Rajoy aparca la propuesta de la operación diálogo por el caos político catalán

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría han aparcado la propuesta con la que iban a fundamentar la denominada “operación diálogo” hasta que se clarifique la confusa situación política en Cataluña. La principal razón: las tensiones que se perciben entre el PDeCAT –antigua CDC–, los republicanos de Oriol Junqueras y los miembros de la CUP, según han confirmado fuentes políticas conocedoras de la estrategia del ejecutivo para solventar el problema catalán.

La decisión se tomó en Moncloa hace tres semanas y se hizo de manera consensuada entre el presidente Rajoy y la vicepresidenta, según detallan las mismas fuentes. Desde entonces en Cataluña se ha percibido un vacío en Madrid que se interpreta, por parte de la Generalitat, como falta de voluntad política para elaborar una propuesta coherente de encaje de Cataluña en el resto de España.

Sin embargo, los factores que llevaron a tomar esta decisión fueron tres y todos ellos añadían más incertidumbre política a la situación interna de Cataluña: la evolución de las causas judiciales por haber impulsado la consulta del 9-N contra Artur Mas, Francesc Homs, la presidenta del Parlament Carme Forcadell; y las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega; las derivadas políticas de la corrupción de los casos Palau y 3%; y las tensiones entre las propias fuerzas catalanas impulsoras del referéndum.

Así, hace tres semanas, mientras la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, marcaba perfil distanciándose de la CUP; el presidente catalán, Carles Puigdemont acudía a un acto organizado por periódico El Punt-Avui el pasado 15 de febrero en Barcelona en el que compartiendo protagonismo con la líder de los anticapitalista, la diputada Anna Gabriel, la mismas que había hecho alarde de haber enviado a Artur Mas a “la papelera de la Historia”. El encuentro sentó muy mal en el seno del PDeCAT y durante el mismo la representante de la CUP hizo diversos llamamientos a la desobediencia, que sólo arrancaron de Puigdemont alguna crítica amable.

Justo después se filtraba la reunión secreta entre Puigdemont y Rajoy del pasado 11 de enero, la cual se saldó sin avances concretos y con ambas partes muy distanciadas. Fuentes conocedoras del encuentro explican que Puigdemont condicionó la asistencia a la cumbre de presidentes autonómicos a que se incluyera en el orden del día un punto que fuera "situación política en Cataluña" y que permitiera al presidente catalán explicarse frente a sus homólogos. Rajoy lo descartó por miedo a molestar a la presidenta andaluza, Susana Díaz.

Encuestas y caos

Con las encuestas dando como favorito a Junqueras y los recelos entre éste y Puigdemont sobre quién tendría que asumir las consecuencias de una inhabilitación o suspensión por convocar el referéndum, Rajoy y Sáenz de Santamaría prefirieron dejar de lado la concreción de una oferta para buscar una salida política para Cataluña hasta clarificar quién será el ganador tras unas nueva elecciones autonómicas catalanas. Y entonces, sólo, entonces, volver a poner sobre la mesa dicha propuesta.

El dilema de Junqueras es claro: las encuestas le dan como favorito pero tras el 'caso Palau' sus socios del PDeCAT son más un lastre que un apoyo

El paquete en el que estaba trabajando Moncloa se basaba en una mejora del marco de financiación autonómica, la gestión de los servicios y mayor margen político pero siempre en un entorno de lealtad constitucional. Esto último, la lealtad, es lo que se cree que falla por la voluntad irrenunciable de Junts pel Sí y de la Generalitat de llevar a cabo el referéndum.

Desde que se tomó esta decisión en Moncloa las divisiones entre las fuerzas independentistas sólo han acentuado. Las revelaciones sobre el caso Palau están afectando al PDeCAT, que se encuentra sin candidato –Artur Mas parece del todo amortizado para los miembros más nuevos del partido– y las discrepancias internas entre los independentistas sobre cómo afrontar el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, que advirtió que el Presupuesto catalán no puede incluir partidas para el referéndum, no han hecho más que reforzar el criterio del Gobierno central: habrá propuesta, cuando haya un interlocutor claro en la Generalitat.

En Moncloa, por tanto, dan por hecho que más que un choque de trenes lo que se vivirá será más bien un descarrilamiento del convoy independentista, ya sea por la imposibilidad de llevar a cabo el referéndum –en la Generalitat ni siquiera saben en este momento cómo establecer una red de puntos de votación suficiente– o porque Junqueras dinamite la coalición Junts pel Sí, incómodo por el coste electoral de los procesos legales por corrupción contra la antigua CDC.

Confuso marco legal

Pero la niebla no está sólo en Cataluña. En el Palau de la Generalitat dan por hecho que Puigdemont y otros altos cargos serán suspendidos de sus funciones por el Tribunal Constitucional en cuanto intenten convocar el referéndum. Esta norma es nueva, es el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que prevé que en caso de que se perciba un incumplimiento total o parcial de una resolución del TC –en este caso suspender la convocatoria de la consulta– el Alto Tribunal puede “acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento”.

Sin embargo esta medida no se ha tomado nunca y abre muchas dudas, por si hasta ahora había pocas. El período inicial de la suspensión es de cinco meses, según prevé la ley. Pero en ese supuesto ¿el presidente de la Generalitat suspendido puede convocar elecciones? ¿Sus funciones son asumidas por el vicepresidente, en este caso Junqueras? ¿El vicepresidente, ascendido a presidente, puede disolver el Parlament y convocar unas nuevas autonómicas? ¿Se puede suspender a Puigdemont dejando al margen del proceso a Junqueras, a quién el “president” ha encargado la propia celebración del referéndum? Desde un punto de vista legal, mientras que la inhabilitación implica que no se puede volver a ejercer cargo público, la suspensión siempre es temporal. Demasiada incertidumbre para que Rajoy concretase en este momento una oferta con cara y ojos.