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El 'plan Llach' divide a los soberanistas: del "es lo que hay" de JxSí a los alcaldes de la CUP
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"Hay que cumplir con la normativa en cataluña"

El 'plan Llach' divide a los soberanistas: del "es lo que hay" de JxSí a los alcaldes de la CUP

Antes que obligar a los funcionarios, los 'cuperos' creen que "hay otras maneras" de garantizar que haya personal para hacer el referéndum, entre ellas optar por concejales y regidores "muy implicados"

Foto: Una persona lleva una urna reivindicativa en apoyo al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau. (EFE)
Una persona lleva una urna reivindicativa en apoyo al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega, y la exconsellera Irene Rigau. (EFE)

Ya lo advirtió Lluís Llach hace dos días: los funcionarios que desoigan la ley de desconexión con España "serán sancionados". El revuelo generado por las declaraciones del cantautor y diputado de Junts Pel Sí (JxSí) no fue ni tan siquiera acallado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que le ha apoyado sin fisuras y sin hacer ni un solo matiz. Y el Govern ha vuelto a hacerlo este jueves de la mano del diputado y presidente del grupo parlamentario JxSí Jordi Turull, que considera que el Parlament catalán no va a permitir que "se cree una ley y que luego quien quiera la cumpla".

En una entrevista en Onda Cero, Turull ha ido más allá y ha señalado que los funcionarios catalanes tendrán que "cumplir con la normativa vigente en Cataluña" cuando se apruebe la ley de Transitoriedad Jurídica que, a día de hoy, está pendiente de aprobación en el Parlament. Dicha ley es, sin duda, una de las leyes estrellas para los independentistas ya que el texto contiene la regulación sobre los futuros ordenamientos jurídicos, la nacionalidad, la potestad financiera o el poder judicial ante la proclamación de la independencia así como la creación de una asamblea constituyente, uno de los caballos de batalla de los secesionistas.

Sin embargo, y en conversación con Carlos Alsina, Turull ha descartado hablar de cualquier tipo de sanción explicando que el Govern tendrá como uno de sus objetivos de cara a la celebración del referéndum "proteger" y dar "seguridad jurídica" a los funcionarios. "Cuando tramitemos todo esto, lo van a ver", ha dicho con la clara intención de apaciguar las críticas pero sin renunciar a obligar a todos los trabajadores públicos a participar en la organización y puesta en marcha de la consulta.

Alcaldes, concejales y funcionarios voluntarios

Pero la CUP parece que no las tiene todas consigo. Aunque tras las declaraciones de Llach, el diputado 'cupero' Benet Salellas avaló que los funcionarios cumplieran con la ley de transitoriedad jurídica, 48 horas después su compañera de partidoAnna Gabriel cree que existen otras opciones. "Tenemos otras maneras de garantizar que haya personal para hacer el referéndum", ha dicho en una entrevista en TV3.

En este sentido, ha explicado que existen "muchísimos" alcaldes y tenientes de alcaldes que están "muy implicados" en el proceso de independencia y que, por tanto, se podría contar con ellos tanto para la organización como para el mismo día de la consulta. "Hay hasta muchos concejales", ha continuado para señalar que existen "muchísimos funcionarios" que quieren participar en este proceso y que, por tanto, no sería partidaria de obligarles y mucho menos de sancionarles. "El término sanción inquieta muchísimo", ha opinado pidiendo no solo a su partido sino también a Junts Pel Sí "mirar con lupa" cualquier intervención pública que se haga en referencia al referéndum para evitar así cualquier polémica.

Foto: La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Doménech. (EFE) Opinión

Sin fecha aún para la consulta, Turrull ha adelantado que "antes del verano" se anunciará "el calendario exacto" para la desconexión con España con "fecha límite" el próximo mes de septiembre. "Preferimos acabar una a una las etapas", ha apuntado sin demostrar prisa por poner las urnas. En esta línea, este miércoles el pleno del Parlament, con los votos de Junts Pel Sí y la CUP, aprobaron reformar el reglamento de esta Cámara para agilizar la ley de Transitoriedad Jurídica, lo que les permitirá aprobar en solo unas horas leyes sin contar con la oposición. “No queríamos el procedimiento exprés para aprobar las leyes de desconexión, pero el Tribunal Constitucional nos ha forzado a hacerlo", ha explicado advirtiendo al Gobierno de Mariano Rajoy que "todo" lo que su formación lleva en su programa electoral -la independencia de Cataluña- "se va a cumplir".


“Junts pel Si está perdiendo el partido"

La oposición en bloque se ha unido contra el Govern no solo por las declaraciones de Lluís Llach sino también por la reforma 'exprés' del reglamento del Parlament que permite a los independentistas acelerar el 'procés'. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al Govern y a la CUP de impulsar las leyes a su medida porque ya "saben" que el proceso independentista fracasará. "Saben que están perdiendo el partido y por eso quieren cambiar las reglas de juego a mitad de partido", ha dicho en una entrevista de Onda Cero.

Arrimadas considera que los grupos independentistas han "eliminado" el debate de la oposición y que quieren declarar la independencia con una minoría de votos en la calle porque representan a menos catalanes que los cuatro grupos de la oposición, según ella. "Son muy valientes en mítines y en el Parlament pero ante los jueces se vienen abajo", ha añadido, en referencia a la actitud de los acusados durante el juicio del 9N: el expresidente Artur Mas y los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs.

Ya lo advirtió Lluís Llach hace dos días: los funcionarios que desoigan la ley de desconexión con España "serán sancionados". El revuelo generado por las declaraciones del cantautor y diputado de Junts Pel Sí (JxSí) no fue ni tan siquiera acallado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que le ha apoyado sin fisuras y sin hacer ni un solo matiz. Y el Govern ha vuelto a hacerlo este jueves de la mano del diputado y presidente del grupo parlamentario JxSí Jordi Turull, que considera que el Parlament catalán no va a permitir que "se cree una ley y que luego quien quiera la cumpla".

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