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El secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Antonio Clemente, fue sometido a escuchas telefónicas por parte de la Policía sin que mediara mandamiento judicial alguno ni éstas estuvieran respaldadas por la investigación ligada a un sumario, según ha podido constatar este diario en fuentes solventes de los populares. De esas escuchas se desprende que Antonio Clemente se compró un vehículo de la marca Jaguar, operación en la que intermedió El Bigotes.

El diario El Mundo contaba en su edición de ayer que Clemente compró el coche en un concesionario al que era habitual Álvaro Pérez. En este caso, el político pagó de su bolsillo el automóvil para lo que pidió un préstamo (ver documentación adjunta). El único trato de favor fue un descuento de poco más del 5% por un vehículo de casi 60.000 euros, una rebaja muy similar a la que los concesionarios hacen, por ejemplo, a los periodistas.

La compra del vehículo se produjo el 16 de julio de 2008, y en fechas anteriores Clemente y Álvaro Pérez mantuvieron conversaciones telefónicas en las que el segundo se brindó a gestionarle la compra del vehículo, conversaciones que fueron grabadas por la policía e incorporadas al sumario. Un sumario cuyas diligencias, como reconoce el propio juez Baltasar Garzón en su escrito de elevación a los tribunales superiores, “se incoaron en fecha seis de agosto de dos mil ocho”.

Contra toda doctrina jurídica

Es decir, las fechas no casan y ponen de manifiesto que se ha producido una intervención ilegal de las telecomunicaciones, un hecho que la propia Fiscalía General del Estado prohíbe, como también hace en sentencias ad hoc el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, de cuya doctrina se hace eco la Fiscalía del Estado en una circular interna sobre este asunto del 29 de febrero de 1999.

Así, en dicha circular la Fiscalía señala que “los Sres. Fiscales deberán velar especialmente para que en las intervenciones de las comunicaciones telefónicas, acordadas en el seno un proceso penal, se observen todas las garantías previstas en la adopción y ejecución de la medida” de intervención. Y añade que “el segundo de los presupuestos para que pueda adoptarse la medida de intervención de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas es que la misma se acuerde en el seno de alguno de los procedimientos penales previstos por la Ley, ya sea el de Diligencias previas, el de Sumario o el del Jurado”.

Y ese principio es el que, en este caso, se incumple de modo flagrante ya que hasta el 6 de agosto de ese año no se incoa ningún procedimiento. De hecho, la circular reconoce que tanto el TC como el Supremo avalan la posibilidad de interceptación de las comunicaciones en los que la Fiscalía denomina las “discutibles” diligencias indeterminadas cuando estas “se unen sin solución de continuidad al proceso judicial incoado en averiguación del delito”.

Dimisión del Fiscal General

Sin embargo, en el caso del Sumario del ‘caso Gürtel’ no existen diligencias indeterminadas unidas al proceso judicial, por lo que tampoco en este caso cabe utilizarlas como excusa. Además, la circular, a diferencia de la opinión del Supremo y el Constitucional, añade que “la posición del Ministerio Fiscal de garante de la pureza del procedimiento le obliga a oponerse a la posibilidad de que la medida de intervención se acuerde en diligencias indeterminadas, debiendo exigir que se haga en el seno de alguno de los procedimientos penales previstos legalmente”.

Fuentes del Partido Popular señalaron a este diario que el asunto es de “la máxima gravedad” y podría implicar que el principal partido de la oposición pidiera la dimisión del Fiscal General del Estado por haber contravenido la doctrina de la institución que preside. Además, pondría negro sobre blanco la veracidad de las acusaciones realizadas por dirigentes de este partido en cuanto a que estaban siendo ilegalmente sometidos a escuchas y labores de espionaje político.