Cerco al gran seductor: el primer juicio con cárcel a Enrique Ortiz, aplazado a julio

El juicio a Enrique Ortiz y a otros cuatro empresarios que se iba a celebrar hoy en el Juzgado de lo Penal 1 de Alicante por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsificación en documento mercantil se ha suspendido y pospuesto para el mes de junio. El motivo de la suspensión ha sido la imposibilidad de comparecer uno de los peritos, un inspector de la Agencia Tributaria, cuya declaración estaba prevista para mañana y ha alegado razones de salud.

El juicio, en el que el fiscal pide 4 años y medio de cárcel para cada uno de los acusados a quienes reclama, además, una indemnización de más de seis millones de euros para Hacienda, comenzará el 21 de junio (sesión reservada para cuestiones previas). Proseguirá los días 4, 5, 6, 7 y 8 de julio.

Juicio con petición de cárcel

“Si tú y yo acabamos en algún sitio, será en el hospital o en la cárcel”, le dijo el empresario Juan Ferri a Enrique Ortiz en una conversación telefónica interceptada por la policía en el marco de las investigaciones del conocido como caso Brugal. La frase, pronunciada en tono jocoso, resultó premonitoria para el primero y puede que termine siéndolo también para el segundo. Tras casi cuatro meses a la sombra, Ferri abandonó Soto del Real el pasado 30 de octubre junto a su socio José Baldó tras desembolsar cada uno los seis millones de euros en concepto de fianza que impuso el juez de la Audiencia Nacional Pablo González, en el caso que instruye por presunto desvío de fondos de Bancaja y Banco de Valencia para operaciones en el Caribe. Por su parte, al margen de una corta detención policial en el año 2010, Ortiz ha logrado hasta ahora sortear la estancia en prisión, pese a que el nombre del promotor aparece de una manera u otra en casi todos los grandes casos de corrupción que han asolado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana.

Pero esto podría cambiar si prospera la petición del fiscal de cuatro años y medio de cárcel contra Ortiz por presuntos delitos fiscal y de falsificación de documento mercantil en un caso aparentemente menor que comienza a juzgarse este martes en la Audiencia Provincial de Alicante, y que salpica también a su cuñado y apoderado de algunas de sus empresas, Miguel Carratalá, al presidente de la promotora Hansa Urbana, Rafael Galea, y a los empresarios Miguel Ballester, Aurelio González Villarejo y Vicente Pérez Cañas. Todos ellos fueron denunciados en 2005 por la Agencia Tributaria por simular operaciones contables con varias fincas destinadas a “obtener un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública”. El ministerio público reclama a Ortiz tres años por delito fiscal y uno y medio por falsificación.

Ortiz y otros cuatro empresarios fueron denunciados por “obtener un beneficio económico derivado de causar un perjuicio a la Hacienda Pública”

Será la primera vez que Ortiz se siente en un banquillo. Pero no la última. Este empresario, nacido por casualidad el 12 de enero de 1960 en un pueblecito de Huesca (su madre no tuvo tiempo de dar a luz en Alicante), está imputado en procedimientos ligados al caso Gürtel y en tres piezas del conocido como caso Brugal. En el primero, ha sido investigado en la pieza que hace referencia a la presunta financiación ilegal del Partido Popular valenciano por entregar 300.000 euros a Orange Market (la franquicia valenciana de Gürtel que dirigía Álvaro Pérez). En Brugal, sus abogados tienen todavía más faena. Está implicado en tres piezas. La primera hace referencia a las irregularidades detectadas en los contratos de recogida y tratamiento de basuras en comarcas alicantinas, la segunda y tercera tienen que ver con operaciones urbanísticas como el Plan Rabassa y la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ciudad. Las investigaciones policiales revelaron los estrechos vínculos que Ortiz mantenía con la exalcaldesa Sonia Castedo, quien, pese resistirse como gato panza arriba frente a las presiones de su propio partido, se vio forzada finalmente a dimitir del cargo.

Lo cierto es que las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía no dejan lugar a dudas del compadreo entre la dirigente política y el empresario. Viajes, regalos, compadreo a la hora de contratar personas en distintas instituciones, intercambio de información privilegiada, las cintas de Brugal revelan el 'modus operandi' de un personaje que al calor de la burbuja inmobiliaria convirtió la empresa constructora heredada de su padre (Enrique Ortiz e Hijos) en un poder fáctico en Alicante y en la Comunidad Valenciana.

Los tentáculos del promotor parecían llegar a todas partes en los años de vino y rosas del ladrillo

Los tentáculos de Enrique Ortiz parecían llegar a todas partes en los años de vino y rosas del ladrillo. Hizo negocios con la familia Cotino en el sector de las residencias para mayores cofinanciadas por la Generalitat valenciana. Pagaba viajes a políticos en el 'jet' privado de Vicente Cotino (uno de ellos a Creta, al exalcalde alicantino Luis Díaz Alperi, según la Policía) o regalaba coches (como el Mini de Castedo). Ortiz convirtió lo que para muchos investigadores es la compra de voluntades políticas en una forma habitual de hacer negocios.

Se busca salida a la quiebra del Hércules

Algunas de sus aventuras han provocado importantes quebrantos a la Administración Pública. El Consell de Ximo Puig está buscando inversor que asuma el control del Hércules CF. Bajo la gestión de Ortiz como máximo accionista del club alicantino, el Instituto Valenciano de Finanzas se vio afectado por la ejecución de un aval de 18 millones de euros de un préstamo concedido por la antigua Caja Mediterránea (CAM). Son avales de los que también se beneficiaron el Valencia CF y el Elche, que ahora está investigando la Comisión Europea por si pudieran haber vulnerado las normas de la competencia.

Pese los muchos casos judiciales en los que está inmerso y los contratos que ha perdido, el imperio de Ortiz no se ha desmoronado del todo, como sí ha pasado con otros de sus colegas en el sector inmobiliario. Tras el estallido de los escándalos, rebautizó su conglomerado empresarial como Grupo Cívica y ha seguido haciendo negocios. Mientras otros señores del ladrillo en la Comunidad Valenciana se agarraban a la Ley Concursal para salvar los muebles, Ortiz seguía ganando dinero. Su filial constructora, Cívica Construcciones y Contratas, ganó 23 millones de euros en 2013 y casi un millón de euros en 2014, ejercicio en el que aún contabilizó como reservas 26 millones y facturó 11,3 millones.