La Guardia Civil investiga el "uso fraudulento de fondos" de Puigdemont cuando era alcalde

Cuando el pasado 5 de abril el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Gabriel Rufián insultó en el Congreso de los Diputados al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel De Alfonso, llamándole ‘gángster’ y ‘mamporrero’, hubiera hecho bien mirar hacia sus aliados políticos para conocer en profundidad el trabajo que había realizado el ahora repudiado jurista. El rifirrafe se produjo en la comisión que investiga la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue grabado en su despacho durante una reunión con el máximo dirigente de la OAC.

Las grabaciones se realizaron en el mes de octubre de 2014. Pero salieron de repente a la luz el verano pasado. ¿Por qué causa se hicieron públicas precisamente en esa fecha?. Lo cierto es que A.B.R. había presentado hacía más de un año, ante la OAC, una demoledora denuncia contra el Ayuntamiento de Girona durante la época en que su máximo responsable era Carles Puigdemont. En aquel momento, éste no era todavía presidente de la Generalitat, sino solamente un dirigente local de Convergència sin mayor peso en el partido. Sin embargo, a mediados del 2016, cuando los independentistas deciden defenestrar a Daniel de Alfonso, ya estaba sobre la mesa de un juez un demoledor informe con actuaciones supuestamente ilícitas del citado Ayuntamiento, en el que se acusa al actual ‘president’ de “actos contrarios a la ley y al derecho”, “posible uso fraudulento de fondos públicos” y “encargos municipales poco justificados”. El informe llevaba fecha de septiembre del 2015, pero se había mantenido en secreto hasta entonces. Y la Guardia Civil lo recoge y amplía en otro fechado en octubre pasado y requiere al juez nuevas diligencias.

El pasado verano, cuando ya se encontraba Puigdemont al frente de la Generalitat, se hizo estallar el escándalo. En realidad, el descubrimiento de supuestos delitos penales de su reciente época de alcalde hubiese puesto en entredicho, en ese preciso momento, el propio proceso de independencia, por lo que el mundo independentista en pleno inició una decidida maniobra política para silenciar los hechos: por un lado, debía desacreditar al director de la OAC y, por otro, debía presentarse como la víctima propiciatoria de una conspiración del Estado y contrarrestar los evidentes escándalos económicos en ciernes, desde la investigación el ‘caso 3%’ (que ya había comportado la detención del tesorero de CDC, Andreu Viloca), hasta el ‘caso Pujol’, pasando por el ‘caso ITV’ y los efectos de los casos pendientes, como el del Palau de la Música, el Pretoria o el Adigsa, que llegará a juicio el próximo mes de mayo. Así fue cómo en un despacho barcelonés se aireó la denunciada ‘Operación Cataluña’,que sirvió de dique de contención para camuflar las investigaciones sobre corrupción que amenazaban a determinados líderes políticos catalanes. En ese diseño habrían participado una ‘célula’ de la UCRO, unidad secreta de los Mossos d’Esquadra, al menos dos abogados y un detective privado, arropados por un grupo de empresarios que pusieron dinero encima de la mesa para buscar pruebas que invalidasen algunos de los procesos abiertos y asegurarse el poder seguir teniendo un trato de favor en el futuro por parte de algunas administraciones catalanas.

Por eso, tras conocerse las conversaciones de Fernández Díaz y De Alfonso, los independentistas pusieron inmediatamente el grito en el cielo sin dar opción a que el director de la OAC se explicase. Su teoría era que el ministro del Interior y el director de la OAC fabricaban pruebas para desacreditar a líderes independentistas.

Favores a la empresa Efial

Sin embargo, en el momento en que empieza la campaña para tumbar al director de la OAC había una verdad incontrovertible: a la Oficina Antifraude había llegado una denuncia muy meticulosa y explosiva. Detallaba con minuciosidad la contratación de la compañía Efial por parte del consistorio de Girona. Y lo que era más importante: la OAC había redactado ya el explosivo informe sobre Puigdemont. En ese informe, especificaba que la compañía Efial estaba siendo investigada por corrupción en media docena de localidades de Tarragona, casi todas controladas por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). También recogía un contrainforme redactado por los propios servicios municipales gerundenses según el cual “el Ayuntamiento de Girona tiene el personal y los medios adecuados para elaborar los informes que finalmente fueron solicitados a la empresa auditora [Efial]”. Y se ponía en duda también el procedimiento de contratación utilizado, troceando las contrataciones para que no sobrepasasen los 18.000 euros y así poder adjudicar a dedo los encargos y evitar la convocatoria de concurso público. “Este hecho nos hace pensar en que se ha favorecido la contratación directa en lugar de realizar un concurso, en beneficio de Efial Consultoría”, decía el contrainforme.

