El Gobierno valenciano pasa factura a los ricos y endurece el impuesto del Patrimonio

El Gobierno valenciano elevará a partir de 2016 la presión fiscal a las grandes fortunas. El proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2016, aprobada esta mañana por el plenario del Consell, contempla una rebaja de la cuantía mínima exenta de 700.000 a 600.000 euros. No obstante no será esta la gran novedad en materia fiscal. La batería de cambios contempla también la creación de una nueva tarifa propia autonómica (inédita en el conjunto de España) que incrementará en un 25% los tipos de gravamen.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, que ha presentado públicamente la nueva ley, calcula que los ingresos adicionales derivados de las novedades en el Impuesto de Patrimonio supondrán que alrededor de 1.832 contribuyentes que antes no tributaban a partir de ahora tendrán que realizar “un mayor esfuerzo contributivo” en la Comunidad Valenciana. En total pagarán el impuesto un total de 20.000 valencianos con grandes fortunas. “Es un tema simbólico y es poca gente, pero queremos hacer un sistema tributario justo y ejemplar, con especial hincapié en el principio de progresividad, logrando una mejor redistribución de la renta y la riqueza”, ha señalado Soler. “Incluso una región que no tiene nada de bolchevique como Murcia tenía un régimen superior”, remarcó el conseller.

Detrás de este aumento de la presión fiscal están las insuficiencias financieras que sufre la Generalitat valenciana como consecuencia de la sequía de ingresos durante la crisis económica, pero también por el modelo de financiación autonómica. La Comunitat valenciana cerrará este año con un déficit del 2,2% sobre el PIB, muy por encima del objetivo del 0,7% que marcó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El Consell de Ximo Puig sostiene que el reparto de la tarta de recursos para las autonomías perjudica a la Comunitat Valenciana, el único territorio español que es contribuyente neto pese a que su renta per capita es inferior a la media nacional.

En materia social, la nueva ley elimina el copago farmacéutico y ortoprotésico para personas con diversidad funcional, medida que tendrá un impacto de 6,4 millones de euros. La vicepresidenta Mónica Oltra justificó la decisión por razones de justicia social pero también para evitar litigios judiciales. Se elimina también el modelo de copado de atención en centros residenciales de atención diurna. Según Oltra, se beneficiarán de estas medida sociales cerca de 45.000 personas.