La defensa intenta politizar ahora el juicio de Mas con preguntas ‘impertinentes’

Si no estaba claro, ahora ya lo está: los más interesados en politizar el juicio del 9-N son las propias defensas. Incluso hay algún abogado defensor que se pasa de rosca, apuntando a teorías conspiratorias del Estado español. En la segunda sesión de la vista, por la que han desfilado un reguero de inspectores, directores de institutos, la exdirectora del CIRE (la empresa que fabricó las urnas y las papeletas) y otros proveedores de la Generalitat, el presiente del tribunal tuvo que llamar nuevamente al orden al abogado Jordi Pina, que defiende a la exconsejera de Educación, Irene Rigau.

Pina es abogado de la exconsejera por expresa petición de Miquel Roca, amigo personal de Rigau. Curiosamente, su bufete es uno de los despachos que participaron en la defensa de otra ilustre imputada, la infanta Cristina, en el caso Nóos. Sus preguntas fuera de contexto en el juicio del 9-N y sus intentos nada disimulados de buscar una motivación política en cada respuesta llevó al presidente del tribunal, finalmente, a ponerle las pilas. “La intencionalidad que pudiese guiar a la testigo no es de interés”, le zanjó el magistrado al término de uno de sus agresivos interrogatorios, a lo que el letrado, ya subido en la teoría de la conspiración del Estado español respondió con un airado: “Mi intención es poner en tela de juicio la poca fiabilidad de la testigo”. En anteriores intervenciones del letrado, el tribunal ya tuvo que cortar para advertir a los testigos que no estaban obligados a responder a las preguntas que planteaba ese letrado. La situación llegó hasta el extremo que, en un momento determinado, y cuando en una de las ocasiones el presidente del tribunal le iba a reprender, pidió perdón por anticipado por su ‘impertinencia’.

Los inspectores dejaron claro que la Administración catalana intentó escurrir el bulto para no aparecer comprometida en la organización del 9-N

La obsesión del letrado por denunciar algo así como una operación oculta del Estado fue llevada al máximo. En la jornada de hoy, el tema estrella fue la disputa entre algunos directores de centros e inspectores con la Administración, que pretendía que dejasen la llave a voluntarios pero que pareciese que fuese una decisión personal. Es decir, que no querían dejar rastro de las órdenes de ‘la superioridad’.

Es muy gráfica la conversación mantenida el viernes 7 de noviembre de 2014, dos días antes de la consulta, entre la directora del centro Pedraforca, de Hospitalet de Llobregat, Dolores Agenjo, con Montserrat Llobet, directora de los servicios territoriales de enseñanza de la Generalitat. La directora ya había conseguido que le diesen una orden por escrito. Y en una última comunicación con la responsable política, ésta le espetó: “Oye, esta orden no se la enseñarás a nadie, ¿verdad?”. Fue una frase para la historia. “Si ya me alarmé porque tenía dudas de la legalidad de todo, eso acabó de iluminarme”, comentó esta mañana Ajenjo ante el tribunal. Pero lejos de esconderlo, dijo a su superiora: “Sí, se la enviaré a la directora de la alta inspección y a la delegada del Gobierno”. “¡Ah, bueno! Entonces tengo que volver a consultarlo”. Y ahí se acabó todo. Ni recibió orden alguna por escrito, ni pasó nadie a recoger las laves de su instituto ni éste abrió las puertas para celebrar la consulta. Si todo era tan legal, ¿porqué la Administración no actuó de modo normal y transparente?

Los ‘espías españolistas’

Los inspectores Josep Alsina y Jesús Rull dejaron claro que la Administración catalana intentó en todo momento escurrir el bulto para no aparecer comprometida en la organización del 9-N. El primero incluso llegó a afirmar que los directores fueron presionados para que pusiesen los centros educativos al servicio de los voluntarios independentistas. Las preguntas de Pina (las otras defensas no siempre preguntaban a los testigos) siempre iban dirigidas a saber si los testigos eran una especie de ‘espías’ del Gobierno español. De ahí su insistencia, en saber si habían tenido algún contacto con la directora de la alta inspección del Estado, Caridad Ramos, o con la entonces delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna.

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“¿Sabía si los inspectores le pidieron documentos sobre el 9-N con la finalidad de llevárselos a la inspección del Estado o a la Delegada del Gobierno en Cataluña?”, le inquirió incluso a Montserrat Llobet, la directora de los servicios territoriales. En otra ocasión, puso en duda los conocimientos de Alsina para entender la resolución del TC anulando la consulta (“Porque usted no tiene estudios jurídicos, sino matemáticos”, se dijo con ironía) y le espetó luego que lo que decía demostraba que tenía “vinculaciones partidistas”. El presidente del tribunal le recriminó que sacase a relucir ese tema y le prohibió hacer valoraciones, “ya que éstas las hace el tribunal”.

Para acabar de desacreditarlo, esperó a que fuese el turno del jefe de la inspección, Francesc Güell, posicionado a favor de la consulta. A éste, le preguntó, para desacreditar Alsina y Rull: “¿Entre sus responsabilidades está enviar documentos a altos cargos de la Administración del Estado?”. Era ya un indisimulado torpedo contra los testigos de Fiscalía y acusación popular. “En absoluto. No tenemos relación con otras inspecciones”, respondió el interrogado.

Borrar el rastro

Lo que quedó meridianamente claro es que desde las instancias políticas de la Generalitat se intentó que no quedasen documentos que permitiesen atisbar que había interés del Gobierno en que era la Administración quien manejaba el ‘proceso participativo’. Y, además, como señaló el inspector Rull, “el inspector jefe nos dijo que nos abstuviésemos de actuar sobre el 9-N”. Esta afirmación fue luego plenamente confirmada por el interesado, Francesc Güell, porque, según su razonamiento, “no tenemos competencia, no formaba parte de nuestro plan de trabajo y no éramos directores de centros”.

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Y la directora de los servicios territoriales, Montserrat Llobet, aunque negó haber dado ninguna instrucción, admitió que en una reunión con todos los directores de centro de las comarcas de Barcelona les dijo que debían dejar las llaves a los voluntarios si ellos no estaban el domingo de la votación en sus colegios, porque su participación no era voluntaria. Una afirmación que desmintió Agenjo, que afirmó que en esa reunión Llobet ordenó que cada director buscase a tres voluntarios para el 9N, de los que uno debía encargarse de la coordinación y otro, de las cuestiones informáticas. Cuando Agenjo le preguntó si era obligatorio hacer eso, la respuesta fue que era “conveniente”, mientras otros directores exclamaban que como lo decía la directora de los servicios territoriales se había de hacer y punto. No había lugar para la duda.

Pero una cosa quedó clara: que éste no es un juicio político. Más bien hay algunos sectores que insisten constantemente en llevarlo al resbaladizo terreno de la política. Por eso se puede afirmar que, sin lugar a dudas, es un juicio politizado.