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El Colegio de Abogados de Madrid mantiene en vigor la decisión de querellarse contra el juez Baltasar Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones mantenidas en prisión entre los abogados del "caso Gürtel" y sus clientes, pero aún no ha decidido cuándo se presentará la querella.

"Nadie le va a marcar el paso al Colegio de Abogados de Madrid, ni para precipitar su acción ni para hacerle renunciar a decisiones que ya ha adoptado", ha dicho en rueda de prensa el decano de ésta institución, Antonio Hernández Gil, que ha manifestado su preocupación por la "falta de una reacción institucional firme" ante la vulneración de un derecho fundamental.

Según ha explicado Hernández Gil, el Colegio de Abogados de Madrid sigue con atención el curso de los acontecimientos y mantiene la interlocución con los abogados y las instituciones afectadas, pero esperará al "momento más adecuado" para presentar la querella, que sería una acción "excepcional" y sin precedentes por parte de esta institución.

Aunque no ha querido poner fecha, el decano del Colegio de Abogados ha dicho que la querella se ejecutará cuando tengan la información suficiente para que sea eficaz y sirva al derecho de defensa, y que en este momento no se dan las mejores condiciones para hacerlo.

En este sentido, ha recalcado que la posición del Colegio es institucional, y no mediática ni política, y ha recordado que desde el momento en que varios abogados del "caso Gürtel" le comunicaron la violación de la confidencialidad de las comunicaciones con sus clientes, se reaccionó inmediatamente otorgándoles el amparo y anunciando el ejercicio de acciones penales.

No obstante, también ha destacado que en ese mismo momento el Colegio comunicó los hechos a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al considerar que se había producido un "desvalor social en el derecho de defensa" y esperando una actuación por parte de estas instituciones, que a día de hoy no se ha producido.

Hernández Gil ha desvinculado la decisión de querellarse contra Garzón de cualquier otro hecho, asegurando que no depende del momento en el que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decida levantar el secreto del sumario, si bien ha reconocido que hay circunstancias que condicionan el poder tener una descripción completa de lo sucedido.

En cualquier caso, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados insiste en la necesidad de ejercer acciones penales para depurar responsabilidades ante lo que considera una vulneración del derecho fundamental de defensa por parte de quienes debían preservar las garantías de los imputados.

El decano ha insistido en que ha echado de menos una reacción institucional firme y ha mostrado también su preocupación por la difusión sistemática de informaciones, incluidas las conversaciones de los abogados con sus defendidos, sin respetar el secreto del sumario.