La parálisis legislativa aplaza el decreto

La Generalitat hace la cobra a Airbnb y deja al sector de pisos turísticos en un limbo legal

La Generalitat ha vuelto a aplazar, por tercera vez, la elaboración del decreto que debe regular la comercialización de los pisos turísticos, y el sector empieza a desesperarse

Foto: Foto: Reuters.
Foto: Reuters.

Como en la película, el cielo tendrá que esperar y el reglamento que ordene los pisos turísticos en Cataluña, también. La Generalitat ha vuelto a aplazar, por tercera vez, la elaboración del decreto que debe regular la comercialización de los pisos turísticos, un producto de alta demanda sobre todo en Barcelona, gracias al 'boom' turístico que vive la capital catalana. La Generalitat ha anunciado el nuevo decreto para aprobarlo “entre septiembre u octubre”, es decir, justo cuando estará celebrando, o no, el referéndum sobre la independencia de Cataluña. Un portazo en la cara de Airbnb y el resto de empresas del sector.

El anuncio lo hizo el pasado mes de abril el 'conseller' de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget, que regula las competencias sobre turismo. Baiget apuntó entonces que la Generalitat prevé tener aprobado entre los próximos meses de septiembre u octubre el decreto del reglamento de turismo, "refundiendo ocho normas reglamentarias dispersas en una sola y aportando una mayor seguridad jurídica".

Para Airbnb, Homeaway, Wimdu y las asociaciones de apartamentos turísticos, la situación se complica: por un lado, tienen la presión de Ada Colau y del resto de los ayuntamientos catalanes, que están siguiendo la vía sancionadora marcada por la alcaldesa de Barcelona; y, por otro, el único marco legal que podría darles un poco estabilidad y amparo jurídico se retrasa de manera indefinida.

El 'conseller' de Empresa de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget. (EFE)
El 'conseller' de Empresa de la Generalitat de Cataluña, Jordi Baiget. (EFE)

La Comisión Nacional del Mercado para la Competencia (CNMC) lleva tiempo solicitando a las administraciones que faciliten la actividad de la economía colaborativa como una medida para impulsar el desarrollo económico en todas las actividades en las cuales la tecnología actúa como intermediaria.

El decreto es una fórmula legal que no precisa la actuación del Parlament. Lo tiene que aprobar la propia Generalitat. Pero la realidad es que el proceso soberanista tiene bloqueada toda la Administración catalana, centrada en asumir un reto titánico: crear un nuevo Estado de la nada, echándole, al mismo tiempo, un pulso sin precedentes al Estado español.

En el sector de las multinacionales de aplicaciones móviles que ofrecen pisos turísticos, ya se da por descontado que se han vuelto a quedar sin decreto, después de otro año esperando. Entre las empresas del sector se lamenta “la falta de voluntad política” para buscar una solución que ofrezca estabilidad a esta actividad económica que, además, cuenta con una fuerte demanda en muchas ciudades y pueblos de Cataluña.

Reconocimiento legal

Este decreto debía desbloquear cosas importantes. La principal, el reconocimiento de la modalidad de alojamiento en residencia habitual. Es decir, sacaría al sector de la alegalidad. Esto sería clave para definir un marco jurídico que ordenase una realidad: la de los pisos turísticos.

En julio de 2016, hace casi un año, ya se presentó un proyecto de decreto que no gustó al sector. Se llegó a hacer incluso una exposición pública del mismo. Sin embargo, el sector lo consideró excesivamente intervencionista y se ha intentado una nueva versión, que ahora vuelve a retrasarse. En ese texto se reconocía que se podía alquilar la vivienda propia y se creaba la figura de los “establecimientos turísticos singulares”, pero se consideraba la norma muy restrictiva.

En 2015, la convocatoria de elecciones anticipadas ya dejó al sector en un limbo legal, y ahora Airbnb y sus competidores temen que pase lo mismo

El decreto obligaba al registro de este tipo de plazas turísticas en los ayuntamientos, que después deberán comunicar a la Generalitat los datos de estos apartamentos (que también deberán tener un distintivo en el exterior y solo podrían servir el desayuno). Eso facilita la presión fiscal sobre el sector. Los ayuntamientos podrían limitar las licencias, tal y como ahora se está haciendo en Barcelona.

Sin embargo, esta norma nunca llegó a aprobarse. Y no ha sido el único retraso. En 2015, el entonces consejero Felip Puig anunció un decreto que nunca se llegó a aprobar. Por lo tanto, ya es la segunda vez que se anuncia este decreto, con sus correspondientes borradores, pero no sale adelante. En el sector se teme que se repita en septiembre lo que pasó entonces: unas nuevas elecciones que vuelvan a aparcar el proyecto.

Madrid toma ventaja

Mientras, Madrid está tomando ventaja, proponiendo acciones concretas y mostrando voluntad de diálogo real con las plataformas, conociendo que estas juegan un papel importante. Así, la alcaldesa Manuela Carmena está negociando con Airbnb cómo aplicar una tasa de un euro para la vivienda habitual que se comercialice a través de estas plataformas digitales. Mientras, Barcelona sigue en un limbo legal que fomenta situaciones como la del enfrentamiento que se vive entre el ayuntamiento de la capital catalana y este tipo de compañías.

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