El Colegio de Abogados ‘pasa’ del acuerdo que le obliga a actuar contra el juez estrella

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) dio ayer por terminada su personación en el caso Gürtel y su decano, Antonio Hernández-Gil, se mostró “satisfecho” con la anulación de parte de las escuchas ordenadas por Baltasar Garzón. Sin embargo, la dirección del ICAM no ha llegado si quiera a recurrir estos pinchazos, y continúa bloqueando la querella contra el juez de la Audiencia Nacional, acordada en Junta de Gobierno el pasado 20 de octubre.

La intervención de las comunicaciones en prisión entre los principales imputados de la trama Gürtel y sus abogados generó un importante rechazo en el ámbito jurídico. El colectivo de letrados consideró que Garzón había violado el fundamental derecho a la defensa, por lo que la Junta de Gobierno del ICAM autorizó la presentación de una querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional y contra los fiscales que participaron en estas diligencias.

El acuerdo incluía trasladar las correspondientes protestas ante el Fiscal General del Estado, y ante los presidentes del Consejo General del Poder Judicial, de la Audiencia  Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Asimismo, otorgaba amparo colegial a los letrados afectados por la decisión de Garzón. Pero, 6 meses después, según denuncian estos abogados, el decano no ha movido ficha.

El único gesto consistió en pedir, el 23 de febrero y tras varios titubeos, la personación del ICAM en el caso Gürtel, solicitud que no fue admitida hasta el 16 de abril. Demasiado tarde, porque el TSJM ya había anulado el 25 de marzo las citadas escuchas de Garzón. Por ello, Hernández-Gil, que calificó de “impecable” la decisión de invalidar los pinchazos, anunció ayer la renuncia del Colegio a continuar personado.

“Celebramos que Hernández-Gil esté satisfecho por lo que hemos logrado por nuestra cuenta los abogados, pero el Colegio tiene que ejecutar el acuerdo y personarse en la causa contra Garzón que instruye el Tribunal Supremo”, indicó a este diario José Antonio Choclán, defensor de Francisco Correa, y uno de los abogados a quien el ICAM acordó otorgar amparo.

Denuncia contra el decano

Precisamente, el Supremo citó ayer a declarar como imputado a Garzón para el próximo 10 de mayo por delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad por ordenar las escuchas. Un proceso que impulsa de forma particular Ignacio Peláez, abogado del empresario imputado José Luis Ulibarri. Hernández-Gil se excusó asegurando que  la Junta de Gobierno decidió “autorizar” la querella contra Garzón, pero no obliga a formularla. “No se han dado las circunstancias contempladas”, zanjó el decano, aunque reconoció que el acuerdo de la Junta “no ha sido restringido, ni limitado, ni dejado sin efecto”.

Sin embargo, para Choclán, “el Colegio cuenta con las mismas razones y la misma legitimidad para personarse en el Supremo en la querella contra Garzón” que para su fugaz personación en el TSJM. Así, según este abogado, la personación del ICAM no tendría por qué desembocar obligatoriamente en una acusación contra el juez estrella, sino que sería algo que determinaría el resultado de la instrucción del caso. “¿Quién tutela ante el Supremo el interés colectivo de los abogados?”, se pregunto Choclán.

Esta controversia ha llegado al Consejo de Colegios de Abogados de Madrid, donde se tramita una denuncia contra Hernández-Gil por el “incumplimiento de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno que él preside”. El denunciante es el abogado José Luis Mazón, quien también está querellado contra Garzón en el Supremo por los cobros del Santander. A su juicio, se trata de una infracción grave, puesto que los estatutos del Colegio establecen que lo acuerdos de la Junta son “inmediatamente ejecutivos”. “El decano asegura que no es una decisión vinculante, pero lo que realmente sucede es que se encuentra atrapado por una red de presiones e influencias”, afirmó Mazón.