Un policía pide a Garzón declarar voluntariamente sobre el 'chivatazo' a ETA

Un testigo inesperado ha pedido declarar voluntariamente ante el juez Garzón sobre el ‘chivatazo’ a ETA. Se trata de un policía que estaba destinado en la Unidad Central de Inteligencia (UCI) cuando se produjo la filtración, el 4 de mayo de 2006. El magistrado ha dado traslado de su solicitud al fiscal para que diga si considera oportuna su comparecencia. Las fuentes consultadas por este diario aseguran que el agente entregó fechas atrás en el juzgado un escrito explicando los motivos de su solicitud, y que juez y fiscal están de acuerdo en que del contenido del mismo no se desprenden novedades relevantes a lo conocido hasta ahora.

El policía en cuestión es Antonio H.C., que en el momento de los hechos estaba destinado  en la Sección de Investigación Económica de la UCI, que desde 2004 seguía la pista a la red de extorsión de la banda que gestionaba el cobro de chantajes a empresarios vascos desde el bar El Faisán de Irún. El agente formaba parte del equipo de Carlos G. que llevaba dos años tras la pista de los terroristas.

Tras conocerse la filtración policial, el juez Garzón encargó a Carlos G. y a cinco policías a sus órdenes (entre los que no estaba Antonio H.C.) averiguar la autoría de la misma. Como ya ha informado este diario en reiteradas ocasiones, los investigadores llegaron a la conclusión de que el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía de Bilbao, Enrique Pamies, y el inspector José María B. fueron los autores materiales.

Un testimonio comprometido

¿Qué relación guarda entonces Antonio H.C. con los hechos, y por qué ha pedido declarar cuatro años después de los mismos? La respuesta está posiblemente en la comparecencia como testigo del comisario Manuel R. el 26 de diciembre de 2008, cuyo contenido se desconocía hasta que este diario la hizo pública el pasado día 12. Manuel R. era el jefe de la Brigada de Información de San Sebastián en mayo de 2006 y tuvo una participación colateral con la operación montada en torno a El Faisán, aunque asumió un inesperado papel de acusador en su comparecencia ante Garzón.

Manuel R. acusó a Carlos G. de ser el autor del ‘chivatazo’ y deslizó la sospecha de que Antonio H.C. estaba implicado en los hechos. Según su declaración, éste sería la persona que pasó a Joseba Elosua, dueño de El Faisán, el teléfono móvil a través del cual Carlos G. le habría advertido de la operación policial que él mismo dirigía.  

“Yo ya sé que esto es una acusación muy grave, pero presumo que la llamada está hecha por él (en referencia a Carlos G.) porque luego, todas las informaciones y las filtraciones que hay en la prensa dicen que Elosua recibió una llamada desde Madrid (Carlos G. coordinaba la operación desde Madrid con el juez Fernando Grande-Marlaska) (…) y el que le entrega el teléfono es otro, claro (…) yo le pregunto a mi jefe de sección y me dice que tiene constancia, y es el tema más delicado, de que un subinspector que estaba haciendo el curso de inspector y que era uno de los hombres de confianza de Carlos G., subió a San Sebastián el día anterior (al ‘chivatazo’) pese a que estaba a disposición de la División de Formación. Pues, eh, Carlos G. sabrá por qué le hace subir a San Sebastián ese día”.

‘Operación Urogallo’

Uno de los informes elaborados por el equipo que investigó el ‘chivatazo’, remitido al juez Garzón el 26 de abril de 2007, detalla la distribución de funciones de la ‘Operación Urogallo’ contra la red de extorsión. Se crearon cinco equipos policiales, cada uno de los cuales se iba a encargar de la detención de dos personas. Tres de dichos equipos estaban integrados por seis agentes, y los dos restantes por cinco, todos ellos identificados por el número de su carné profesional. Además de estos equipos operativos se dispuso un equipo para coordinar las intervenciones telefónicas en San Sebastián, formado por dos funcionarios, y un equipo de diligencias para elaborar el correspondiente atestado policial, con base en Madrid, compuesto por seis personas. Una de esas personas es el funcionario con carné número 53XXX, que es precisamente el de Antonio H.C.

La duda, pues, es si este policía se encontraba en la capital el día de los hechos o, como dice Manuel R., recibió la orden de trasladarse a San Sebastián para cumplir otra misión. Tal vez sea lo que Antonio H.C. quiere aclarar al juez.