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La estrategia de Baltasar Garzón para impedir que el Consejo General del Poder Judicial le suspenda cautelarmente ha acabado por irritar a buena parte de los vocales de este órgano. El magistrado, acorralado por las tres causas abiertas en el Tribunal Supremo, exigió la recusación de tres miembros del CGPJ para inclinar la balanza a su favor en las deliberaciones, pero la maniobra ha podido resultar contraproducente. Pese a haber obtenido dos abstenciones, también se ha ganado la animadversión de otros vocales, que se han solidarizado con los recusados y acusan a Garzón de haber actuado con “parcialidad” en la instrucción del caso Gürtel por su “odio” hacia José María Aznar.

Esta crítica estuvo a punto de ser incluida en el escrito de alegaciones del vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, que ayer hizo pública su abstención. Varios de sus colegas le sugirieron que aprovechara su escrito para recordar la virulencia con que Garzón criticó a Aznar a raíz de la invasión de Iraq, y cómo eso no le impidió investigar la trama corrupta en torno al PP. De este modo, replican los argumentos del magistrado para recusar a De Rosa, Margarita Robles y Gemma Gallego por “enemistad manifiesta”, ya que entienden que Garzón nunca se aplicó esta doctrina.

El juez de la Audiencia Nacional tuvo un papel destacado en el masivo rechazo a la guerra de Iraq, y arremetió directamente contra el ex presidente del Gobierno por respaldar la posición de Estados Unidos. En una tribuna publicada en 2003 en el diario El País tachó a Aznar y a sus diputados de “humus pestilente”. Entonces aseguraba “no aspirar a ningún puesto, ni a ningún nombramiento, y ni tan siquiera me preocupa perder el que ahora tengo”; aunque años después ha sido candidato a la presidencia de la Sala de lo Penal y de la Audiencia Nacional, y en la actualidad su cargo corre grave peligro.

En 2007, Garzón recordó con otro artículo el cuarto aniversario del comienzo de la invasión. Desde las páginas de la cabecera de Prisa advirtió a Aznar de la “eventual responsabilidad penal de quienes son o fueron responsables de esta guerra”. “Seiscientos cincuenta mil muertos son un argumento suficiente para que esa investigación o indagación se aborde sin más dilación”.

Recurso por las escuchas de Gürtel

Finalmente, De Rosa no utilizó este argumento en sus alegaciones, pero esta crítica a la actitud de Garzón ha impregnado el ánimo de vocales que pueden ser clave para decidir la suspensión cautelar del juez. En el Pleno del CGPJ en que se tome la decisión, en lugar de los 21 votos habituales, se espera que haya 18, dada las anunciadas abstenciones de Robles y De Rosa, a las que se podría sumar, si así lo desea, José Manuel Gómez Benítez, abogado y amigo de Garzón. En ese caso, los votos procederían de 7 vocales propuestos por el PSOE, 8 por el PP, 2 por CiU y PNV, más el presidente, Carlos Dívar.

Los vocales Gómez Benítez, Pío Aguirre y Manuel Carmona no serán recusados pese a la solicitud de los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes presentaron la querella por los cobros de Nueva York. El CGPJ explicó que estos letrados no pueden pedir esta medida porque no son parte del proceso administrativo que se sigue en el Consejo, aunque sean querellantes en el Tribunal Supremo. Aún así, se ha dado traslado a los vocales para su conocimiento y para que aleguen lo que estimen conveniente.

Mientras tanto, Garzón intenta detener los máximos golpes posibles. Acaba de presentar el recurso contra la admisión a trámite de la tercera querella presentada contra él en el Alto Tribunal. En este caso, se trata de las intervenciones telefónicas supuestamente ilegales ordenadas en el marco de la investigación del caso Gürtel. En un escrito de 17 páginas, el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda se adhiere al recurso en el mismo sentido que presentó la Fiscalía el pasado 1 de marzo y acusa al querellante, el letrado Ignacio Peláez, de manipular los hechos relacionados con las intervenciones telefónicas mediante "inexactitudes y mendacidades tendentes a crear una sensación global de desprecio por el Derecho".

El Tribunal Supremo, sin prisa

Entre estas inexactitudes destaca que Garzón abriera unas diligencias independientes sin petición expresa de la Fiscalía, que se ordenaran las escuchas antes de imputar al abogado José Antonio López Rubal (según la causa, se le imputó diez días antes de intervenir sus comunicaciones), o que este letrado desconociera su condición de investigado.  La defensa de Garzón subraya, al contrario de lo que sostiene Peláez en su denuncia, que la ley "no declara la inmunidad absoluta de las conversaciones entre los internos de los centros penitenciarios y los abogados que les visiten", y tampoco lo ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Sobre las escuchas ilegales sigue deliberando también  el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que debe estudiar las decenas de recursos presentados contra esta actuación. Dentro del Tribunal existen discrepancias a la hora de considerar válidas las intervenciones. En todo caso, si se anularan todas o parte de ellas, podría ser considerado un indicio contra Garzón, pero no un hecho irrefutable para que el Tribunal Supremo condene al magistrado por prevaricación.

Por otra parte, el Supremo tiene que estudiar el recurso de Garzón contra el auto del instructor Luciano Varela, que le investiga por el caso de la Memoria Histórica. Fuentes jurídicas apuntaron que los magistrados no tienen entre sus prioridades resolver este recurso, y no van a acelerar el proceso sólo para que el CGPJ, cuyo próximo Pleno será el 24 de marzo, se anime a decidir ya si suspende o no al magistrado.