Puigdemont imita a Artur Mas y entierra bajo la alfombra el desfalco del Palau de la Música

¿Regeneración democrática? ¿Transparencia? Ni por asomo. El Gobierno catalán sigue igual que siempre: mucha independencia y poca honestidad. El último ejemplo: el juicio del Palau de la Música, en el que se juzga no sólo el desfalco monumental de sus dirigentes, Fèlix Millet y Jordi Montull, sino el aprovechamiento de su estructura por parte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para cobrar mordidas pagadas por Ferrovial a cambio de obra pública adjudicada. Mañana miércoles, las partes personadas han de presentar sus conclusiones definitivas. Pero el Gobierno catalán mira hacia otro lado y no reclama lo que le pertenece a una institución que ha sido expoliada. Claro que ese expolio ha ido a parar, en buena parte a las arcas del partido que manda en el Gobierno. Sólo así se entiende tal desaguisado.

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EC/Agencias

El pasado viernes, en la reunión que mantuvieron las cúpulas del Consorcio y de la Fundación del Palau de la Música, los representantes del Ayuntamiento de Barcelona pidieron al Gobierno catalán que se persone como parte implicada en el juicio y que exija que le devuelvan los 6,6 millones de euros que presuntamente sirvieron para financiar a CDC.

Todo en vano. Ahora ya no existe CDC, pero existe el Partit Demòcrata Europeu (PDeCAT). Y el 'modus operandi' es el mismo. Parece que han cambiado los monjes, pero no los hábitos. “El pasado viernes, se habló en la reunión de posicionarse de manera honesta ante la ciudadanía, reclamando una cantidad de dinero que presuntamente se ha ido hacia fines poco claros. Lo único que se pide es que en el trámite de conclusiones, el decomiso del dinero se quede en el Palau para actividades de desarrollo de esta entidad”, señala a El Confidencial un miembro de la dirección de esas instituciones.

Incluso hubo un amago de bronca, en la que el Ejecutivo catalán intentó acusar de politizar el asunto a los que pedían claridad de miras

El Gobierno catalán no sólo se opuso contundentemente a esa petición, sino que incluso hubo un amago de bronca monumental, en la que el Ejecutivo catalán intentó acusar de politizar el asunto a los que pedían claridad de miras. “El Ayuntamiento de Barcelona planteó volver a la línea originaria que acusaba de tráfico de influencias y de financiación irregular de CDC a través de obras públicas adjudicadas a Ferrovial. Ya lo pedimos al inicio del juicio y ahora solicitamos que en las conclusiones definitivas que han de presentarse ante el juez el 17 de mayo se tengan en cuenta esas acusaciones”, explica a El Confidencial una fuente del consistorio barcelonés, institución que está representada en los órganos de dirección del Palau. Nada de nada. La reunión del viernes, según fuentes que asistieron a la misma, “pasó del terreno jurídico al cómico”, con planteamientos partidistas y situaciones casi surrealistas.

Ante estas circunstancias, la alcaldesa, Ada Colau, envió una carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que convoque otra reunión urgente de los órganos de dirección del Palau para hoy, martes, y “replantear el posicionamiento en el procedimiento judicial del caso Palau”. Reclama un ejercicio de “regeneración democrática”. El teniente de alcalde Jaume Asens y el comisionado para la transparencia, Joan Llinares, también comparecieron en rueda de prensa para exigir que el ‘Govern’ rectifique y no encubra la supuesta financiación ilegal de CDC. “Se han priorizado los intereses del partido por encima de los del país. Creemos que se ha utilizado otra vez el Palau, primero CDC para financiarse ilegalmente y ahora el PDeCAT para encubrir y buscar la impunidad”, acusó Asens. Y Llinares recordó que tanto Millet como Montull reconocieron que usaron la institución como tapadera de la financiación ilegal de los convergentes y criticó que ahora la institución no pida responsabilidades al partido que se benefició con el desvío de fondos.

Fuentes de la dirección del Palau reconocen que en la reunión del pasado viernes “no estaban los representantes del Gobierno central “ (en realidad, la representación pública está formada por miembros del Gobierno de Madrid, el Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Barcelona, siendo la Generalitat quien lleva la voz cantante). Por eso se salió con la suya la representación de la Administración autonómica, que vetó cualquier alusión a Convergència y cualquier reclamo de dinero. Y eso quiere decir que si la sentencia da la razón a la institución musical y se le han de devolver esos millones de euros, éstos no entrarían en las arcas del Palau, sino del Ministerio de Cultura.

“Ya es de escándalo que el Palau como institución no acusase ni a Ferrovial ni a Convergència. Y eso porque la propia CDC, desde la cúpula de la Generalitat, lo vetó, aduciendo que el Consorcio del Palau y la Fundación del Palau no son perjudicados, sino que es el Palau de la Música como institución. Ésa era la misma excusa que daba Fèlix Millet, el gran defraudador, cuando le pedían cuentas sobre su gestión en su época dorada. Pero nosotros partimos de la base de que el Palau fue víctima y de que han utilizado su cobertura para cometer un delito de financiación ilegal”, aducen fuentes del Ayuntamiento de Barcelona.

Las excusas del Gobierno catalán suenan a sarcasmo. El secretario general de Podemos en Cataluña, Albano Dante Fachin, criticó que la entidad musical no acuse a Convergència de llevarse su dinero. “Estamos ante la connivencia histórica que no sé si en los pactos del Majestic estaba sobre la mesa. Es el eterno pacto entre la derecha catalana y la española para tapar la corrupción”, argumentó. Y algo de eso debe haber cuando todos los acusados callan.