Las confesiones del caso Palau: un misil político contra Artur Mas... y el 'procés'

Hoy, el Palau de la Música de Barcelona representa el espectáculo ‘La Traviata’, una ópera de Verdi escenificada en dos actos. Un buen cartel para una institución con solera. Pero, paradojas de la vida, quien cantó ayer ‘La Traviata’ fue, precisamente, la antigua cúpula de la institución musical, aunque en el banquillo de los acusados, todo para poner a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a los pies de los caballos. Tanto el expresidente, el confeso Fèlix Millet, como su antigua directora financiera, Gemma Montull, coincidieron en acusar al partido que lideraba Artur Mas de cobrar millones de euros en concepto de mordidas a través del Palau desde los años noventa.

Fue una sorpresa a medias, porque lo que hicieron fue ratificar lo que todos sospechaban y que se sustentaba en centenares de documentos incautados en el año 2009 en el propio Palau. Millet reconoció casi todos los delitos que se le imputan. “Es cierto. Me equivoqué y pido perdón”, repitió en varias ocasiones durante su declaración de ayer. Y Gemma Montull focalizó en el expresidente de la institución musical toda la responsabilidad, porque “lo controlaba absolutamente todo”. Reconocieron que CDC se financiaba ilegalmente a través de la institución musical y que incluso sus dirigentes facilitaban facturas falsas para justificar la desaparición de millones de euros.

Con estas declaraciones, las balas de la corrupción rozan ya, y mucho, a Artur Mas, máximo dirigente ejecutivo del partido desde principios de siglo. Ya no solo son evidencias, sino que hay confesiones directas de que algo no funcionaba bien en CDC. Y hay documentos reconocidos que citan a dirigentes de CDC como receptores de comisiones ilegales. Además, no hay que olvidar que Daniel Osàcar, extesorero de CDC imputado en este caso, fue detenido también en el reciente escándalo de corrupción conocido como el caso 3%, que investiga un juez de El Vendrell. Precisamente Osàcar declarará hoy, después de que lo haga Jordi Montull, exdirector administrativo del Palau y mano derecha de Millet. Pero lo cierto es que, si durante las dos últimas décadas ha habido irregularidades, el máximo mandatario del partido habrá de asumir alguna responsabilidad.

La carrera de Mas, en entredicho

Toda la oposición e incluso sus socios de la CUP piden ya que Artur Mas aclare la financiación de Convergència y apuntan a la depuración de responsabilidades políticas. Ciudadanos, PSC, CSQEP y PP piden que el expresidente comparezca en la comisión de Asuntos Institucionales. Solo ERC, que forma parte de Junts Pel Sí (JxS), junto a CDC, se mantiene en un discreto segundo plano. Su portavoz, Sergi Sabrià, dijo que la formación republicana siente “rechazo y asco profundo” por la declaración de Millet. Pero de críticas a sus socios de Gobierno, ni una. ERC, el partido que se presentó en un momento dado como el paladín de la anticorrupción, tapa de nuevo las vergüenzas ajenas. Desde esas breves declaraciones en los pasillos del Parlamento, los dirigentes del PDeCAT (o sea, la nueva Convergència) y ERC pasaron el día escondiéndose de los periodistas para no dar la cara.

La pregunta del millón es si la ‘bomba’ del Palau afectará al ‘procés’. Los soberanistas, en principio, descartan esa posibilidad, aunque desde la oposición advierten de que “habrá que esperar a la reacción de Oriol Junqueras, aunque de momento es un tema que afecta a un partido político”. Lo que sí subrayan es que “las confesiones de Millet y Montull han sido un duro golpe a Artur Mas, porque lo dejan muy tocado y bajo las sospechas de la corrupción. ¿Alguien se puede creer que el presidente de una organización no conoce las interioridades de la misma y cómo se hacen las cosas?”. Por tanto, su carrera política queda, en estos momentos, en entredicho.

Lo cierto es que Mas no puede alegar ignorancia, máxime cuando desde el año 2005 encargó de la tesorería del partido y de las fundaciones afines al que había sido su secretario particular desde 2000, Daniel Osàcar, cuya implicación desveló en exclusiva este diario en su día. Millet admitió que antes de 2005 se reunía con el tesorero, Carles Torrent, y después el contacto era el propio Osàcar. El fiscal anticorrupción de Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, le preguntó directamente si conocía la participación en la trama de “otros cargos políticos por encima de los tesoreros”. Millet solo pudo balbucear que él solo trataba con el tesorero, aunque añadió: “Supongo que sí, pero es una suposición, porque no lo sé”.

