El CGPJ desbarata los planes de Garzón para evitar ser suspendido antes de irse a la Haya

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o por lo menos parte de él, no está dispuesto a que el juez Baltasar Garzón se salga con la suya y consiga una salida airosa a los procesos abiertos que hay en el Tribunal Supremo contra él.

A comienzos de esta semana, todo apuntaba a que el juez del Alto Tribunal Luciano Varela iba a dictar el auto de apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación del magistrado por investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no era competente.

Ante la inminente noticia, que se hizo pública ayer miércoles, Garzón intentó adelantarse a su suspensión cautelar, paso siguiente tras la apertura de juicio oral. Hizo una maniobra maestra. Solicitó al órgano de los jueces un permiso de siete meses en concepto de comisión de servicios para ir de asesor externo a la Fiscalía de a la Corte Penal Internacional. El propio fiscal jefe se lo había pedido y él, ante su salida inminente del Juzgado Central de Instrucción número 5, aceptó. Se iría a trabajar a la Haya aunque podría viajar por los países investigados por la CPI, en calidad de consultor externo en el desarrollo de nuevas tecnologías de investigación.

La Comisión Permanente del Consejo, formado por cinco vocales, se reunían ayer mismo para estudiar esta petición. Una vez abierto el expediente, el siguiente paso fue pedir una declaración de interés al Ministerio de Asuntos Exteriores y un informe al servicio de personal del CGPJ. Fuentes jurídicas apuntan que el Ministerio, conocedor de esta operación, ya tenía el informe preparado para que los trámites fueran lo más rápidos posibles.

La Comisión se vuelve a reunir el próximo martes y el presidente del Consejo, Carlos Dívar, ya había decidido con anterioridad que no iba a llevar la suspensión de Garzón hasta el pleno ordinario del próximo miércoles día 19.

Con estos plazos en la mano, Garzón tenía todas las papeletas para salir ganando. El permiso lo puede pedir mientras está ejerciendo sus funciones como juez pero una vez quede suspendido ya no lo puede solicitar. Y una vez aceptada la comisión de servicio, la suspensión queda sin efecto porque en la Corte Penal Internacional no va a actuar en calidad de magistrado sino simplemente como asesor. Esto le permitía seguir trabajando y estar en la luz pública mientras sus tres procesos en el Tribunal Supremo se iban cerrando. En una palabra, ganaba tiempo. Sin embargo, siete vocales del órgano de los jueces se han adelantado a sus movimientos y han solicitado a Dívar la celebración de un pleno extraordinario este viernes día 14.

La suspensión de un juez cuando existe un auto de apertura de juicio oral contra él, es decir que existen suficientes indicios para sentarle en el banquillo y que un tribunal le juzgue, es mecánica. Así lo recoge la ley aunque algunos vocales todavía dudan de que exista alguna maniobra más por parte de Garzón o sus defensores para que en el pleno no le suspendan.

Todo depende del equilibrio de fuerzas dentro del Consejo

Algunos de los miembros del Consejo que ven inminente la suspensión de sus funciones, temen que algunos de sus compañeros planteen la posibilidad de estudiar primero su permiso a la CPI. Aquí se verá el equilibrio de fuerzas en el Consejo y los apoyos que tiene el magistrado dentro del órgano.

Varela no ha tardado en cerrar la fase de investigación y abrir la fase de juicio oral una vez que la Sala de lo Penal del Supremo rechazó su recusación planteada por Garzón por su parcialidad en el proceso e intentar colaborar con las acusaciones, Manos Limpias y Falange Española.

Hay que recordar que en este proceso, la Fiscalía no acusa al magistrado y critica a Varela por aceptar la causa sin acusación del Ministerio Público. Precisamente, el instructor ha contestado en su auto de ayer al fiscal recordándole que “omite, olvida o ignora” la doctrina Atutxa por la que el Supremo confirmó que con una acusación particular es suficiente para abrir un proceso, posteriormente confirmada por la doctrina Ibarretxe. “No resulta admisible en Derecho que el fiscal emplace a este instructor a que decida en contra del criterio del Tribunal Supremo”, recalca Varela.