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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy por unanimidad otorgar un plazo de diez días al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para que formule las alegaciones que considere oportunas sobre el inicio por este órgano de los trámites para suspenderle en sus funciones, en relación con las dos causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo.

Según informaron fuentes del CGPJ, la Comisión ha aceptado escuchar al magistrado "por razones constitucionales", ya que entiende que la persona afectada debe poder pronunciarse "para que no se produzca indefensión".

La Ley de Procedimiento Administrativo permite conceder esta audiencia al magistrado, de modo que antes de decidir sobre su eventual suspensión cautelar los vocales tendrán en cuenta sus argumentos, y no sólo los que exponga la Fiscalía, a la que ya se ha pedido informe sobre este asunto. 

La resolución adoptada el martes pasado por el Consejo de pedir el citado informe al Ministerio Público supuso dar el primer paso para suspender temporalmente en sus funciones al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, si bien el contenido del informe del fiscal no es vinculante. 

La resolución de la Comisión Permanente se fundamenta en la recepción por este órgano del auto del magistrado del Supremo Luciano Varela -que instruye la causa contra Garzón por investigar las desapariciones del franquismo-, en el que éste expuso de forma contundente sus motivos para sentar a Garzón en el banquillo. Esta resolución está pendiente de que la Sala resuelva sobre el recurso de apelación presentado por el magistrado de la Audiencia Nacional.

Los vocales también tienen sobre la mesa el auto dictado por la Sala el pasado 28 de enero admitiendo a trámite una segunda querella contra Garzón -por presunta prevaricación, cohecho y estafa-, relacionada con la gestión de unos cursos patrocinados por el Banco Santander en la Universidad de Nueva York.

Archivada petición de Negrín

Por otra parte, la Comisión Permanente ha rechazado la petición realizada por Carmen Negrín, nieta del último jefe de Gobierno de la II República, solicitando al presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, que se abstuviera de participar en el debate sobre la posible suspensión de Garzón al entender que incurre en "falta de imparcialidad" al haber jurado en su día "lealtad al Caudillo" al entrar en la carrera judicial. 

En este punto, el Consejo tiene en cuenta que dicha petición se refiere a un tema "de índole jurisdiccional en trámite ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo" (referida a la recusación de varios magistrados) y en consecuencia "carece de toda competencia legal para entrar en el análisis de lo solicitado". 

Para este segundo acuerdo, y al estar afectado el propio Dívar, la Comisión Permanente ha estado presidida por el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa.