La sanidad catalana perdería cientos de millones para investigar por la secesión

Una Cataluña independiente lo tiene difícil en el terreno sanitario. Eso es lo que afirma Societat Civil Catalana (SCC), una entidad antiindependentista que se ha convertido en referente contra la secesión. Esta entidad, que preside Josep Ramon Bosch, hizo un decálogo que enumera unas consecuencias de la independencia en el ámbito sanitario que ponen los pelos de punta. El contrapunto es la promesa de Artur Mas de rebajar la mortalidad por cáncer. Más disparidad, imposible. La campaña catalana, pues, va llegando a su punto álgido.

En primer lugar, afirma el texto de SCC, los ciudadanos del nuevo Estado “perderían su tarjeta sanitaria y el derecho a la asistencia sanitaria en el resto de España y en Europa, al dejar de formar parte de un Estado miembro de la UE”. Asimismo, la investigación padecería un auténtico descalabro, porque “Cataluña es la comunidad que más dinero obtiene del Estado para investigación biomédica, cerca del 50%, y también el 50% de los fondos europeos que recibe España”.

Asimismo, el decálogo destaca que esta es “la comunidad autónoma más beneficiada con el sistema español de trasplantes, al ser la primera en número de trasplantes y ocupar el último lugar en donación de órganos”. Son números referidos al año 2014, especifica. Paralelamente, destaca el texto de SCC que Cataluña dejará de ingresar un chorro de dinero por la actividad hospitalaria de trasplantes y donación de organos. Solo entre 2010 y 2013, recibió por estos conceptos un total de 220 millones de euros.

“Cataluña, si fuera independiente -dice otro de los puntos-, no podría conseguir los resultados actuales en trasplantes sin la donación solidaria y altruista de órganos y tejidos del resto de comunidades autónomas españolas”. También destaca que “más de 10.000 personas trabajan en investigación biomédica en Cataluña [son datos de 2012], con un presupuesto de 260 millones de euros (55 millones provienen de la Generalitat; 60 millones, del Gobierno; 50 millones, de fondos europeos; 66 millones, de la industria del medicamento relacionada con el Estado, y el resto proviene de fondos privados). Por cada euro invertido, se multiplica por dos en actividad económica”.

Un sistema de clientelismo y corrupción

SCC destaca también que el sistema público estatal de formación de especialistas vía MIR “es reconocido internacionalmente y sus profesionales son muy solicitados en múltiples países”, pero los últimos recortes apuntan a un nuevo sistema que pondría en peligro “el excelente modelo de formación de especialistas”.

Asimismo, critica que el sistema catalán de los últimos años “ha sido objeto de numerosos casos de clientelismo político y de corrupción para beneficio del partido en el poder y de sus dirigentes”. Y enfatiza que mientras se recortaba en sanidad se inyectaban “ingentes cantidades de dinero para el proceso independentista”. Se refiere, aunque no los cita, a escándalos de corrupción como el caso Innova, que están siendo investigados por los juzgados y que han costado el puesto incluso al director del Instituto Catalán de la Salud (ICS), en un escándalo sin precedentes en el mundo sanitario del que apenas ha asomado la punta del iceberg.

En otro de los apartados, indica que “la sanidad catalana fue transferida a la Generalitat en el año 1980 y los últimos cinco años hemos visto el modelo de salud de Artur Mas y CiU: recortes indiscriminados, reducción del presupuesto un 15% y de salarios un 20%, disminución de personal un 10%, listas de espera, saturación de urgencias y del médico de familia, corrupción y privatizaciones”.

Por último, destaca el decálogo:”¿Por qué motivo nos íbamos a creer ahora que podrían crear un nuevo país con un nuevo modelo sanitario donde todo sería maravilloso, cuando han tenido tiempo y la competencia para hacerlo antes? ¡No dicen la verdad y menos al doblar el déficit de Cataluña de 35.000 a 70.000 millones de euros en cinco años!”.