Cataluña entra en un punto de no retorno tras el reglamento exprés y Nin imputado

Ni diálogo, ni interlocutores, ni puentes. Es el choque duro. A falta de dos meses para la celebración de la consulta del 1 de octubre, la estrategia del Gobierno central parece regirse por el principio de acción-reacción. A cada decisión formal del bloque secesionista encaminada a la celebración del referéndum, el Ejecutivo de Mariano Rajoy responde “proporcionalmente con las herramientas legales de las que dispone”, señalan fuentes gubernamentales.

Ayer, después de que el pleno del Parlament diera luz verde —en contra de las advertencias de los letrados de esta institución y de las directrices del Consejo de Garantías Estatutarias— a la reforma del reglamento de la Cámara que permitirá aprobar la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica sin apenas debate, el presidente del Gobierno solicitó un dictamen urgente del Consejo de Estado. Fuentes del Ejecutivo han informado de esta petición de Rajoy para determinar posibles actuaciones futuras ante esa modificación.

Otra de las posibilidades que se barajan es que el Consejo de Ministros del próximo viernes apruebe la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esas son las dos vías de las que se está valiendo el Ejecutivo para poner freno a las ofensivas soberanistas: la vía judicial y la estrictamente económica, esto es, cortar el grifo de la financiación si se demuestra que se están destinando fondos públicos a la preparación de la consulta del 1-O.

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Los acontecimientos enrarecen el ya de por sí complicado ambiente político. Ayer por la tarde, hubo un acre debate parlamentario tras el que Junts pel Sí (JxS) y la CUP aprobaron la reforma exprés. Ello originó un cruce de acusaciones entre los partidos que apoyan al Gobierno y la oposición, en el que todos se acusaron mutuamente de no ser demócratas.

Un dirigente del Partit Demòcrata Europeu (PDeCAT) apunta a que la situación corre el riesgo de enquistarse, pero quien saldrá ganando al final será el nacionalismo. “Solo hay que ver el cambio de actitud en algunos medios de comunicación internacionales: es posible que no se posicionen a favor de la independencia, pero exigen a Mariano Rajoy que resuelva el problema de una vez por todas y que dé una salida a las aspiraciones del pueblo catalán. Se lo han dicho desde el 'Financial Times' hasta el 'The New York Times' y algunas agencias internacionales. El Estado tiene a todos en contra en estos momentos”. Y, mientras tanto, algunos pescadores tratan de obtener sus ganancias en este río revuelto.

El juez Ramírez, bestia negra

Por si esto fuera poco, ayer se supo que el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, está imputado, ante indicios que supuestamente lo incriminan en los preparativos del referéndum del 1-O, en la causa por sedición que dirige el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Este factor nuevo ha provocado que la escalada verbal vaya en aumento.

“Con la imputación del secretario general de Presidencia, lo que están haciendo es criminalizar el diálogo”, aseguran fuentes del Ejecutivo catalán a El Confidencial. “Es una barbaridad la imputación de Nin. En primer lugar, porque el Pacto Nacional por el Referéndum es un mandato del Parlamento catalán y lo que pide es un referéndum pactado con el Estado. No está para organizar el referéndum del 1 de octubre”.

En estos momentos, la situación es muy tensa. Tanto, que el Gobierno catalán denunciará al juez titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez, y a la Guardia Civil por abrir “una causa general contra la voluntad de votar del pueblo de Cataluña”. Esas fueron las palabras del consejero de Presidencia, Jordi Turull, que ayer por la tarde impartió a los servicios jurídicos de la Generalitat las órdenes oportunas para presentar una querella criminal contra el magistrado y el instituto armado.

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Los agentes investigan por orden judicial el gasto del Gobierno en la apertura de la web del Pacto Nacional por el Referéndum. Y como el TC ha dictaminado que cualquier acto relacionado con la organización de la consulta del 1 de octubre es anticonstitucional, la Administración catalana debe cuidarse de no dedicar esfuerzos económicos a fomentar el citado referéndum. Ayer también fue llamado a declarar el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells, pero a este no se le comunicó ninguna medida en su contra.

Con estas iniciativas, el titular del juzgado 13 de instrucción, Juan Antonio Ramírez, ha pasado ya a ser una de las bestias negras del independentismo. De hecho, ya estaba en el punto de mira de los radicales desde hace años, ya que dictó muchas órdenes de prisión provisional para alborotadores callejeros. Recientemente, en 2014, envió a la cárcel a un ‘casteller ‘del barrio de Sants, detenido en el transcurso de los incidentes de Can Vies (semanas de guerrilla urbana en las calles de Barcelona), que luego fue absuelto. Más tarde, abrió diligencias contra el entonces director general de los Mossos d’Esquadra, Albert Batlle (recientemente cesado), por la omisión del deber de perseguir delitos, al no denunciar la pitada contra el himno español en el campo del Barça el 30 de mayo de aquel año.