motín de ayuntamientos y parlament paralelo

Puigdemont vende a los corresponsales su plan: referéndum o "un gran impacto"

Cuando desde la Justicia se impugnan sus leyes de desconexión y se preparan querellas por las urnas, el 'president' reúne a la prensa extranjera para exponerle su hoja de ruta

Foto: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), y el vicepresidente del Govern y 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (d), y el vicepresidente del Govern y 'conseller' de Economía, Oriol Junqueras. (EFE)

Los independentistas catalanes preparan una declaración ‘sonada’ en el caso de que el Gobierno español decida inhabilitar temporalmente a las instituciones autonómicas por culpa de la convocatoria del referéndum de secesión. Se trata de una doble jugada para enfrentarse al Gobierno español y, de paso, dar un toque de atención a la Unión Europea (UE) y hacer que las instituciones comunitarias se mojen en el asunto de la secesión.

Conscientes de que la UE no pasa por su mejor momento, con el Brexit intentando minar la credibilidad europea, la ofensiva de Donald Trump contra Europa porque es su gran rival internacional en los mercados e incluso la desconfianza de Rusia, que persigue la consolidación de su papel internacional, los independentistas creen que “la UE no puede permitirse que haya en su territorio una desestabilización como la que vamos a llevar a cabo. Países democráticos como Alemania o Francia no tendrán más remedio que llamar la atención a Mariano Rajoy y advertirle de que debe permitir el referéndum para no crear un foco de conflicto en el corazón de Europa, porque desestabilizando al Gobierno español se desestabiliza también a Europa”. Así lo explican fuentes independentistas a El Confidencial.

El propio presidente catalán, Carles Puigdemont, está convencido de que si España no deja celebrar un referéndum habrá “un gran impacto internacional”. Así lo afirmó en una reunión con periodistas extranjeros, a los que invitó al Palau de la Generalitat con motivo de la celebración del día de Sant Jordi, el pasado 23 de abril. En la reunión, Puigdemont se mostró reservado, aunque insistió en que piensa llevar a cabo el referéndum "con todas las de la ley". “Insistió varias veces en que no será una consulta como la del 9 de noviembre de 2014. Aseguró que en aquella ocasión había sido la Asamblea Nacional Catalana la que la había organizado [lo cual es incorrecto, ya que los preparativos fueron del Gobierno catalán], pero que en esta ocasión es la Generalitat la que lo organiza y lo pilota. Como prueba, dijo que ahora solo tendrán derecho a voto los mayores de 18 años, como en unas elecciones normales, y que el resultado será vinculante”, explican a El Confidencial fuentes de los periodistas extranjeros presentes en la reunión. Habrá que ver, en este sentido, de dónde obtiene el censo para esa consulta, ya que si utiliza el de unas elecciones normales, estará incurriendo en un delito. A los corresponsales, sin embargo, no quiso explicarles cómo hará para realizar la consulta “con todas las de la ley” si no tiene competencias para ello.

Nulo interés en el extranjero

Estas mismas fuentes reconocen, paralelamente, que el interés por Cataluña en el extranjero es muy limitado. “Con el Brexit encima de la mesa, los conflictos internacionales que existen, las oleadas migratorias, el terrorismo, los movimientos de Trump y Putin… Cataluña no despierta interés y ningún país se mojará en el tema. Incluso esta semana ha habido 500 ahogados cruzando el Mediterráneo y apenas fue información de portada, y eso que es una noticia de calado. Por tanto, nadie saldrá en defensa de Cataluña si se le niega el referéndum, que se olviden”, subrayan las fuentes.

Desde luego, será difícil que, tal y como prevén los independentistas, Francia abogue por un referéndum secesionista, habida cuenta de que la Administración gala es una de las más centralistas del continente. O incluso que Alemania lo jalee, ya que sus 'länder' se mantienen dentro de unas estrictas barreras administrativas y jurídicas que impiden, por ejemplo, que el presidente de uno de los territorios autonómicos pueda cobrar más que la canciller Angela Merkel. Comparada con los dos ejemplos citados, Cataluña es una 'rara avis', una privilegiada que además goza de una cuota de autonomía muy superior a la de los estados alemanes.

Pero los independentistas confían en su ‘astucia’ para sembrar la desconfianza hacia España en Europa. El ultimátum al Estado español se daría en el caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución. “Evidentemente, el Estado puede levantar provisionalmente la autonomía catalana durante una o dos semanas. O puede inhabilitar durante ese tiempo al Parlamento catalán. Lo que haría, en ese caso, sería disolverlo, pero ahí es donde se pondría toda la carne en el asador: obviamente, la Cámara ya no podría pilotar el referéndum, pero los diputados independentistas se negarán a disolverse. Se reunirán en otro lado. Y será muy fuerte la imagen de un Parlamento inhabilitado y desobediente con el Gobierno español que se reúne en otro lugar porque no le dejan ejercer sus funciones normalmente”, añaden las fuentes.

El motín de los ayuntamientos

Los independentistas advierten de que, aunque se suspenda la actividad parlamentaria, sus diputados intentarán acceder al hemiciclo. “Que pongan a la policía custodiando el edificio. A ver qué imagen vamos a dar en Europa, que verá a los diputados catalanes peleando por entrar a ocupar su escaño. Lo bueno es que si los Mossos d’Esquadra se mantienen al margen, lo que tendrán que hacer es poner a custodiar al edificio del Parlament al Cuerpo Nacional de Policía o al Ejército. En ese caso, ya habremos ganado la batalla”, insisten las fuentes consultadas.

Jurídicamente, reconocen, el desobedecer al Gobierno y a los tribunales y reunirse podría considerarse como “golpe de Estado”. Pero esa eventualidad es dada por buena “para denunciar la situación en que estamos: no nos dejan otra salida”. Además, esperan que en el caso de que la situación llegue a esos extremos, entren en escena los ayuntamientos pronunciándose a favor de los amotinados. “Creemos que se puede amotinar también el Ayuntamiento de Barcelona. Hemos sondeado a Podemos y no lo ven mal. Pero no tomarán nunca la iniciativa. Únicamente si otros toman la delantera, están dispuestos a sumarse al carro”, aseguran las fuentes.

En ese supuesto, cobraría de nuevo sentido la idea, ya expuesta hace un par de años por el republicano Oriol Junqueras a algunos cargos de su partido, de que convendría proclamar la República catalana desde el balcón del ayuntamiento barcelonés, como hizo Francesc Macià en los años treinta del siglo pasado.

El cúmulo de acontecimientos en ese momento puede ser tal que “el tema se le irá de las manos al Gobierno central. En primer lugar, porque se va a encontrar con una masiva respuesta de la clase política, incluida la Generalitat. Luego, habrá movilizaciones en las calles y, por último, una ofensiva desde los ayuntamientos, imposible de controlar por el Gobierno central”.

Ante esa situación, los independentistas calculan que las instituciones europeas “no tienen más remedio que tomar cartas en el asunto. Hasta ahora, han dado largas aduciendo que es un tema interno de España y que la UE no se mete en asuntos internos de los estados miembros. Pero ante la importancia de lo que se le viene encima, no podrá estarse de brazos cruzados. La UE no permitirá que se rompa la baraja dentro de sus fronteras”.

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