Puigdemont usará al Parlament de escudo para evitar que inhabiliten a su Gobierno

El Gobierno catalán maniobra para evitar la inhabilitación de sus miembros ante la convocatoria del referéndum independentista. La filtración de los planes de sustituir esa consulta por una declaración unilateral de independencia e inmediatamente la convocatoria de elecciones 'constituyentes' ha sabido a cuerno quemado en el Ejecutivo de Carles Puigdemont, que lleva todo lo relacionado con el ‘procés’ en el más absoluto secretismo, hasta el punto de que la cúpula de la Generalitat ha prohibido a los partidos que traten temas sobre el referéndum en sus reuniones parlamentarias o que informen a la militancia o incluso a las cúpulas de los propios partidos, todo ello para evitar filtraciones precisamente.

Fuentes cercanas al Gobierno catalán reconocen a El Confidencial que la estrategia independentista se basa en el blindaje del Govern. “La prioridad es evitar sacrificios e inhabilitaciones”, subraya una de las fuentes consultadas. Nadie quiere arriesgarse a inhabilitaciones futuras por haber vulnerado la ley, aunque solo sea por lo que pueda pasar y por si Cataluña no se separa de España. En ese caso, los condenados por desobediencia y prevaricación (si no se le añade malversación de fondos públicos) pueden ver frustradas sus carreras políticas al no optar a ocupar puestos en las administraciones públicas en el futuro próximo.

Ante ello, la estrategia se basa en utilizar el Parlamento catalán como parapeto o escudo para el Gobierno de la Generalitat. “Siempre es más difícil neutralizar a todo un Parlamento que acusar personalmente a cuatro o cinco miembros de un Gobierno”, admite una fuente independentista. Pero otra fuente señala que “de la misma manera que se pueden intervenir el Govern o los Mossos, también se pueden suspender las funciones del Parlamento durante un periodo determinado”. Los independentistas, no obstante, consideran que la intervención de un Parlamento es mucho más ‘visual’ que la inhabilitación de un Gobierno por desobedecer a un tribunal, puesto que se trata de borrar de un plumazo el poder legislativo, en el que están representados todos los partidos políticos.

La estratagema de poner como punta de lanza al Parlamento encontró una buena aliada en la presidenta de la Cámara legislativa, Carme Forcadell. Poco después de su elección como presidenta de la Cámara, una fuente independentista ya señalaba a este diario que Forcadell sería una de las pocas víctimas verdaderas que se cobrará el ‘procés’. Procesada en la actualidad, precisamente ayer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) rechazó su apelación. La presidenta solicitaba que se archivase la denuncia reconociéndole la inviolabilidad de los diputados. Y el TSJC le responde en un auto que “la causa se sigue por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia graves a los mandatos del TC en el ejercicio de sus competencias supuestamente cometidas por los miembros de la Mesa del Parlamento (no por otros diputados) al dar curso a iniciativas parlamentarias ya declaradas inconstitucionales y no por ningún delito de opinión, como parece entenderse”. Y es que Forcadell, así como los otros procesados en la causa, afirma que se les ha imputado por opinar diferente, en una cabriola dialéctica de difícil justificación. El auto del TSJC es un nuevo varapalo jurídico que apunta directamente a la estrategia independentista de tergiversar de manera sorprendente los verdaderos motivos de los procesamientos.

Pero no hay que olvidar que es el Parlament una de las cartas secretas que quiere jugar Puigdemont: que sea esta Cámara la que corra con el peso de una declaración unilateral de independencia para que no se pueda acusar al Gobierno de la Generalitat de nada. En todo caso, el Govern aparecerá después como mero brazo ejecutor de un “mandato popular aprobado por mayoría en el Parlamento”. De ahí que sea esta institución la que debe romper la legalidad española vigente, acogiéndose a un voto secreto de los diputados. Siempre será más difícil inhabilitar a más de 70 diputados que a la cúpula de un Gobierno. Es una jugada táctica que, en cambio, según reconocen a este diario expertos en la materia, jurídicamente tiene poco recorrido.

Para culminar esta estrategia, se hace necesario también regar la confrontación institucional. En las filas independentistas se ha instalado ya la variable de que “el choque de trenes es inevitable”. O sea, “habrá crisis institucional y ante ello no se puede hacer nada”. En algunos círculos secesionistas se reconoce que “cuanto más lío, mejor para nosotros y peor para ellos”. De ahí que se haya instalado ya en sus filas la “determinación absoluta de que esto solo acabará en una gravísima crisis institucional”.

Una persona que conoce a fondo los posicionamientos del Gobierno catalán señala a El Confidencial que hay un convencimiento en algunos sectores clave de que “la crisis es necesaria para desencallar una negociación que, de otro modo, estaría enquistada para el resto de sus días”. De ahí que se promueva y jalee, incluso desde instancias oficiales, todo lo que suene a confrontación. Otro más de los desbarajustes ‘procesistas’.