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Rubén Rodríguez

Por si fuera poco, la secretaría del Ayuntamiento realizó informes poniendo en duda la calidad de los trabajos de Efial. Uno de esos informes de la secretaría general, fechado el 22 de julio de 2014 (siendo alcalde Carles Puigdemont), subraya que el contenido del trabajo de la empresa ‘amiga’ Efial “es superficial y falto de rigor”, tras asegurar que no proceden 49 de las 54 incidencias detectadas que Efial había puesto en su estudio, añadía que “se reiteran determinadas incidencias en la mayoría de los proyectos, la comprobación de los documentos en algunos expedientes es ‘deficiente’, existen confusiones de interpretación, se desconoce el procedimiento y falta fundamentación y asesoramiento técnico”, además de asegurar que “se han detectado contradicciones en el contenido y que, del análisis de las incidencias, se constata ‘gratuidad, procedencia y oportunismo’”.

En el momento en que se filtran las conversaciones entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, el juez de El Vendrell Josep Bosch, que investiga el ‘caso 3%’, pidió a la OAC la documentación pertinente del consistorio gerundense, ya que alguna documentación incautada en los registros practicados desde El Vendrell llevaban al Ayuntamiento de Girona.

Un demoledor informe

La OAC le remitió el contundente documento, elaborado el 1 de septiembre del 2015 a partir de la denuncia que le había llegado unos meses antes. Su título era ‘Informe de evaluación preliminar de similitud emitido por la Dirección de Análisis de la OAC’. Sus conclusiones eran demoledoras para el entonces alcalde gerundense, Carles Puigdemont. “Los hechos denunciados, ocurridos en el seno del Ayuntamiento de Girona podrían resultar ímprobos y contrarios a la ley y al derecho, con posible usos o destinos irregulares de fondos públicos, con aprovechamientos contrarios al ordenamiento jurídico” subrayaba el informe.

El documento ponía en la picota al recién estrenado presidente de la Generalitat de Cataluña. “De la documentación aportada, se constatan de forma indiciaria (y siempre preliminar) todo un reguero de contratos, mayoritariamente menores del Ayuntamiento de Girona a favor de Efial Consultoría en un relativamente corto periodo de tiempo (unos dos años) y que podrían tener como objeto de las prestaciones algo muy indeterminado (‘auditoría operativa del servicio de patrimonio’, ‘auditoría operativa del servicio de contratación’, ‘estudio de la prórroga de la sociedad Aigües de Girona’…), los contenidos de los cuales, en realidad, formarían parte de la actividad normal y de las funciones ordinarias de los servicios municipales propios como deriva de los servicios enunciados anteriormente citados”.

Los hechos denunciados, ocurridos en el seno del Ayuntamiento de Girona podrían resultar ímprobos y contrarios a la ley y al derecho

La OAC fue implacable con el Ayuntamiento del ya ‘president’ y afirmaba que Puigdemont había contratado servicios “sin una especial motivación”. Y subraya que la beneficiada fuese Efial, “la misma que repetidamente esta Oficina ha constatado indicios en la prestación de supuestos servicios de encargos municipales poco justificados”. Relataba investigaciones de índole penal sobre contrataciones en Ascó, Torredembarra, Ametlla de Mar, Vandellós y Hospitalet de l’Infant.

La conexión gallega

Un informe del interventor del Ayuntamiento de Girona, Carlos Merino, con fecha de 13 de junio de 2013, alertaba también de que “por un lado, lo que parecen importantes deficiencias en los servicios de contratación” y advertía del “grave perjuicio económico que supusieron para el Ayuntamiento de Girona los malos usos en la contratación y los que se pueden causar ante los nuevos controles financieros externos que se puedan incoar”, por lo que reclamaba que “se tomen las medidas correctoras y preventivas que se consideren oportunas”. En uno de los contratos, afirmaba el interventor, se habían subcontratado obras pero sin declararse esta subcontratación, al margen de que “ni fue autorizada por el órgano de contratación, ni abonada por el contratista principal…”.

Un informe de la Guardia Civil fechado el 7 de octubre de 2016 recoge el demoledor informe de la OAC de 2015 y analiza nuevas posibles irregularidades que hubiese cometido el Ayuntamiento presidido por Puigdemont. Tanto la secretaria municipal como los servicios jurídicos de régimen interior rechazaron, asimismo, informes de las empresas contratadas por Efial por hacer exposiciones teorizadas “a través de banalidades e indeterminaciones para mejorar la gestión patrimonial”.

