La Fiscalía se querellará contra la Generalitat por licitar las urnas del referéndum

La Fiscalía General del Estado prepara ya una querella contra el Gobierno catalán después de que el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicara este martes el anuncio para la adquisición de las urnas que se utilizarán previsiblemente para lavotación del referéndum que el Ejecutivo regional prevé celebrar en la segunda quincena de septiembre. Así lo han confirmado a El Confidencial fuentes fiscales, que se han limitado a anunciar la interposición de la querella, aunque no detallan todavía los delitos que achacan al Gobierno autonómico, contra qué personas concretas va el escrito ni qué ministerio público trabaja en ello.

El anuncio de licitación ha sido hecho desde el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, no especifica el número de urnas pero asegura que el presupuesto es de 200.000 euros y que habrá cajas tanto de cartón como transparentes. La semana pasada, el Govern sí aseguró que su intención es comprar 12.000 urnas, 8.000 de metacrilato y 4.000 de cartón.

El texto del DOGC especifica que el acuerdo entre el Govern y la empresa seleccionada servirá para celebrar todo tipo de procesos electorales que requieran el uso de urnas, con lo que trata de cuidarse de no incurrir claramente en ilícito penal alguno al evitar centrarse en un hipotético referéndum. Sin embargo, también deja la puerta abierta. En concreto, el anuncio refleja literalmente que el objeto del contrato que anuncia públicamente es el "acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana".

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Un presupuesto "estimado" y "orientativo"

Este es el primer paso para que las empresas interesadas presenten sus propuestas en un plazo de 15 días. Según el anuncio, el Govern necesita dos lotes de urnas. El primero de ellos serían "urnas electorales transparentes" —previsiblemente de metacrilato, aunque no se especifica— y está valorado en 184.000 euros; el segundo, de cartón, tiene un precio de 16.000 euros. En el texto, además, se especifica que los 200.000 euros de presupuesto de licitación son "estimados" y "meramente orientativos".

Las empresas que quieran participar en este concurso deben cumplir un requisito fundamental: tener solvencia económica, financiera, técnica y profesional. Además, advierte de que los gastos de publicidad "correrán a cargo de las empresas licitadoras seleccionadas por los lotes correspondientes".

El Gobierno irá a la Fiscalía

Fue el pasado viernes cuando el Gobierno advirtió de que, si este anuncio tenía lugar, la Fiscalía intervendría, como se prevé que ocurra. "Quienes están en esa deriva, sin duda porque están en manos de los radicales y antisistema de la CUP, deben pensar seriamente en no dar más pasos adelante", aconsejó el portavoz y ministro de Educación y Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que recordó que el Tribunal Constitucional "ya dijo con toda claridad que impediría la celebración de cualquier referéndum y vinculaba esa prohibición tanto a los dirigentes políticos como a los funcionarios o a las empresas relacionadas con las mismas".

En este línea, Méndez de Vigo advirtió de que en España "no es posible saltarse la ley ni hacer encuestas para preguntar a los ciudadanos si pueden desobedecer o no la ley". Eso sí, volvió a tender la mano a los independentistas llamándoles al "dialogar dentro de la ley" y a "preocuparse por los problemas que de verdad importan a la gente".

"¿No somos libres para comprar urnas?"

"¿Este país no es libre para comprar lo que quiera? ¿El Govern no puede comprar urnas? A nivel internacional, ¿cómo puede sonar esto en la Alemania de la Europa democrática? Es terrible", dijo por su parte la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en una entrevista en RAC1 en respuesta a la advertencia del Gobierno.

El día después de que Forcadell declarara en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por permitir el debate y votación de resoluciones soberanistas, reiteró que no tiene miedo. Junto con la secretaria primera de la Mesa, Anna Simó, coincidió en defender que se limitaron a hacer su trabajo, que es preservar el debate parlamentario y garantizar así la libertad de expresión de los diputados.