“Formo parte de la mesa de negociación entre ETA y el Gobierno y tengo inmunidad”

La detención de los etarras Ion Iurrebaso y Kepa Suárez la madrugada del 29 de marzo de 2007, dejó al descubierto que el Gobierno mantuvo los contactos con ETA pese a haberlos dado oficialmente por rotos tras el atentado contra la T-4 del aeropuerto de Barajas en diciembre anterior. Así consta en la comisión rogatoria, cuyo contenido desvela este diario, que fue enviada por la juez antiterrorista francesa Laurence Levert a la Audiencia Nacional el 14 de mayo de ese mismo año. La magistrada reclama al Ejecutivo español que le informe sobre la veracidad del testimonio del terrorista y la titularidad de dos teléfonos que afirmaba le había entregado la delegación gubernamental como salvaguardia. Uno de esos teléfonos, terminado en 190, era utilizado por Víctor García Hidalgo, director general de la Policía, y era investigado en el sumario por el ‘chivatazo’ a ETA que en marzo de 2006 frustró una operación policial contra la red de extorsión de la banda.

Los dos etarras fueron detenidos a las 1,20 horas de la madrugada en la localidad francesa de Perigueux, ocultos a escasa distancia de un Peugeot 307 de color gris claro y matrícula falsa que acababan de abandonar tras escapar a un control policial francés en la carretera. El coche había sido robado el 11 de septiembre de 2006 en la localidad de Lussat, y en su maletero ocultaba diez juegos de matrículas, algunas falsas y otras robadas. Siete de ellas eran francesas, una española y dos más alemanas. Iurrebaso portaba una pistola automática Browning, calibre 7,65 mm con el número limado y un cargador con siete balas, 1.600 euros en efectivo, y un DNI con su verdadera identidad y otros dos falsos. Kepa Suárez no iba armado pero llevaba 850 euros y numerosos documentos de identidad falsos, entre ellos una tarjeta de prensa de TVE.

Aparece el 190

La comisión rogatoria afirma que: “Iurrebaso pidió a los agentes que cogieran de su chaqueta una fichita de cartón que llevaba la anotación manuscrita con números de teléfono, dos de ellos españoles, 34 686XX132 (a este le faltaba un número) y 34 648XXX190, inscritos frente a la anotación de España, sobre los cuales afirmó que eran relativos a su pertenencia a un grupo encargado de las negociaciones entre la organización terrorista ETA y el Estado español. Este documento fue incautado y precintado sin que los policías investigadores hayan efectuado llamada alguna a esos números”.

Unas líneas más abajo del documento judicial la juez Levert escribe que “al ser interrogado el 2 de mayo de 2007 Iurrebaso explicó que estaba en desarrollo un proceso de negociación entre su organización, ETA, y el gobierno español, y que en el marco de esa situación había una mesa de negociación de la cual formaba parte en calidad de miembro de la delegación de ETA, hecho que podía ser comprobado ante el gobierno español. Según él, este asunto debería ser tratado a nivel de los ministros de Interior y de Justicia, en la medida en que conllevaba una parte política importante. El Gobierno español habría dado, según él, una garantía afirmada a la mesa de negociación, que si resultaba detenido en el territorio francés o en el territorio español los números de teléfono que figuraban en el documento incautado, que le habían sido entregados en su calidad de miembro de la delegación de ETA, debían permitirle ser puesto en libertad junto con su acompañante”. Iurrebaso fue más allá en su testimonio y aseguró que el gobierno francés estaba al tanto de todo, “aunque no está representado en la mesa de negociación”. Según se supo después, el etarra llevaba anotado también el número de teléfono de un alto cargo policial francés.

El etarra declaró en París, y así lo recoge la juez en su petición de ayuda a la justicia española, que los citados números de teléfono presentados como garantía “le habían sido entregados por la delegación española en la mesa de negociaciones, y por esa razón lo había señalado inmediatamente al ser detenido, pensando poder continuar su camino de acuerdo con las garantías que había recibido”. Iurrebaso le dijo a la juez que “el asunto tenía un aspecto político muy importante, pues lo que estaba en juego era lograr una situación democrática que permitiera a ‘las cuatro provincias de la península ibérica’ ejercer su derecho a la autodeterminación”.

ETA había dinamitado el proceso de paz tres meses antes, el 30 de diciembre de 2006, con la detonación de un coche-bomba en la T4 del aeropuerto de Barajas (Madrid), y Levert le preguntó si, pese a ello, las negociaciones continuaban y la garantía de no ser detenidos seguía vigente: “contestó afirmativamente sobre ambos puntos (…) Preguntado sobre la extensión de esta ‘inmunidad’ a la comisión de infracciones como las que resultan de las diligencias relativas a su detención (robo de vehículo, placas y documentación falsa) declaró: el Gobierno español sabe que cualquier militante transita normalmente armado y a bordo de vehículos robados”.

La conexión con el ‘chivatazo’ a ETA

Doce días después de que el etarra compareciera ante ella, Levert reclamó a la Audiencia Nacional que identificara a los titulares y usuarios de las líneas telefónica facilitadas por Iurrebaso, la fecha en que fueron dados de alta y, eventualmente, de baja, su facturación detallada y la identidad de sus interlocutores “si se han registrado comunicaciones en esas líneas”. También solicitaba de la justicia española que tomara declaración a los titulares sobre sus eventuales relaciones con el etarra, las razones por las que estaban en su poder sus números, y cualquier otro dato que permitiera comprobar la veracidad de su testimonio. Laurence Levert incorporaba a sus solicitudes la confirmación de la existencia de una mesa de negociación Gobierno-ETA, si se mantenía tras la ruptura del ‘alto el fuego permanente’ con el atentado de Barajas, así como las garantías dadas a los representantes de la banda en la misma. Finalmente, y además de otras peticiones menos relevantes, pedía que aclarara si las matrículas alemanas halladas en su poder, que habían sido robadas en España, tenían que ver con la negociación.

La comisión rogatoria, que además de Laurence Le Vert firma la magistrada Marie Antoinette Houyvet, como su colega encargada de asuntos de terrorismo, concluye con el agradecimiento de ambas “a las autoridades competentes del territorio Español por su colaboración, asegurándoles su total reciprocidad, y les ruegan tengan a bien acoger el testimonio de su más alta consideración”. La solicitud fue a parar al Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, aunque posteriormente el turno de reparto de comisiones rogatorias la asignó al Central de Instrucción nº 6, del que entonces era titular Juan del Olmo. Éste elevó el 2 de julio una “atenta exposición” al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la que le trasladaba la información requerida por la juez Levert para que la contestara. Lo que respondió es todavía un misterio.