Puerto Mediterráneo, el proyecto de 860 millones que Compromís no puede parar

Minigolf nocturno, pista de esquí con nieve artificial, piscina de olas en verano, cines, restaurantes, y todas la marcas de moda al alcance de la mano. Es lo que se conoce como “Shopping Resorts”, el sueño consumista y de ocio que el gigante británico de centros comerciales Intu quiere desarrollar en Valencia de la mano del fondo de inversión Eurofund, con quien ha suscrito un acuerdo de colaboración para poner varios proyectos en marcha en España. Operan conjuntamente ya Puerto Venecia, en Zaragoza, el complejo de estas características más grande del país, y contemplan poner en marcha grandes superficies similares en Vigo (Porto Cabral), Málaga o Mallorca.

En el caso de Valencia, todas las cifras de la iniciativa, en la que llevan trabajando más de cinco años, son estratosféricas. Implica la urbanización de pastillas de suelo que se extienden sobre 1,4 millones de metros cuadrados de terrenos ahora sin uso, de los que 500.000 se destinarían a actividades terciarias. La inversión conjunta alcanzaría los 863 millones de euros, de los que 611 corresponden a inyección directa de Intu-Eurofund, 106 a los operadores que alquilen los espacios comerciales y otros 146 a iniciativas desarrolladas por otros propietarios en parcelas anexas. La creación de puestos de trabajo prevista es de 5.900 empleos directos en fase de explotación y de hasta 4.500 más durante el proceso de construcción, según un plan de negocio elaborado por la consultora BDO.

Puerto Mediterráneo seguía su curso administrativo hasta que el 24 de mayo se produjo el cambio de Gobierno autonómico y el PSPV-PSOE y Compromís accedieron al poder. La formación que lidera Mònica Oltra ha intentado frenar el proyecto con el argumento de que puede significar la puntilla a los pequeños comerciantes del término municipal en el que se ubica (en Paterna, junto a la entrada de Valencia), además de afectar a los del resto del área metropolitana y de la propia ciudad de Valencia. “Es una barbaridad, insostenible e inviable”, ha llegado a manifestar públicamente la vicepresidenta del Gobierno valenciano.

Desde su acceso a los despachos de la Generalitat, Compromís ha tratado de dar un giro a la política más liberalizadora desplegada por el Partido Popular. La Conselleria de Economía, de la que depende la Dirección General de Comercio, está en manos de la formación nacionalista y ha mantenido enfrentamientos y discrepancias, especialmente en materia de horarios, con la patronal de grandes superficies Anged (en la que están representados El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, entre otros).

Puerto Mediterráneo cuenta con todos los parabienes burocráticos: la Abogacía del Estado, la Confederación Hidrográfica del Júcar, Aena...

“Confiamos en que después de las elecciones se resuelva esto. Tenemos 44 informes favorables y hemos mirado todas las afecciones. El proyecto ha estado en exposición pública y no hemos tenido alegaciones en contra. Los propietarios de suelo se han adherido en un 74%, cuando lo que nos recomendaron fue tener al menos el 50%”, señala a El Confidencial el consejero de Eurofund, Salvador Arenere.

Ciertamente, Puerto Mediterráneo cuenta con todos los parabienes burocráticos: (Abogacía del Estado, Confederación Hidrográfica del Júcar, Aena, etc). El proyecto se ha tramitado a través de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), un itinerario administrativo diseñado en la anterior legislatura que permite agilizar burocracia si se entiende que las iniciativas son generadoras de empleo y riqueza.

El “shopping resort” ha superado todos los escollos pero le falta el último, el de la memoria ambiental que debe elaborar una comisión de evaluación compuesta por altos cargos de los departamentos de Vivienda e Infraestructuras y Medio Ambiente. Esta comisión todavía no se ha constituido (está pendiente desde el cambio de gobierno) y por sus manos deben pasar los expedientes de las ATEs y otras iniciativas estratégicas con afecciones medioambientales. La previsión es constituir el órgano evaluador antes de final de año, pero esto no desatacará automáticamente el complejo de Intu-Eurofund. “El de Puerto Mediterráneo no va a ser el primer expediente. Tendrá que ponerse a la cola”, sostienen desde la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente.

“No es el modelo comercial que nos gusta. Puerto Mediterráneo no tiene nuestra colaboración”, explica a este periódico Natxo Costa, director general de Comercio y una de las bestias negras de las grandes superficies. Para Compromís, iniciativas como la de Intu-Eurofund tienen como efecto secundario el vaciamiento comercial de los núcleos urbanos, la precarización laboral y la pérdida de tejido empresarial local. Esta percepción es mayor en el ala más nacionalista que representa el Bloc dentro de Compromís y a la que pertenecen tanto Costa como el conseller de Economía, Rafael Climent.

Pero la comisión de evaluación ambiental no emite opiniones políticas, sino que su memoria debe basarse en los argumentos de los informes que recibe. Y esto juega a favor de los promotores de Puerto Mediterráneo: no hay ningún informe en contra. Dirigentes de Compromís ya han manifestado que, aunque no les gusta, la Generalitat va a tener que “cumplir la ley”, por lo que se da por descontado que tarde o temprano saldrá adelante. Ya sólo queda saber cuándo.

Los inversores han buscado respaldo en las organizaciones patronales y en la otra pata del Gobierno autonómico, la del PSPV-PSOE que lidera el presidente Ximo Puig. Los socialistas son mucho más proclives a dar luz verde a la millonaria iniciativa y las discrepancias han llegado a aflorarse en público. “Cada vez que me venga un ciudadano pidiendo trabajo le pagaré un taxi directo al despacho de la vicepresidenta Oltra”, ha llegado a manifestar el alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo, que gobierna en minoría gracias a la abstención de Compromís.