La Generalitat guarda 330 millones y los datos del censo para el referéndum ilegal

¿Es el exjuez Santiago Vidal, hasta ayer un prestigioso independentista para sus compañeros de ‘procés’, un mentiroso? ¿Es un fabulador, como dicen todos los que hasta ahora le alababan? Lo cierto es que las conferencias que ha ido dando a lo largo y ancho de Cataluña desde el pasado mes de noviembre desvelan algunas pautas de comportamiento de la Administración catalana que se alejan de los postulados de una democracia y crean incluso alarma social.

En noviembre pasado, El Confidencial ya recogía unas polémicas palabras de Vidal: en una conferencia pronunciada en Breda, junto al actual presidente de Junts pel Sí (JxS), Jordi Turull, se explayaba a gusto y afirmaba que, tras varias reuniones de mandos de la consejería de Interior con los impulsores del referéndum, los Mossos d’Esquadra se pondrían de parte de la Generalitat en el caso de conflicto con el Estado y si esta desobedecía las leyes españolas. Desvelaba, asimismo, que los 15 comisarios de este cuerpo policial “han dejado claro en todas las reuniones que han mantenido que están para servir a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña”.

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Fuentes de los Mossos, en cambio, niegan a El Confidencial ese posicionamiento en bloque y aseguran que solo un puñado de comisarios (eso sí, puestos en lugares clave) son los que jurarían fidelidad al Govern y aceptarían saltarse la ley a la torera.

En las conferencias que ahora han salido a la luz, Vidal va más allá y advierte que el Gobierno catalán se ha hecho ilegalmente con los datos fiscales de todos los ciudadanos, además de presumir de que esconde en los presupuestos 400 millones de euros para crear estructuras de Estado y organizar el referéndum ilegal.

Junto al actual presidente de Junts pel Sí, Jordi Turull, concluían que los Mossos apoyarían a la Generalitat en caso de conflicto con el Estado

En la cúpula de la Generalitat se ha instalado estos días el terror a que las pruebas de alguno de esos secretos de la plaza de Sant Jaume salgan a la luz. Según han confirmado algunas fuentes a El Confidencial, “no es descabellado pensar que los organizadores del referéndum cuenten con los datos personales de los catalanes. De hecho, todos los partidos políticos reciben, en época electoral, el censo de los ciudadanos, por lo que la base para elaborar el listado de los que pueden votar es una realidad. Otra cosa es lo que Vidal apuntó sobre los datos fiscales: esos solo pueden salir de la Administración tributaria, por lo que sería un delito flagrante el haber filtrado esos datos”.

Campaña de captación de datos

Hay inquietud sobre lo que pueda haber pasado, máxime cuando los independentistas han estado tensando la cuerda a golpe de bravatas. Lluís Salvadó, secretario general adjunto de ERC, escribía en septiembre del 2014: “Si alguien considera que Cataluña puede llegar a ser independiente sin saltarse la Constitución española, que nos lo explique”. Resulta que Salvadó es hoy secretario de Hacienda del Gobierno catalán. O sea, que es el mandamás de la principal estructura de Estado y la que podría tener, además, los datos fiscales de los ciudadanos, aquellos que Vidal dice que han sido filtrados a una lista paralela. De ahí la andanada del Govern contra Vidal, puesto que si aflora alguna prueba de sus acusaciones, habría responsabilidades penales.

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Y no hay que olvidar que en los últimos meses ha comenzado una intensa campaña controlada desde asociaciones cívicas independentistas para que los soberanistas entreguen a la Agencia Tributaria Catalana una copia de todo el material que presentan en la Hacienda española para poder fabricar una potente base de datos fiscal estrictamente catalana. Esta iniciativa nació en mayo del 2014, cuando la Asamblea Nacional Catalana (ANC) lanzó la campaña ‘Declara’t a Catalunya’ (Declárate a Cataluña) en la que pedía que se hiciese entrega de los datos fiscales a la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para que esta pudiese tener todo el censo fiscal el ‘día cero’ (o sea, el día de la desconexión con España), ya que la Hacienda española se negaba a ceder los datos de los contribuyentes catalanes. Ello, afirmaban, no tendría consecuencias legales “y hace que la ATC cuente con información propia y facilitará el paso para asumir el 100% de la recaudación cuando llegue el momento. Se trata, pues, de la Vía Catalana hacia la Hacienda Propia”, según decía uno de los documentos de la propia ANC.

"Todos los partidos políticos reciben el censo en época electoral. Otra cosa es lo que Vidal apuntó sobre datos fiscales", afirman desde la Generalitat

Xavier Vidal, responsable de la sectorial de economistas de la organización, afirmaba entonces: "También somos los primeros que entregaremos nuestra información fiscal antes de que nos la pidan”, igual que la ANC había podido hacer una manifestación con millón y medio de personas y había materializado una cadena humana de 400 kilómetros. En el apartado correspondiente de la web de la ANC, las peticiones estaban colgadas hasta hace unos días. Sorpresivamente, desde ayer la pestaña de la campaña ‘Declara’t’ remite al lector directamente a la tienda virtual de la organización. Han desaparecido las bases y los datos de la petición de información a los ciudadanos.

