Otro varapalo a Mas: el TSJC abre diligencias contra Germà Gordó, exgerente de CDC

A la tercera fue la vencida: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) abre diligencias contra el exdiputado de Convergència Germà Gordó por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos públicos y otros. Su imputación había sido pedida por el juez de El Vendrell, Josep Bosch -instructor del conocido caso 3%-, que no puede investigar al político debido a su calidad de aforado al ser diputado.

Gordó fue el primer secretario del Gobierno de Artur Mas, para pasar posteriormente a consejero de Justicia entre 2012 y 2016. Con anterioridad, había sido gerente de Convergència (entre 2004 y 2011), con responsabilidades “organizativas y económicas”.

Un auto del TSJC fechado este pasado jueves señala que mientras fue gerente de CDC y miembro del Consejo de Administración de la empresa pública Infraestructures, “llevó a cabo, presuntamente junto a otras personas, una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de determinados concursos públicos ofertados por la Administración autonómica catalana, como contraprestación de dicha adjudicación, para la culminación de la cual terciaba el señor Gordó directa o indirectamente ante las autoridades responsables de su decisión, la realización de cuantiosas donaciones a dos Fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, en concreto las Fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona”.

El relato de los hechos apunta a que el diputado logró, con su intervención, que, por ejemplo, la empresa Copisa donase 100.000 euros a esas fundaciones “a cambio de la adjudicación por el Consorcio de Educación de Barcelona a dicha empresa del contrato de obras de mantenimiento de diversos edificios escolares públicos (…) por un importe de 4.735.862 euros (…); y, por otro lado, a cambio de la adjudicación por la Autoridad Portuaria de Barcelona, en cuyo Consejo de Administración participa la Generalitat de Cataluña, a una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte Copisa junto a otras (Comsa, Acsa, Benito Arnó), del contrato de obras para refuerzo del talud del manto principal del dique este del Puerto de Barcelona (…) por un importe estimado de 39.603.138,83 euros”.

Íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola

Las dádivas, según el tribunal, fueron negociadas “personalmente” por Gordó con el entonces consejero delegado de la compañía, Xavier Tauler, posteriormente despedido de la misma. Tauler es íntimo amigo de Jordi Pujol Ferrusola (de hecho, le llegó a prestar unas naves de Copisa, sin que sus dueños lo supiesen, para guardar su flotilla de coches de lujo) al que conoce desde niño y está encausado también en el sumario que se sigue contra los Pujol en la Audiencia Nacional.

Gordó también logró donaciones de la constructora Pasquina por un monto de “al menos” 147.000 euros entre los años 2015 y 2015 a cambio de la adjudicación de obras públicas en carreteras por valor de más de 2,1 millones de euros. Esta empresa consiguió, asimismo, adjudicaciones del departamento de Territorio y Sostenibilidad por más de 7,2 millones.

Asimismo, Gordó, según el auto del TSJC, se habría aprovechado de sus relaciones personales y políticas con Josep Manel Bassols Puig para adjudicar contratos a la compañía Oproler por más de 2,6 millones de euros. Bassols fue el responsable de las campañas electorales de Convergència en Girona durante años y es marido de Núria Bassols, la jueza que exoneró por sorpresa al presidente de Adigsa en el primer escándalo del 3% (que se ha juzgado este mes de mayo) y que, tras esa acción, fue fichada por Artur Mas como comisionada de la Transparencia, con salario de consejera de la Generalitat.

Reuniones sospechosas

Tras las operaciones judiciales en el marco del sumario del 3%, se incautaron “agendas y libretas con anotaciones manuscritas”, así como otros documentos que apuntan a que antes de las adjudicaciones de obras, se realizaban reuniones de los responsables de las compañías adjudicatarias tanto con el tesorero de Convergència, Andreu Viloca, como con Gordó. Y, tras las adjudicaciones, se producían altruistas y generosas ‘donaciones’ a las fundaciones de Convergència.

El pasado mes de diciembre, el juez Bosch ya pidió al TSJC que imputase al diputado 'convergente', aunque el alto tribunal rechazó esta petición. “Es cierto que en nuestro auto de 11 de enero de 2017 observamos que existían ciertas inconcreciones en el relato de la primera exposición razonada, por lo que se refiere a la relación de las fechas de las adjudicaciones y las de las donaciones, e hicimos alusión a una imprecisión en la descripción de la relación causal entre unas y otras”, dice el auto.

Y luego, subraya que “pero dicha valoración no tenía otra justificación que concluir que no se había agotado, entonces, la actividad investigadora acometida por el juzgado remitente por lo que respecta a la conducta atribuida indiciariamente a la persona aforada, especialmente por lo que se refiere a la indagación, frente a los titulares de las agendas, de si las anotaciones efectuadas en ellas se referían a encuentros y reuniones realmente mantenidos con el ilustre señor Germà Gordó”.

El auto da por hecho que Bassols, al hablar con el propietario de Oproler, se refería a Gordó con un nombre supuesto (le llamaban ‘Gerardo’ y ‘Gregorio’ para ocultar su identidad, aunque se descubrió al cotejar los mensajes entre los directivos y las anotaciones en las agendas oficiales). También señala el auto que las declaraciones de testigos protegidos (uno de ellos acusó al propio Artur Mas de decirle en persona que tendía que hablar del tema de dinero con Gordó) “contiene información que permite conferir cierta verosimilitud, no obstante su carácter meramente indiciario, a los datos recabados en la presente instrucción y a las sospechas del instructor. En consecuencia, procede asumir la competencia para investigar los hechos atribuidos al ilustre señor Germà Gordó y, en consecuencia, designar instructora de la causa al ilustrísimo señor don Enric Anglada”.