El juez Marlaska acusó a la Policía de ocultarle el chivatazo a ETA durante 72 horas

Documentos sumariales en poder de este diario ponen al descubierto que los responsables antiterroristas de la Policía tardaron 72 horas en informar al juez Fernando Grande-Marlaska del chivatazo que el 4 de mayo de 2006 frustró la desarticulación de una red de extorsión de ETA que tenía su sede en el bar El Faisán de Irún. Por esta causa están imputados el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María. B. El magistrado Pablo Ruz, que se ha hecho cargo de la causa en sustitución de Baltasar Garzón, está pendiente de decidir si continúa la investigación o, como pide el fiscal, la archiva.

El cruce de escritos entre Grande-Marlaska, que entonces estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 5 para cubrir la excedencia por estudios de Baltasar Garzón, son una prueba elocuente de la tensión que mantuvo con los responsables antiterroristas durante todo el mes de mayo por lo que interpretaba falta de diligencia para investigar lo ocurrido.

El magistrado conoció la existencia del chivatazo el mediodía del lunes 8 de mayo, cuando el comisario José C., jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), acudió a su despacho para informarle de lo ocurrido. Grande Marlaska señala en una providencia remitida el 22 de mayo al citado funcionario y al entonces Comisario General de Información, Telesforo Rubio, que pese a que ambos conocían la filtración “al menos desde el mediodía del viernes 5, no se comunica en ninguna forma con este titular hasta el mediodía del lunes 8 de mayo, habiendo transcurrido 72 horas” pese a la gravedad de lo sucedido y a que ambos responsables policiales tenían “el teléfono profesional de este instructor y su móvil”.  

El primer informe sobre la filtración tiene dos folios

Grande-Marlaska refiere en el mismo documento que el 8 de mayo José C. se limitó a personarse en el juzgado con “una copia de la transcripción de audio del vehículo donde se observaba la filtración, y sin ningún tipo de informe oficial en tal sentido, ni protocolo de actuación, ni diligencia a practicar”, que exigió le entregara esa misma tarde. ,

El informe en cuestión consta de dos folios en los que José C. reconoce que tuvo “información parcial” sobre el chivatazo a las 12,30 horas del 5 de mayo, al día siguiente de producirse, y que hasta las 19,30 horas no dispuso de una copia de audio y una transcripción del contenido de la baliza colocada en el coche de Joseba Elosua, dueño de El Faisán, que grabó la conversación entre éste y su yerno, Carmelo Luquin, en la que el primero le contaba asombrado que una persona acababa de alertarle por teléfono de la operación policial en marcha.

El comisario justifica que no le informara en ese momento porque “ninguno de los funcionarios que hablaron del tema entendió la necesidad de una actuación inmediata en ese momento y hora”. El comisario señala también que el teléfono del magistrado le fue facilitado a las 16,30 horas del 4 de mayo “no procediendo a llamar al juez en ese momento por considerar intempestiva la hora”. José C. asegura que a esa hora sólo tenía constancia de que la operación contra la red de extorsión se había frustrado, pero que desconocía la filtración, que no le fue comunicada hasta las 12,30 horas del día 5, como ya se ha señalado.

Pese a la evidente falta de comunicación con el juez y a no haberse practicado ninguna investigación, el comisario José C. señalaba en el citado informe al inspector Carlos G. como presunto autor del chivatazo y le acusaba de haber desobedecido sus órdenes y no haberle informado puntualmente de lo ocurrido. Éste funcionario dirigía la operación contra el bar El Faisán.

El juez desconfía de los mandos policiales

Las explicaciones no fueron del agrado de Grande Marlaska a la vista de su respuesta requiriendo a los mandos policiales “que se indiquen expresamente las razones por las cuales el comisario pueda entender que las 16,30 horas del día 4 de mayo de 2006, fecha en la que estaba preparada la operación, era una hora intempestiva para llamar a este instructor, quien estaba pendiente en todo momento del desarrollo de las actuaciones; más aún como pueden entenderse intempestivas las horas siguientes, cuando incluso se conoce posteriormente la filtración y no existe ninguna llamada, sino una visita al despacho transcurridas más de 72 horas, como ya se ha expuesto”. Además, interrogaba a los mismos mandos “por qué se llegan a determinadas conclusiones (la autoría de Carlos G.) cuando no se ha practicado ninguna diligencia”.

Para entonces la desconfianza del juez con la Comisaría General de Información era tal que procedió a nombrar un equipo para que investigara la filtración bajo la dirección precisamente de Carlos G. Este grupo tenía la obligación de trasladarle a él todas sus pesquisas y “abstenerse de informar a sus superiores”. También pidió a la Guardia Civil que designara a tres funcionarios de su Servicio de Información para que realizaran una investigación paralela a la de la Policía.