el constitucional podrá actuar por su cuenta

Rajoy suma el TC a la ley de Seguridad Nacional para frenar a Mas y evitar el art. 155

El Ejecutivo cierra el cerco legal sobre el reto de Mas con una reforma del Constitucional que incluye la facultad de suspender en sus funciones a “las autoridades” que se salten sus resoluciones

Foto: Mariano Rajoy, en un homenaje a los 186 policías nacionales asesinados en atentados terroristas. (EFE)
Mariano Rajoy, en un homenaje a los 186 policías nacionales asesinados en atentados terroristas. (EFE)

Además de las Cortes y el Gobierno, el Tribunal Constitucional también podrá proceder por su cuenta contra cualquier golpe contra la unidad nacional como el anunciado por Artur Mas y Oriol Junqueras. El Ejecutivo tendrá cerrado en octubre el cerco legal sobre el desafío separatista en Cataluña con una reforma de la ley orgánica del TC que incluye la facultad de suspender en sus funciones a “las autoridades o empleados públicos” que se salten sus resoluciones.

Mariano Rajoy amplía la panoplia de respuestas legales a un posible intento de secesión o proclamación de un “estado catalán”. Además del artículo 155 de la Constitución, o más bien para evitar su aplicación dado que no hay ley que lo desarrolle en detalle, el Gobierno tendrá en su mano la nueva ley de seguridad nacional que se aprobará este mes y que faculta al Ejecutivo para poner a sus órdenes a todo el personal y los medios de la administración en caso de crisis, incluido el ataque al ordenamiento constitucional.

El artículo 155 de la ley de leyes faculta al Gobierno, previa votación en el Senado, para intervenir (no a suspender) una institución del Estado como es un gobierno autonómico si insiste en saltarse la ley. Se deduce del precepto que lo haría dando órdenes a los funcionarios y autoridades implicadas, pero en 37 años de democracia no se ha desarrollado el procedimiento.

Artur Mas. (Reuters)
Artur Mas. (Reuters)

Ahora, en la reforma de la ley del Tribunal Constitucional se dota a ese órgano de facultades y medios para que pueda hacer cumplir sus resoluciones. También para que requiera la colaboración del Ejecutivo con los mismos fines. Rajoy ha recurrido al Grupo Parlamentario en el Congreso para presentar la citada reforma, que aprobará por trámite de urgencia en la Cámara antes de que termine este mes. Luego pasará al Senado y a mediados de octubre terminará su tramitación parlamentaria.

Ambas leyes de utilidad “preventiva” frente a los planes de Mas y Junqueras de proclamar la secesión de Cataluña estarán en el BOE después de las elecciones del 27-S, pero antes de que se constituya la nueva Cámara autonómica a finales de octubre.

El Gobierno quiere evitar los vacíos legales, más bien de tiempos judiciales, que se registraron en la consulta separatista que los nacionalistas organizaron el pasado 9 de noviembre. El Tribunal Constitucional prohibió el remedo de referéndum, pero como carecía de facultades para intervenir, Mas consumó la farsa mientras la Fiscalía se pensaba qué hacer y al final la desobediencia se tramita por la vía judicial ordinaria con el retraso consabido. El procedimiento sigue parado.

En el proyecto de reforma de la ley del TC, se desarrolla todo el procedimiento para ir contra cualquier autoridad o empleado público que incumpla sus decisiones. El Tribunal podrá recabar el auxilio de cualquier administración o poder público para “garantizar la efectividad de sus resoluciones”.

Nuevo artículo 92: el TC podrá “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable“

Además de las multas, ya establecidas en la ley vigente, la principal novedad de la reforma está en el nuevo artículo 92: el TC podrá “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del Tribunal”.

La cuantía de las multas para los funcionarios o políticos “desobedientes” se actualizan y pasarán de la horquilla actual de 600 a 3.000 euros a la de 3.000 a 30.000 euros.  

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