Los anticapitalistas presentan a Puigdemont más de 200 enmiendas a sus Presupuestos

Los anticapitalistas de la CUP ya tienen un primer borrador de contestación a los Presupuestos del presidente catalán, Carles Puigdemont, que comenzarán a negociar este miércoles. La CUP ha presentado 40 enmiendas al articulado de los Presupuestos, 100 enmiendas de reasignación presupuestaria de partidas en el proyecto de Ley de Presupuestos y 70 enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas que ha de acompañar a los números. En total, pues, más de 200 enmiendas que pondrán entre la espada y la pared al mandatario catalán, al que exigen subida de impuestos, recorte de salarios de altos cargos y creación de estructuras de Estado para la independencia.

Un documento hecho público a última hora de la tarde de este lunes por los anticapitalistas señala que “el centenar de movimientos presupuestarios provienen de 600 partidas desde las cuales se ha liberado crédito presupuestario proyectado por el Gobierno para reorientarlo a fines y partidas [existentes o creadas por la CUP] que son prioritarias para desarrollar políticas que la mayoría social y la coyuntura preconstituyente hacen imprescindibles”. El movimiento presupuestario aludido se eleva a 700 millones de euros.

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El centenar de enmiendas presupuestarias (las relativas a los Presupuestos exclusivamente) está orientado en cuatro sentidos: por un lado, la constitución de 10 fondos estructurales, “transversales o globales”. Entre ellos, uno de ‘cohesión social y garantía de rentas’, otro de ‘lucha contra la corrupción y la evasión fiscal’, otro de ‘ayuda a la cooperación’, otro de ‘lucha contra el cambio climático’ y otro de ‘reactivación económica y fomento de la economía cooperativa’.

La segunda línea de reivindicaciones es la combinación de nuevas partidas con “demandas sectoriales priorizadas en cada ámbito con movimientos presupuestarios intradepartamentales”. La tercera línea es “hacer modificaciones en la estructura presupuestaria para permitir racionalizarla, que se modifiquen aplicaciones existentes o por crear, se sinteticen otras fragmentadas superpuestas y se ponga el acento crítico en las carencias informativas de miles de partidas con nomenclatura laxa”. Por último, reclama “crear [igual que sucede con los fondos o nuevas partidas] todos aquellos entes u organismos que han de ponerse en funcionamiento en el año 2017 y son pilares básicos de una nueva República, así como para el control de los recursos propios”.

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Entre estos entes ya desconectados de España figurarán “la Agencia Catalana de la Protección Social, el Mecanismo Catalán contra la Corrupción, una Banca Pública catalana, Autopistas e Infraestructuras de Cataluña, el Banco de Tierras, un Dispositivo Integral y Público de Emergencias en torno al 112 que contemple salud, protección civil, seguridad y teleasistencia, etcétera”. En otro de los apartados, en cambio, cita la “creación de cinco organismos públicos estratégicos y claves: Banca Pública, Agencia Catalana de Protección Social, Autopistas de Cataluña, Banco de Tierras y Emergencias”.

De dónde se saca el dinero

Pero, ¿de dónde sacarán los recursos para tantos cambios? “Por un lado, los fondos estructurales se han creado y nutrido con una recuperación de una horquilla entre el 10 y el 30% de partidas y aplicaciones de ‘muestra’ como la provisión de servicios propios por medios ajenos, la transferencia a ‘empresas privadas’, las partidas de dietas (desgraciadamente aplicadas a menudo mayoritariamente a los cuadros de mando con salarios exorbitantes), el fondo de turismo o las retribuciones complementarias de altos cargos, eventuales o complementos para dirección a personal de centros privados concertados al margen”. A ello, se agregan recortes en las partidas de compra de bienes o servicios externos, las de gestión de centros y servicios y las de compra de servicios del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que se ha convertido en una “central de externalizaciones y grandes contratos con multinacionales y consultores sin responder a criterios de eficiencia, optimización y economía de escala”.

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En el caso de demandas sectoriales, la CUP pone encima de la mesa su exigencia de "contratar a 6.000 docentes más, la internalización del personal que presta servicios de integración y las mal llamadas veladores, las becas comedor o la inversión en construcción de nuevos centros educativos de cero a 16 años”. En este ámbito, proponen que hasta que la educación pública no alcance el objetivo del 80% de la oferta efectiva, “la Hacienda pública catalana no financie íntegramente complementos de dirección ni gastos de funcionamiento de centros privados”. En concreto, lo que proponen es recortar el 50% de los complementos salariales de los cargos de las escuelas privadas concertadas. El aumento de becas comedor está fijado en nueve millones de euros

Ocho nuevos tributos medioambientales

En la Ley de Medidas que acompaña a los Presupuestos, la CUP exige la reducción en un 19% de las retribuciones complementarias de los altos cargos con salarios superiores a los 60.000 euros anuales. También reclama modificar el impuesto del IRPF, los impuestos de patrimonio (situando el mínimo exento en 450.000 euros) y sucesiones, agilizar la creación de ocho tributos ambientales (entre ellos, el de emisiones de CO2, el de emisiones SH4 y N20, el del peaje por congestión y una tasa del carbono), dedicar el impuesto turístico a vivienda de alquiler protegido, subir el canon de residuos y recuperar “los niveles tributarios sobre el juego previos a BCN World”, derogando “la excepcionalidad sobre tributación del juego reformada con ocasión del proyecto”.

En materia de contratación pública, establecer un salario mínimo de 1.200 euros brutos mensuales para atajar la subcontratación y restringir el acceso de empresas contratistas que operen en paraísos fiscales a las adjudicaciones públicas. El tope salarial mínimo bruto se establecería en 16.200 euros “durante la ejecución equivalente al contrato de explotación, concesión u obra pública”. Lo que pretende es que los que quieran tener adjudicaciones públicas deben pagar un salario de “al menos 1.200 euros por 14 mensualidades en relación con jornadas de 40 horas de media semanal”. Ello vale también para las subcontrataciones.

También proponen los anticapitalistas que sea el Parlamento quien nombre a los administradores de las empresas públicas o consorcios como el Instituto Catalán de la Salud (ICS) y que se someta a una auditoría de control financiero la línea 9 del metro (actualmente en construcción) o la red de canalizaciones del Canal Segarra-Garrigues, una de las mayores obras civiles de Europa. Asimismo, contemplan el “compromiso de no prorrogar las nucleares más allá de 2020 y 2021”.