La CUP arranca a Mas un plan radical para investirle: renta mínima y gravar a la banca

La CUP y Junts pel Sí han llegado a un preacuerdo para seguir negociando la investidura de Artur Mas, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones entre ambas formaciones políticas. Este principio de pacto no quiere decir que Mas tenga la investidura asegurada pero busca presionar a la asamblea que celebrará la CUP el 27 de diciembre y a los sectores más reticentes a investir a Mas, los cuales lidera la 'cupaire' Anna Gabriel. Junts pel Sí ha aceptado comprometer 258 millones más de gasto social en los Presupuestos de 2016 a cambio, sólo, de que no se rompan las conversaciones.

El acuerdo fue filtrado por CDC al diario 'Ara' potenciando las medidas sociales y sin destacar el coste total, que supone incrementar el gasto del nuevo presupuesto de una Generalitat que este año vuelve a incurrir en incumplimientos de déficit más que notorios.

El objetivo es presionar a la asamblea que la CUP celebrará el próximo 27 de diciembre. Pero algunos miembros destacados de Junts pel Sí, como la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, o el parlamentario y exjefe de prensa de Mas, Lluís Corominas, se oponían al mismo, a menos que garantizase una investidura de Mas. Al final, el presidente catalán en funciones optó por avanzar los detalles del plan social como última carta para seguir en el cargo.

La firma de este preacuerdo ha tenido como primera consecuencia que se inicie una nueva ronda de conversaciones entre Junts pel Sí y la CUP, y que algunos de los negociadores, como Raül Romeva, se hayan mostrado de nuevo optimistas, tras un período de desánimo en los entornos del soberanismo.

El plan es un giro a la izquierda que bien podría firmar Podemos. Incluye medidas como que los gigantes del sector financien el grueso del programa contra la pobreza energética (sólo 10 millones de apoyo público de la Generalitat), recuperar la renta mínima de inserción que recortó Mas-Colell (50 millones adicionales), reducir las listas de espera sanitarias (98 millones), dar las ayudas de dependencia a las personas que las tengan reconocidas (70 millones) y más plazas de guarderías a precio razonable (15 millones), entre las partidas más notables.

Hay otras medidas izquierdistas expresadas con más vaguedad y sin dotación presupuestaria concreta. Por ejemplo, se habla en el punto número 17 del pacto de “parar el traspaso del canon del agua hacia empresas mixtas o privadas”. ¿Quiere decir esto que se retrotraerán servicios de agua que ahora explotan empresas privadas como Agbar o Acciona? Son éstas las que centran ahora la nueva ronda de conversaciones entre las dos formaciones políticas.

Fuentes de Junts pel Sí han declinado hacer declaraciones sobre la existencia del preacuerdo y sobre su cuantificación económica. Por otro lado, también han preferido no pronunciarse respecto a la falta de competencias de la Generalitat para poder impulsar buena parte de las medidas que se recogen en el documento.

Subida de impuestos

El giro izquierdista prevé una subida general de impuestos, incluyendo restaurar el tributo sobre depósitos bancarios (que anuló el Gobierno), “desarrollar la tributación medioambiental”, reinstaurar el impuesto sobre energía nuclear e incrementar la tasa turística. Con el actual marco legal, sólo la última medida sería posible, pero eso no parece arredrar a los firmantes.

El plan de los convergentes pasa por hacerlo oficial después de las generales, una semana antes de la asamblea de la CUP el próximo 27 de diciembre

También hay bajadas del IRPF para las rentas bajas, diferir las cargas fiscales para autónomos y emprendedores y crear una “Policía Fiscal” para perseguir a los defraudadores, punto 16 del acuerdo.

El pacto preliminar parece pensado contra los poderes fácticos. Así, por ejemplo, se dispone aprobar la “dación en pago” (punto 11), lo que va contra los intereses de la banca y para lo que la Generalitat no tendría competencias. Pero la cuestión de la falta de competencias no inquieta a los firmantes.

Peor paradas salen las empresas energéticas, que no sólo deberían sufragar las ayudas contra la pobreza energética. Entre otras medidas, se aboga por “revocar la reforma eléctrica española” para “primar el autoconsumo y las energías renovables”, además de una auditoría pública “sobre la legitimidad de los costes de transición a la competencia y del déficit de tarifa que pagan los usuarios en Cataluña”.

Sin competencias

El acuerdo no detalla cómo se podrían implementar medidas para las que se carece de competencias desde Cataluña como “completar la reconversión del ICF en un banco público” (punto 13 del documento preacordado), una estrategia que ya ha topado con el veto por pasiva del Banco de España.

En el mismo caso se encontraría el “nuevo salario mínimo catalán”, que se fija en 1.000 euros mensuales, cuando ahora el salario mínimo interprofesional español está establecido en 648,6 euros al mes. En ambos casos aunque Mas formase gobierno no podría llevar a la práctica el grueso de la medidas acordadas al carecer de poderes legales para ello.

Malas perspectivas electorales

Las malas perspectivas electorales para Democracia i Llibertat –la nueva marca heredera de CDC– hacen que la totalidad del documento no se haya hecho público, para intentar no perder votos entre el electorado tradicional de Artur Mas, más de centro derecha.

El plan de los convergentes pasa por hacerlo oficial después de las generales, una semana antes de la asamblea de la CUP, para colocar a Anna Gabriel y sus seguidores del colectivo Endavant entre la espada y la pared y que así esta agrupación de extrema izquierda avale la reelección de Mas. El que la mayor parte del plan no esté al alcance legal de un gobierno autonómico parece un pequeño detalle para los firmantes. Tampoco sería tan raro, puesto que la declaración de desconexión del Parlament, ya fue calificada de simbólica por la propia cámara catalana cuando se presentó el recurso ante el Tribunal Constitucional.