Valmor, Gürtel, Nóos: los fantasmas del PPCV lastran su oposición a Ximo Puig y Oltra

Una veintena de personas fueron detenidas ayer por orden judicial en la Comunidad Valenciana y otras cinco autonomías en el marco de la investigación que afecta a la empresa Avialsa por supuestos amaños en las contratas de extinción de incendios. El caso del conocido como "cártel del fuego" implica de lleno al 'exconseller' popular de Gobernación Serafín Castellano, que ya tuvo que pasar por depenencias policiales hace varios meses, y que adjudicó contratos millonarios a la compañía. Entre los detenidos en la operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF, está el exdirector general de Interior Pedro Hidalgo y un alto cargo del Govern catalán ligado al departamento de Bomberos.

La intervención policial, que incluyó además registros en empresas proveedoras de la Generalitat valenciana, como Inaer, alimenta otro escándalo ligado a la gestión del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que esta semana ha visto cómo se le aparecían una vez más todos sus fantasmas de los casos de corrupción en forma de juicios orales, autos de procesamiento, operaciones policiales y testificales en los tribunales. Esa mochila sigue lastrando la capacidad de los populares de consolidar una oposición eficaz al bipartito de Ximo Puig y Mónica Oltra que Podemos respalda desde las Cortes valencianas. Socialistas y Compromís no dudan además en poner de relieve los escándalos con declaraciones y comunicados de sus portavoces parlamentarios, mientras que la presidenta regional del PP valenciano, Isabel Bonig, guarda silencio confiando en que la tormenta escampe.

También hace tres días, el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, decidió entregar en la Fiscalía de Valencia un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que se cuestiona la legalidad en la concesión de préstamos participativos a proyectos emergentes dentro del programa de aceleración conocido como Valencia Global. Según los letrados de la Administración autonómica, el anterior 'conseller' de Economía, Máximo Buch, liberó 4,5 millones de euros en créditos de los que se han beneficiado dos empresas, una de ellas ligada a un gurú de la innovación relacionado con el MIT, Keneth Morse, sin que mediase concurso público ni concurrencia, señala el informe al que ha tenido acceso El Confidencial. De momento, ya hay un agujero en fallidos de más de 170.000 euros que tendrá que soportar la Generalitat.

La posible malversación de créditos públicos en beneficio de una empresa del gurú del MIT, Keneth Morse, es el último caso que investiga la Fiscalía

La Justicia todavía no ha resuelto muchos de los casos que llevaron a los ciudadanos a desalojar a los populares del poder autonómico y municipal en la Comunidad Valenciana. El lunes, la Audiencia Nacional confirmaba la apertura de juicio oral a casi 30 personas, entre ellas tres 'exconsellers' de Camps, por las adjudicaciones irregulares de contratos a Orange Market, la franquicia de la Gürtel en Valencia que encabezaba Álvaro Perez, también procesado junto a sus compinches Francisco Correa y Pablo Crespo.

Del mismo modo, el expresidente de Bancaja José Luis Olivas y el empresario azulejero y presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, acaban de inaugurar el paseíllo de testigos del caso Valmor, la causa que investiga la decisión del Consell de Alberto Fabra de comprar la empresa organizadora del gran premio de Fórmula 1 en Valencia cuando el acuerdo con el patrón de la prueba, Bernie Eccleston, ya estaba roto. En este procedimiento están imputados el expresidente Francisco Camps y la entonces responsable de Deportes, Lola Johnson. La Generalitat decidió comprar por un euro una empresa que solo le aportó más de 30 millones en cargas financieras que se sumaron a otros 14 millones que adeudaba al Circuito del Motor, otra firma de capital público, que fueron condonados. En su comparecencia, Roig ha admitido que el Consell sabía que estaba comprando una empresa endeudada. Igualmente, Olivas reconoció que fue Camps en el que le embaucó para implicar a Bancaja en el evento con un 33% de participación en Valmor Sports, el mismo porcentaje que tenían Roig (hermano del dueño de Mercadona, Juan Roig) y Jorge Martínez Aspar, también imputado como director de la sociedad.

Los tribunales vuelven a estar en las portadas con escándalos ligados al PP valenciano mientras su lideresa regional guarda silencio

En las próximas semanas van a sucederse las comparencias de testigos, y el propio Camps debe acudir al juzgado para prestar declaración tras imputarle el juez los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Pese a sus múltiples intentos y piruetas jurídicas (el expresidente se defiende a sí mismo) por escapar de la causa, volverá a acudir a un juzgado tras la causa de los trajes de Gürtel, de la que fue absuelto y que le obligó a dimitir del cargo en 2011.

Gürtel y Valmor no son los dos únicos procedimientos judiciales que estas semanas van a refrescar en el cerebro de los ciudadanos la memoria de los años de la era popular. El juicio contra Iñaki Urdangarin, su socio Diego Torres y la infanta Cristina por el caso Nóos que se celebra en Palma de Mallorca también tiene como protagonistas a Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, y exdirectivos de la Ciudad de las Ciencias. Todos están procesados por los convenios firmados con la fundación del cuñado de Felipe VI para la celebración de los foros Valencia Summit de 2004, 2005 y 2006. Urdangarin y su socio se embolsaron más de 3,5 millones de euros de las administraciones públicas valencianas durante esos años.

Pese a su pasado como consellera de Camps, Bonig ha logrado evitar una desbandada: “La gente estaba muy hundida“, dice un cargo popular

En ámbitos del PP se afirma que el hecho de que Bonig haya formado parte de los gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra dificulta que la formación de la gaviota pueda dar carpetazo definitivo a su pasado e iniciar una nueva etapa. No obstante, Bonig cuenta por ahora con el respaldo de los tres presidentes provinciales, Vicente Betoret (Valencia), José Císcar (Alicante) y Javier Moliner (Castellón). Los resultados del PP en la Comunidad Valenciana, algo por encima del 30%, fueron muy discretos y estuvieron más de 20 puntos por debajo de los de 2011, pero han permitido a Bonig reivindicarse internamente al mejorar los de las autonómicas de mayo del año pasado y superar a la media popular en España (28%). “Lo importante es que hemos cerrado filas y hemos evitado la desbandada, la gente estaba muy hundida”, señala un importante cargo regional del partido a El Confidencial.

El perfil conservador y batallador de Bonig permite cerrar filas entre cuadros y militancia en un partido que no termina de asimilar su condición de oposición tras 20 años instalado en el poder. No obstante, habrá que esperar a que se despeje el panorama nacional para conocer si Bonig se consolidará como aspirante a derribar a Puig y Oltra. Un cambio en el liderazgo del partido o la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa podrían derivar en un relevo también en Valencia. No será hasta que se resuelva el nuevo Gobierno o se produzca una nueva cita electoral cuando se dé el pistoletazo de salida a la cascada de congresos en la formación de la gaviota.