Cena secreta entre el presidente de La Caixa y el de la Generalitat valenciana sobre Cataluña

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el de Caixabank, Isidre Fainé, mantuvieron anoche un encuentro en el que abordaron la crisis abierta por el inicio del proceso de ruptura con España impulsado por los independentistas de Junts Pel Sí y la CUP en el Parlament de Cataluña. En una cena privada en Valencia, el barón socialista y el financiero intercambiaron ideas sobre cómo resolver un conflicto que ha situado a la tercera entidad financiera de España por volumen de activos en una posición muy delicada. Presionado por los independentistas y con una importante parte de su negocio concentrada en Cataluña, Caixabank fue uno de los bancos firmantes del comunicado conjunto de la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), que alertó en septiembre de los riesgos que conllevaría para el conjunto del sector financiero una eventual separación de Cataluña del resto de España.

Fainé ha mostrado su malestar por el proceso independentista, pero tampoco lo ha hecho de forma abierta y a pecho descubierto para no poner a los pies de los caballos a su propia entidad. Su posición tiene muchos elementos en común con la vía dialogante y federalizante que defiende Ximo Puig. Fuentes conocedoras de la cena de anoche señalan que Cataluña ocupó una parte importante de la conversación. La posición de Puig en el seno del PSOE puede convenir a los intereses de Caixabank. Se trata de una vía moderada para buscar soluciones al problema que pasa por acometer una reforma constitucional con elementos de mayor descentralización, sobre todo en materia de recaudación de impuestos, corresponsabilidad fiscal y modelo de financiación autonómica.

También Fainé ha expresado en diversos foros su apuesta por el diálogo para resolver el conflicto. Ha planteado la necesidad de poner en marcha un gran acuerdo entre Cataluña y el resto de España.

Oficialmente, la visita de Fainé a Valencia obedeció a la firma del convenio anual que contempla la colaboración entre la Fundación La Caixa y la Generalitat valenciana en materia de responsabilidad social. En virtud de ese acuerdo, la fundación destina 53 millones de euros a su obra social en la Comunidad Valenciana entre 2015 y 2016.

La cita con el presidente de La Caixa hizo imposible que Ximo Puig viajara a Madrid para acudir a la cumbre de presidentes autonómicos socialistas convocada por Pedro Sánchez en Ferraz, para abordar en exclusiva la cuestión catalana.

Lo que pretendía el secretario general del PSOE, y consiguió, es una foto de unidad del partido. De "absoluta unanimidad" en torno a Sánchez y de respaldo al Gobierno en los pasos que vaya dando para frenar al secesionismo, según resumió al término de la reunión el jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández.

Ese aval a Sánchez no es una pose. En el PSOE se asume que no cabe otra actitud por parte de un partido de gobierno ante un desafío que juzga de extrema gravedad. De ahí que haya insistido en su compromiso "irrenunciable" con la unidad de España y la aplicación de la ley para salvaguardar los derechos de los catalanes. Pero junto a ello, añade que debe abrirse una ventana de diálogo. El propio Sánchez se lo demandó a Mariano Rajoy durante su entrevista en el Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, la dirigencia del PSOE no es ajena a los peligros que entraña esa estrategia. Varios cuadros consultados consideran que la cuestión catalana no es un territorio cómodo para los socialistas, toda vez que es el Gobierno el que tiene todas las herramientas a su alcance para frenar a los independentistas... y el más interesado, entienden, en mantener vivo el conflicto para sacar tajada electoral. Precisamente fuentes próximas a Puig indicaban a este diario que la tensión con Cataluña, a menos de 40 días del 20-D, "hunde al PSOE" en caso de seguir presente hasta más avanzada la campaña, pues dejaría poco espacio para otras cuestiones en las que el partido sí puede ser más competitivo.

Puig es de los barones que más insisten en que, por descontado, hay que aplicar la ley, pero sin olvidar que ha de reivindicarse "el diálogo" como piedra fundamental. Y que el PSOE, en consecuencia, ha de poner mucho más en valor su propuesta de reforma constitucional, aprobada por el consejo de política federal del pasado 28 de octubre y consensuada en Granada en julio de 2013. Otros barones, como la andaluza Susana Díaz, consideran que es una "herramienta de futuro", y que no será tan fácil de implementar por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas.

En el PSOE, algunos responsables creen que la modificación de la Carta Magna es, aunque óptima -porque es la única vía que puede abrirse camino-, una solución díficilmente comprensible para el ciudadano medio, que se halla más preocupado, aducen, por sus urgencias más inmediatas. "Los españoles quieren que les hables más de la sanidad, la educación, el empleo... no tanto de la reforma constitucional", explica, por ejemplo, un presidente autonómico. Puig, como la balear Francina Armengol o el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, considera que el PSOE debe esforzarse en ese relato, incidir en la solución federal y en la vía de diálogo.

¿Activar el 155?

Esa diferencia de matices se observó este miércoles con motivo de la reunión convocada en Ferraz. El manchego Emiliano García-Page o el extremeño Guillermo Fernández Vara no descartaron que se aplique el artículo 155 de la Carta Magna que podría acabar con la intervención (total o parcial) de la autonomía. Antes de llegar a esa "medida extrema", dijo Page, hay "muchos pasos que dar". "Pero es evidente que la Constitución es igual de válida desde el artículo 1 hasta el último y que, por lo tanto, no es descartable". Para Vara, el 155 "ofrece toda una gama de posibilidades, y la proporcionalidad irá en función de cuál sea la reacción". Si Junts Pel Sí y la CUP se mantienen en sus trece, añadió el presidente de la Junta de Extremadura, "llegará un momento de esta película en el que habrá que actuar con más firmeza".

Sánchez, aunque ha sido preguntado directamente por ello en los últimos días, se mantiene en que no hay que adelantar acontecimientos, porque confía en que el Parlament y el Govern cumplan con la sentencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional por unanimidad. En todo caso, quiere que se actúe con "proporcionalidad".

Iceta, en cambio, se mostró contrario a las medidas drásticas, y aunque la Carta Magna está para "aplicarse" y "cumplirse", el 155 no debería ser una opción, defendió, "hasta que no se produjera una desviación grave de la legalidad", cosa que entiende que aún no ha sucedido, informa EFE. Él es de los que defienden que hay que actuar con "proporcionalidad". Susana Díaz se inclina por la firmeza, la unidad, el respaldo al Gobierno en la defensa de la legalidad y que impere "el sentido común".