios, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia que era personal de confianza del PP.

Detienen a Alfonso Rus

Los agentes de la UCO, en el marco de una acción que han denominado Operación Taula (en alusión a la Taula de Canvis, la banca pública valenciana del siglo XVI) han registrado también las dependencias del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia. Han obligado al personal a abandonarlo y han procedido a incautarse de documentación. También hay agentes en empresas privadas, la mayor parte relacionadas con la ejecución de obras públicas durante el mandato de Rus en la diputación. Del mismo modo se han registrado las empresas del propio expresidente de la corporación provincial y las dependencia del club de fútbol Olímpic de Xàtiva. Pasadas las tres de la tarde, Rus abandonaba su domicilio escoltado por agentes de la Guardia Civil.

La trama conlleva presuntos delitos de blanqueo, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales. Las autoridades investigan el desvío de fondos también a sociedades en el extranjero. Entre los paises en los que se sigue la pista del dinero está Brasil. Pero Marcos Benavent, que grabó las conversaciones que estuvieron en el origen de la investigación, también pasó temporadas en Panamá cuando abandonó su cargo de director de la empresa pública Imelsa.

Empresas públicas como Ciegsa han sido registradas y también domicilios de los arrestados. La investigación revela una red generalizada de corrupción

El caso se inició en 2014 a raíz de una denuncia de Esquerra Unida, que aportó grabaciones realizadas por el entonces director de Imelsa, Marcos Benavent. En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste "había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas" del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus. A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: "Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas".

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la contratas o eventos como la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón, esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos. Estas grabaciones provocaron que el PP suspendiera de militancia a Alcón.

También las grabaciones le costaron a Rus su puesto tanto en la Diputación como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia. Fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta. La UCO ha identificado 150 vehículos y se han bloqueado más de 250 cuentas bancarias por orden judicial.

Artinvest, firma de Rus para desviar fondos

Alfonso Rus montó una sociedad limitada patrimonial al mismo tiempo que accedió al poder de la institución provincial. En julio de 2007 comenzó a funcionar la mercantil Artinvest 2007, domiciliada en su localidad natal de Xàtiva con la compra suscripción, permuta y venta de valores mobiliarios, participaciones sociales y otras participaciones, bien nacionales o extranjeras. Artinvest no ha presentado nunca cuentas en el registro y es una de las sociedades que investigan la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Rus siempre se vanaglorió de ser capaz de compaginar su actividad política con la empresarial. Regentaba una tienda de ropa y otra de electrodomésticos y presidía el club de fútbol de su ciudad, el Olímpic.

Rus figura en una nutrido número de sociedades que están siendo investigadas por Anticorrupción. Aparece como administrador solidario incluso en mercantiles del sector inmobiliario como Promociones MR o Arquivent M, junto con su socio Javier Molla Jorques.

Anticorrupcion investiga mordidas en contratos de carreteras, depuradoras y luminarias en ayuntamientos financiadas por la Diputación

En 2014 Esquerra Unida entregó en el juzgado una demanda con grabaciones y datos relativos a una presunta trama generalizada de corrupción previa al acceso de Rus y su equipo. Desde entonces los agentes judiciales han realizado diversos visitas a la corporación. La investigación ha destapado presuntas irregularidades en los contratos de carreteras, mantenimiento de depurados, camps de césped artificial en ayuntamientos o renovación de luminarias (leds). Del mismo modo están bajo sospecha contratos de la telesistencia para mayores.

En la supuesta trama se crearon empresas o se emplearon sociedades de personas de confianza para simular facturaciones. Están bajo sospecha firmas como Berceo Mantenimientos (creada por el propio Marcos Benavent), Mmoe o Excavaciones y Movimientos Jemar.

En Imelsa se investigan también los contratos informáticos y de gestión interna de Imelsa, la empresa pública que dirigía Marcos Benavent y que está en el ojo del huracán.

“Mil, dos mil, tres mil…”. Las cintas de audio que dieron origen a la investigación de una trama de mordidas y comisiones en la Diputación de Valencia se han sustanciado esta mañana en una macrooperación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil contra destacados dirigentes del Partido Popular que se ha saldado ya con la detención de 24 personas, entre ellos el expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus, y registros en domicilios y empresas. [Lea aquí el perfil del que fuera alcalde de Játiva]. La investigación apunta a una trama de corrupció generalizada en corazón del PP de la provincia de Valencia, con la presunción de una red de cobro de comsiones a cambio de contratos públicos con derivaciones en la financiación irregular del partido. "Se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas", señalan fuentes de la instrucción en manos de un juzgado de Paterna.

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