CiU propondrá al Gobierno pagar únicamente el 4% del PIB al fondo de solidaridad

El Gobierno catalán que dentro de unos días presidirá el líder de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, no se lo pondrá fácil al Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Sobre la mesa hay cuestiones candentes que requieren un estudio a fondo y, en algunos casos, rectificaciones sobre la marcha. La Generalitat tendrá un eje fundamental en el que basar su estrategia: la economía. Sus dirigentes se quejan de que todavía no saben cómo están las arcas públicas, aunque sospechan que pueden contener telas de araña. Pero la lucha contra el paro y la reactivación de la economía sólo se pueden acometer si hay dinero y margen de maniobra para utilizarlo.

En esta tesitura, hay dos grandes temas que marcarán tanto la legislatura catalana que ahora comienza como lo que queda de legislatura al Gobierno central. Y estos dos temas son el pacto fiscal y el desarrollo del Estatuto. “Nuestra estrategia en Madrid no va a variar. Las propuestas del Ejecutivo que nos parezcan acertadas, tendrán nuestro apoyo, pero las que no, las denunciaremos”, señala a El Confidencial el secretario general de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Maria Pelegrí. El acento convergente se pondrá en la exigencia de medidas económicas a Zapatero, la reforma laboral y ayudas para las pymes y para los autónomos.

Sin embargo, otra cuestión es que el Ejecutivo catalán pueda desarrollar sus estrategias si no tiene con qué financiarse. De ahí que una de las primeras exigencias será la firma de un pacto fiscal. “Necesitamos ese pacto para poder gestionar los intereses de Cataluña desde el punto de vista económico. Nosotros hemos de sufragar servicios que el Estado presta en Cataluña, a lo que no nos oponemos, de la misma manera que tampoco nos oponemos a sufragar los gastos comunes, como Defensa. No tenemos inconveniente en ello. Y de la misma manera, tampoco nos oponemos a nuestra aportación a la solidaridad. Pero si ésta no tiene límites, es muy perjudicial para Cataluña. Y nuestra prioridad son los intereses de los catalanes, porque tenemos la obligación de dinamizar la economía para generar riqueza, ayudar a las empresas y generar empleo”, explica Pelegrí.

CiU parte de la base de que otras comunidades autónomas donde se recauda menos y hay menor generación de beneficios disponen de mejores servicios públicos y mejores infraestructuras que Cataluña. Por tanto, hay que acabar con este agravio. La solución está en el modelo alemán: allí, cada land aporta al fondo de solidaridad un máximo del 4% del PIB. “Nuestro objetivo es llegar hasta ese límite”, subraya el dirigente democristiano. A CiU no le sirve el pacto de financiación que negoció el Tripartito con Zapatero. Prueba de ello es que la Generalitat ha tenido que recurrir a las emisiones de bonos incluso para sufragar gastos corrientes. El pacto fiscal reclamado, no obstante, tendrá para rato, tanto que incluso los propios nacionalistas creen que no podrá llegarse a él hasta, como mínimo, pasar el ecuador de la legislatura.

La revisión de todos los traspasos

El tema del Estatuto es también complicado. “Nuestro Estatuto es el que votó el Parlamento catalán, la sociedad catalana, el Congreso y el Senado. Es legal, legítimo y puede aplicarse”, dicen en la sede de CiU. Pero existe una sentencia del Tribunal Constitucional que recorta algunas competencias. “No renunciaremos a aplicarlo en el espíritu del que fue aprobado”, reitera el secretario general de Unió. Y es que los convergentes no confían en leyes que, paralelamente, suplan los recortes del TC, como habían prometido tanto Zapatero como el hasta ahora presidente de la Generalitat, José Montilla.

Sin embargo, los nacionalistas sí van a exigir una revisión de todas las competencias que se han traspasado. ¿Por qué? Porque la gestión de los trenes regionales se realizó, efectivamente, pero ni los trenes ni las vías ni las estaciones han sido traspasadas. También quieren saber en qué condiciones se realizó el traspaso de la inspección de Trabajo. “Y el día 1 de enero nos encontraremos con que nos traspasan los trenes de Cercanías, pero otra vez sin trenes, ni vías, ni estaciones. Hay que ver muy bien en qué nos afecta este despliegue”, añade Pelegrí. Y CiU no aceptará garantías del Gobierno central, ya que considera que “el Estado” no está en condiciones de garantizar nada, puesto que hasta el momento ha incumplido “todas las promesas” que hizo a Cataluña.

Lo que temen los nacionalistas es que los traspasos realizados no estén dotados económicamente. En ese caso, quien debería sufragar los servicios sería la Generalitat, cuyas finanzas no están para tirar cohetes. Como además, no se puede dejar de ofrecer esos servicios, CiU quiere conocer hasta qué punto las transferencias se hicieron con sus respectivas dotaciones. En otras palabras, lo que no está dispuesto a aceptar Artur Mas es una manzana envenenada de esta naturaleza.

La inversión del Estado en Cataluña traerá también tormentas a la relación de la Generalitat con el Gobierno central. La disposición adicional tercera del Estatuto prevé que durante 7 años el Estado ha de invertir el18,8% del PIB de Cataluña en infraestructuras para compensar las inversiones que no se han hecho en décadas. Para el 2011, sin embargo, sólo está presupuestado el 15,2%. “El Estatuto se negoció mal. Se hizo con sumisión respecto a Madrid”, afirma Pelegrí. Los nacionalistas calculan que el Estado debería invertir de 2.500 a 3.000 millones al año en infraestructuras en esta comunidad, pero esto no se cumple. Recuerdan, en este sentido, que otras comunidades, como Andalucía, reciben las inversiones en función de los habitantes que tienen, mientras que la referencia para invertir en Cataluña la da el PIB, con lo que la comunidad sale perdiendo.

Los nacionalistas catalanes reiteran que “nuestra pretensión no es generar tensiones, pero seremos inflexibles en la defensa de los intereses de Cataluña”. A Zapatero, pues, se le ha abierto otro frente de desgaste justamente cuando falta poco más de un año para las elecciones generales.