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El Partido Popular ha conseguido su objetivo y podrá ejercer la acusación popular en el caso del ‘chivatazo’ a ETA, que los populares han convertido en casus beli contra el Gobierno en el arranque del nuevo periodo de sesiones. Los populares  tendrán  que compartir la acusación con la Unión de Oficiales (UO) de la Guardia Civil, una asociación profesional de la escala de oficiales con representación en el Consejo de la Benemérita. Esta acusación conjunta se suma a las acciones populares que desde hace más de tres años ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia.

La dirección letrada le corresponde desde esta semana el abogado Guillermo Regalado, en representación del PP. Alicia Martín, la procuradora, ha sido designada por la UO. Un portavoz oficial de la Benemérita manifestó a este diario que es perfectamente compatible la personación de dicha organización profesional en la causa, pese a que en la misma están imputados el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies. La UO asegura que su intención exclusiva es “defender el honor e integridad de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado" y afirma que el 'chivatazo' "no es cuestión entre partidos, sino un auténtico asunto de Estado". El problema es que entre los sospechosos del mismo están altos cargos del departamento y del Cuerpo "hermano".

Munición contra el Gobierno

La personación del PP en la causa le permite tener acceso a toda la instrucción, salvo la documentación que el juez mantiene ‘secreta’ en una pieza separada que alude a la conexión entre ‘el chivatazo’ y el último proceso negociador con ETA. El contenido del sumario dará abundante munición al principal partido de la oposición para atacar al Gobierno de Rodríguez Zapatero y, en particular, a su ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, su particular bestia negra.

El PP y la UO aspiraban a ejercer la acción popular de forma independiente, pero el juez Baltasar Garzón se opuso a ello y les invitó a sumarse a Dignidad y Justicia o la AVT. La personación de una tercera acusación ha causado sorpresa por el momento en el que se produce,  casi cuatro años después del ‘chivatazo’, y cuando el fiscal de la causa había reclamado el archivo de la misma y el magistrado debía decidir sobre la misma o continuar con la investigación. El recurso de apelación fue resuelto la pasada semana por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que aceptó la personación de ambos pero bajo una misma dirección letrada.

La nueva acusación ha reclamado al juez, entre otras pruebas, los informes policiales relativos al número de teléfono 6481XX190, que era utilizado por García Hidalgo y vincula el ‘chivatazo’ con la negociación con ETA durante el frustrado proceso de paz. También ha solicitado que se facilite la respuesta que el Ministerio del Interior dio a la comisión rogatoria 21/2007 cursada por la jueza francesa Laurence Levert para identificar al titular del citado móvil.