El fiscal le abordó luego con otra pregunta con retranca. “El 11 de abril de 2005, consta en su agenda que mantuvo una reunión con el señor Jaume Camps [exdiputado de CDC], el señor Germà Gordó [luego responsable de finanzas de CDC, consejero de Justicia y actualmente diputado de JxS], el señor Jordi Montull [padre de Gemma Montull y entonces director administrativo del Palau, el segundo cargo en importancia en la institución] y usted en el hotel Diplomatic. ¿Era por estos hechos [hablar de las mordidas a CDC]?”. El antiguo prócer catalán no recordaba la reunión en concreto y se limitó a responder: “Debería haber algún tema para hablar, pero no lo sé”. Esta mención, sin embargo, ha bastado para que la CUP, socio parlamentario de Convergència, pidiese horas más tarde la comparecencia en la Cámara catalana de Artur Mas y de Germà Gordó para dar explicaciones.

Facturas falsas facilitadas por CDC

Los dos imputados que declararon el primer día del juicio coincidieron en admitir que el Palau de la Música era una de las vías de financiación ilegal de CDC. Al partido de Artur Mas llegaban fondos de tres maneras diferentes: por una parte, el propio Millet se encargaba de dar dinero en efectivo a sus tesoreros; por otro lado, firmó un convenio con la Fundación Trias Fargas (hoy llamada CatDem, la misma que está siendo investigada nuevamente por corrupción en el sumario del 3% que investiga un juez de El Vendrell), que no era más que una tapadera para hacerle llegar fondos, y, por último, el Palau pagó millones de euros a empresas que, realmente, prestaban sus servicios para Convergència pero que, al final, cobraban del Palau.

Según el sumario, el partido catalán se embolsó más de 6,6 millones de euros desde 2002 a 2009, aunque tanto Millet como Gemma Montull reconocieron que los mecanismos de financiación ya existían desde los años noventa, cuando Jordi Pujol era el líder de la formación.

Pero el tema de la corrupción de Convergència no se queda ahí: Gemma Montull detalló que en el año 2007 Hacienda abrió dos investigaciones sobre movimientos de dinero en efectivo en el Palau de la Música. Los billetes de 500 euros circulaban a velocidad de vértigo por las manos de los directivos de la institución. Y Millet pidió a dirigentes de Convergència “una solución” ante las investigaciones: no tenía cobertura documental para justificar el cobro de innumerables cheques por ventanilla. A los pocos días, relató la exdirectora financiera, “me llama mi padre [Jordi Montull, mano derecha de Fèlix Millet] y me da facturas de CBM 10 y de Orencat para justificar los movimientos de dinero. Se las había dado Daniel Osàcar”. Solo las facturas de CBM 10 del año 2003 sumaban 383.425,09 euros, aunque había muchas más facturas falsas de varios conglomerados empresariales. “Lo que se intentaba era justificar las salidas de dinero en efectivo para cubrir un delito fiscal”.

Opinión

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Otro de los documentos hallados en el registro del Palau era uno donde figuraban en una columna los cobros que se hacían a la empresa Ferrovial (la firma emitió en la tarde de ayer un comunicado en el que insiste en que su patrocinio al Palau se hizo siempre "de forma pública" y que es la primera interesada en que "los hechos se esclarezcan definitivamente y lo antes posible"), en otra columna se detallaban los “pagos a Daniel”, en una tercera, los cobros de GPO y en una cuarta, el dinero que realmente se quedaba en la Fundación Palau de la Música. Pues bien, de 1,6 millones de la primera columna, en las cuentas del Palau se quedaban solamente unos 85.000 euros. Montull reconoció que el Daniel aludido era “Daniel Osàcar, tesorero de Convergència”, mientras que GPO “eran unas siglas que escogieron Millet y Montull para esconder el dinero que se quedaban ellos”. Según el expresidente de la institución musical, del 4% que Ferrovial pagaba a CDC, el 2,5% era destinado al partido, él se quedaba un 1% y Jordi Montull, el 0,5% restante. O sea, que Millet se quedaba una cuarta parte de las mordidas que Ferrovial pagaba por tener adjudicaciones de obra pública. El juicio del caso Palau se convierte, así, en todo un manual de corrupción.