Llarena pedirá un informe a la Abogacía del Estado para dejar a Montoro en evidencia

El juez Pablo Llarena prevé dar un nuevo paso tras las declaraciones del ministro Cristóbal Montoro sobre la ausencia de cargos al gasto público destinados a sufragar el referéndum del 1 de octubre con el que pretende evidenciar una de las principales contradicciones de la postura del titular de Hacienda. Su intención es reclamar un informe a la Abogacía del Estado para que explique por qué motivo se encuentra personada en la causa en que se investiga el 'procés'.

Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que el magistrado solicitará este escrito si el ministro se mantiene en lo expresado e insiste en que el Govern no utilizó fondos de las arcas estatales o autonómicas para este cometido. Entonces, y a la vista de las manifestaciones realizadas por Hacienda, pedirá a los defensores de los intereses estatales que justifiquen su condición de parte en el procedimiento. El magistrado pidió hace ya siete días que le informara a la mayor brevedad posible sobre "el soporte objetivo concreto de sus declaraciones" en una entrevista al diario 'El Mundo', en la que expresó tener la certeza de que la consulta no se financió con dinero estatal o autonómico. Hacienda ha avanzado que prevé remitir en bruto la totalidad de las cuentas desde el año 2015.

Pese a la seguridad con que descarta un uso de fondos públicos, fue el propio Ministerio de Hacienda el que ordenó al organismo que asiste jurídicamente al Estado que se personara como parte acusadora en el procedimiento que sigue el alto tribunal, y lo hizo ante la existencia de indicios totalmente opuestos a las afirmaciones de Montoro y que apuntan a la comisión de un delito de malversación. Además, desde su cartera se impulsó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por hechos similares. Ninguna de las dos cosas parece coincidir con las declaraciones de hace unos días, cuando dijo que no sabía de dónde había salido el dinero para "esas urnas de los chinos" o la manutención del 'expresident', y descartó categóricamente que procediera de las arcas públicas.

El pasado mes de noviembre, su ministerio denunció a Puigdemont, a sus 'exconsellers' y a las plataformas independentistas ANC y Òmnium Cultural ante el organismo fiscalizador como paso previo a la apertura de un expediente de responsabilidad contable similar al que ya se instruye contra Artur Mas y otros miembros de su Govern por el referéndum del 9 de noviembre. Entonces, el propio Montoro defendió la iniciativa y aseguró que era "evidente" que se usaron recursos y medios materiales públicos.

Desde diciembre

Poco después, en diciembre, el juez Llarena aceptó en una providencia que la Abogacía del Estado se sentara a pleitear junto a la Fiscalía y a la acusación popular en el procedimiento abierto contra el Govern cesado en pleno por delitos de rebelión, sedición y malversación. El magistrado admitió su presencia como perjudicado por los fondos que presuntamente la Generalitat habría desviado de manera irregular para preparar la consulta, al considerar que, tras la aplicación del artículo 155, es el Estado el responsable de velar por la contabilidad de la comunidad autónoma.

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La Abogacía también está presente en otra de las causas en que se investiga la malversación, la que dirige el Juzgado 13 de Barcelona. En esas dependencias judiciales, se rastrea la existencia no solo de cantidades destinadas al 1-O sino también a la creación de las estructuras necesarias para la puesta en marcha de una república independiente como, por ejemplo, la Hacienda pública catalana.

El instructor tomó la decisión tras señalar que varios de los procesados —entre ellos, el 'vicepresident' y responsable de Economía, Oriol Junqueras— se han referido en las indagatorias celebradas en los pasados días a "la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros". Fundaron sus alegatos "en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogidas en esta instrucción", decía el juez.