Que los independentistas manejan listas a su antojo es una constatación. En una resolución sobre las ‘consultas populares’ en ayuntamientos de Cataluña, la Agencia Española de Protección de Datos ya emitió una resolución en el año 2011 en la que apercibía a la Associació Projecte Referèndum d’Independència (la organizadora de esas consultas) por crear un fichero con datos personales de ciudadanos para elaborar un censo. La investigación se abrió tras una denuncia de la Asociación Impulso Ciudadano, al frente de la que estaba el entonces diputado José Domingo. La AEPD conminó a la asociación independentistas a regularizar su situación bajo el apercibimiento de abrir expediente sancionador.

En el año 2015, la multa fue a la ANC y a Òmnium Cultural, a quienes se impuso sendas multas de 200.000 euros a cada una más 40.000 euros más de la ANC, por la gigaencuesta que elaboraron de cara al 9-N: miles de voluntarios visitaban domicilios y anotaban la lista de personas que estaban a favor de la independencia en un sospechoso ‘censo soberanista’. También se rumoreó que los independentistas hacían servir los datos de las tarjetas sanitarias para elaborar sus censos y de ahí que en las consultas por ayuntamientos permitiesen votar no solo a los mayores de 16 años, sino a los extranjeros residentes, tuviesen o no permiso pero sí inscritos en el censo municipal o en el sanitario. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sentenció finalmente que los ayuntamientos no podían facilitar los censos de residentes a los organizadores de las consultas.

El fondo de contingencia

Otra cosa es el dinero oculto para el referéndum. Vidal advirtió de que Carles Puigdemont esconde 400 millones de euros para la creación de estructuras de Estado y para el referéndum. En el 2015, el Gobierno de Artur Mas guardó un fondo de contingencias de 200 millones de euros. Se trata de una partida sin asignación destinada a cubrir necesidades imprevistas. Está asignada a fondos interdepartamentales. En el proyecto de ley para 2017, Puigdemont se reservó 330 millones, lo que representa un importante aumento de los fondos sin asignación. Estos fondos, según diversas fuentes consultadas por El Confidencial, pueden hacerse servir para cualquier cosa que el Gobierno considere, puesto que “están liberados”. Y serían un colchón económico para las incidencias que pudiera tener un eventual referéndum. Por si fuera poco, no necesita esconder ese dinero: simplemente lo deja en reserva y, si se aprueban los presupuestos, podría disponer de él para lo que quisiera.

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Pero, además, a esta partida presupuestaria se le han de añadir, por ejemplo, los 93 millones destinados a la Agencia Tributaria Catalana, o los 34 millones que, oficialmente, quiere destinar a la Agencia de Ciberseguridad, el organismo que ha de sustituir al Cesicat y que sería el cerebro de unos hipotéticos ‘servicios de espionaje catalanes’, coordinados con una unidad de los Mossos d’Esquadra. En su conjunto, esas partidas se situarían en algo más de 400 millones, la cifra apuntada por Vidal en sus conferencias.

Pero a nadie se le escapa que quien más quien menos juega al despiste. El propio Artur Mas, en 13 de octubre de 2014, en la tercera cumbre que el entonces ‘president’ celebró para organizar el 9N, dejó un mensaje para la reflexión: “Tenemos que engañar al Estado”. A partir de ahí, la política catalana fue un continuo juego del gato y el ratón. Unos días antes, el 25 de septiembre de aquel año, durante una visita al ayuntamiento leridano de Golmès, advertía ya: “El adversario al cual nos enfrentamos es mucho más poderoso que nosotros. Pero David no venció a Goliat porque fuese más fuerte, sino porque era muy astuto y muy hábil”. Eso le valió el apodo sarcástico de ‘astut Mas’.

En el 2015, Artur Mas guardó un fondo de 200 millones de euros. En el proyecto de ley para 2017, Puigdemont se reservó 330 millones

Hay muchos ejemplos de provocaciones semejantes. En agosto del 2015, Joan Canadell, cofundador del Cercle Català de Negocis (CCN), una de las entidades ‘fantasma’ utilizadas para movilizar a la ‘sociedad civil’, recordaba en su cuenta de Twitter: “Alguien tendría que hacer una base de datos con los que hoy insultan a los catalanes. No sea que cuando seamos independientes vengan a buscar trabajo”. Y es que igualmente son inquietantes las revelaciones del exjuez Vidal sobre que los independentistas han investigado a los 800 jueces de esta comunidad y saben que cuentan con 300 de ellos para la nueva república catalana.

Miquel Strubell, uno de los fundadores de la ANC, también lo tenía muy claro en enero del 2015, cuando tuiteó: “¿Queda alguien que votaría por la independencia como yo, aunque quien liderase la candidatura fuera asesino, pedófilo y corrupto?”. En otras palabras, que si el que delinque es catalán, se le puede perdonar.