Los investigadores analizan con detalle los contratos del suministro del agua en Girona. Y ponen en duda su legalidad. Lo cierto es que, a través de la compañía del agua, Puigdemont quería compensar la compra de obras de arte de un amigo suyo . De los documentos internos del Ayuntamiento, se descubrió, por ejemplo, que Agissa no tributó “un considerable número de contribuyentes, suponiendo un total de 686.000,58 euros y 1.713 pólizas rectificadas, con el perjuicio económico que supone para los Ayuntamientos la mala gestión de dicha sociedad mixta”. Ese dinero correspondía a la tasa de recogida de residuos de Girona, Salt y Sarrià de Ter. Además, dejó de satisfacer a la Generalitat un total de 150.000 euros “de la liquidación del ITP por el canon de la prórroga de la concesión prevista en el PF, al considerarlo exento de tributación”. Los auditores municipales llegaron a acusar a la empresa ‘amiga’ de Puigdemont de “menosprecio por la función interventora”, porque jamás atendió a los requerimientos de los supervisores. Para justificar todas las actuaciones de Agissa, Puigdemont se sirvió de un informe de su otra empresa ‘amiga’, Efial.

Tras bucear en el caso, los agentes descubrieron que una compañía denominada Girona SA desviaba a Agissa [la empresa mixta que suministra el agua] gastos de estructura de dirección. En total, se detectaron 187.982,99 euros de cargos que “no están justificados ni detallados”. La situación llegó a ser tan descarada que los interventores de Girona, Salt y Sarrià de Ter firmaron el 19 de noviembre del 2015 un escrito conjunto en el que denunciaban todas las ilegalidades de Agissa.

Pero lo mejor estaba por llegar: un informe realizado posteriormente por la Guardia Civil que trabaja en el caso 3% señala que AMR Publicitat facturó a Girona SA casi 140.000 euros de 2010 a 2015. Mientras Girona SA aparecía vinculada a oscuras operaciones en Galicia dentro del ‘caso Pokemon’, AMR Publicitat ya había estado en el punto de mira en Cataluña: cuando se descubrieron irregularidades en Caixa Girona (en la etapa en que su presidente era Arcadi Calzada, exvicepresidente del Parlamento catalán y alto dirigente de Convergència), AMR facturó cientos de miles de euros a la entidad de ahorro por servicios relacionados con la “inusual compra de espacios de publicidad” en la prensa gerundense. En esa empresa figuraba Antoni Maria Rigau, hermano de la posteriormente consejera de Educación, Irene Rigau, recientemente condenada por desobedecer al TC. Pero, además, AMR Publicidad facturó desde el 2010 al 2015, más de 2 millones de euros por servicios a Convergència. A ellos hay que añadir 47.106,27 euros a la Coalición por Europa en el año 2014, otros 145.418,28 euros a Junts pel Sí (JxS) en el 2015 y 50.329,22 euros a Democracia i Llibertat, las siglas bajo las que se presentó Convergència en las últimas elecciones generales.

La Guardia Civil concluye que “múltiples procedimientos administrativos del Ayuntamiento de Girona” están aparentemente afectados por irregularidades. Y subraya que “los datos revelados por las intervenciones telefónicas registradas durante la investigación, así como la explotación de las fuentes abiertas ponen de manifiesto la existencia de graves anomalías en la gestión del agua por parte de Agissa, en las que resulta necesario profundizar dados los importantes volúmenes de recursos públicos en juego. A todo ello, se le añaden los vínculos encontrados con la ‘Operación Pokemon’ [que se comenzó a investigar en Galicia, pero con importantes ramificaciones en Cataluña, como quedó de manifiesto con la implicación de Oriol Pujol Ferrusola en el ‘caso ITV], a través de la figura de Sergio Soriano, los flujos económicos de Girona SA con empresas investigadas en presuntos casos de corrupción (por ejemplo,’ caso Caixa Girona’, ‘caso Palau’), las compras de material de joyería cuya lógica económica no queda clara en estos momentos, etcétera”.

Así la Guardia Civil ha pedido ahora al juez mandamientos judiciales para que Hacienda aporte documentación con el objetivo de realizar nuevos informes pormenorizados de las actuaciones de las compañías Agissa, Girona SA, AMR Publicitat y Concerts Studio, otra de las sociedades que facturaban a Girona SA y que había estado vinculada al escándalo del ‘caso Palau’.