Puigdemont pierde la batalla de los Mossos: "No se dará una orden ilegal en el 'procés'"

El nuevo ‘estacazo’ del diputado de Junts pel Sí (JxS), Lluís Llach, amenazando por segunda vez a los funcionarios catalanes con represalias si no obedecen una hipotética futura ley que derogue la Constitución, puede convertirse en un bumerán. Su mensaje de represalia hacia los funcionarios iba dirigido concretamente a los Mossos d’Esquadra, un colectivo de funcionarios considerados clave para que el ‘procés’ culmine con la secesión de Cataluña. Pero la cruda realidad obvia el 'estacazo' del otrora cantautor. Los Mossos no están para experimentos políticos de dudosa legitimidad y dudosa esencia democrática.

Tanto la mayoría de los agentes como los mandos no están dispuestos a secundar órdenes que puedan ser ilegales a la luz de la legislación vigente. “Quieren aprobar una hipotética ley con nocturnidad y que la secundemos con los ojos cerrados. Pero es una ley por la que no se crea un nuevo Estado. Ni se proclama la independencia. Ni incluye una nueva Constitución. Es un timo. Si secundáramos esa ley, esto sería un caos absoluto y, si hay una orden en ese sentido desde el poder político, significaría la ruptura de toda la cadena de mando”, explica a El Confidencial un destacado miembro de los Mossos d’Esquadra.

La Policía catalana, asegura esta fuente, “está programada para cumplir la ley. En el mismo momento en que intenten aprobar una ley ilegal que derogue la Constitución, los mandos políticos de Cataluña recibirán una instrucción de la Fiscalía General del Estado instándoles a cumplir el ordenamiento jurídico y a no hacer caso de normas con apariencia de ley”. Y es que, subrayan, “jurídicamente, un grupo de diputados no puede derogar la Constitución. Es ilegal a todas luces”.

Durante las pasadas semanas, el director de los Mossos y nuevo Major (el único Major del cuerpo, la categoría máxima), Josep Lluís Trapero, ha estado visitando algunas comisarías y zonas territoriales. En las reuniones con mandos del Cuerpo, ha sido muy claro. “En las reuniones, el director apela a la legalidad. Su mensaje es que hay que cumplir la ley y hacerla cumplir. En este sentido, estamos muy tranquilos porque ha prometido que no se dará ninguna orden ilegal y que el tema de si los Mossos se ponen de un lado o del otro es un tema político y no policial”, explica a El Confidencial un comisario que ha estado en esas reuniones con mandos.

Según esta fuente, no solo se ha reunido con mandos, sino con agentes. Y en esas reuniones “no ha rehuido ninguna pregunta por complicada que fuese. Que yo sepa, en las últimas reuniones se le ha preguntado especialmente por dos temas: uno, por el suceso de Rubí [una agresión a policías cuyo protagonista quedó en libertad inmediata supuestamente por orden de Trapero, lo que levantó airadas críticas en el colectivo policial] y por el ‘procés’. Y su respuesta sobre este último asunto es que estemos tranquilos porque no habrá órdenes ilegales. Es más, hay comisarios y mandos que no estaremos dispuestos a ejecutar una orden que sea ilegal”.

El posicionamiento del director general

De igual manera, el director general de los Mossos, Albert Batlle, abunda en esa misma tesis. Según otra fuente interna de los Mossos, Batlle, otrora dirigente socialista, “explica en ‘petit comité’ que ha sufrido una evolución y que ahora es independentista. Pero también que es posibilista, por lo que se compromete a no tramitar jamás una orden que sea ilegal”. El director general subraya en las reuniones que mantiene que “sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que no”.

"Estamos tranquilos porque el jefe de los Mossos ha prometido que no se dará ninguna orden ilegal y que este tema es político y no policial"

Entre los Mossos, sin embargo, hay colectivos que no se lo acaban de creer. “A veces, se utiliza el doble lenguaje que puede tener más de una interpretación. Por ejemplo, Trapero ha dicho en ocasiones que no tendremos problemas con el ‘procés’. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Pero, ¿quién nos puede garantizar que las órdenes que nos den sean legales? ¿Y quién determina la legalidad de dichas órdenes? ¿En base a qué legislación? Siempre se alude a que las órdenes se atendrán a la legislación vigente, pero todo dependerá de cuál es la legislación vigente que interprete la cúpula. ¿Entenderán que, si se aprueba de tapadillo y por la puerta de atrás la Ley de Transitoriedad Jurídica, será esa la legislación vigente diga lo que diga el Constitucional?”, indica otro destacado miembro del Cuerpo.

En realidad, esa percepción de la legalidad vigente es el nudo gordiano de la cuestión. Los mensajes lanzados en las últimas semanas desde la consejería de Interior, sin embargo, son tranquilizadores. “Tanto el director general, Batlle, como el consejero, Jordi Jané, son políticos legalistas y serios y no están por vulnerar la legalidad”, argumenta una de las fuentes consultadas. Con ello, aluden a la legalidad actual. “Si se aprueba la nueva ley, podrá ser recurrida e incluso paralizada, por lo que la legalidad vigente seguirá siendo la que emana de la Constitución”.

Sin embargo, desde los círculos independentistas, la percepción de la legalidad vigente es otra. Y, tal y como reclamaba Llach en sus amenazas a los funcionarios, una vez aprobada la Ley de Transitoriedad Jurídica la Constitución será papel mojado. En esa misma tesitura se sitúan buena parte de los diputados de JxS y la CUP.

Y sitúan en el punto de mira a quien difiera de esa opinión. De ahí que Albert Batlle, director general del crucial cuerpo de los Mossos d’Esquadra, sea una de las cabezas que quiere cortar la CUP y que puso encima de la mesa el pasado mes de febrero, exigiendo a Carles Puigdemont su cese por haber dicho que no dudaría en detener a líderes independentistas si se lo ordenara un juez. Los radicales presionan para una reestructuración en la consejería con el objetivo de apuntalar el ‘procés’ y garantizar el partidismo del Cuerpo de los Mossos ante una secesión unilateral. La primera pieza a abatir sería, precisamente, Batlle, víctima de la radicalización y el fanatismo crecientes de un sector del independentismo. El 'estacazo' de Llach daría de lleno en el director general, pero otra cosa es que ese 'estacazo' tuviese repercusión en la cadena de mando del Cuerpo, a menos que el fanatismo se lleve por delante a más de la mitad del organigrama de los Mossos d’Esquadra. Definitivamente, el radicalismo no ha logrado amilanar todavía a la policía catalana.