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Una empresa 'amiga' de la Generalitat cobraba comisión por subcontratar trabajos
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Una empresa 'amiga' de la Generalitat cobraba comisión por subcontratar trabajos

Correos del Gobierno catalán apuntan a desvíos de fondos millonarios en materia de telecomunicaciones

Foto: Agentes de la UDEF en Barcelona, en una fotografía de archivo. (EFE)
Agentes de la UDEF en Barcelona, en una fotografía de archivo. (EFE)

Algo pasa con la Generalitat. El presunto desvío de fondos en las adjudicaciones de telecomunicaciones del Gobierno catalán puede derivar en un escándalo mayúsculo sin precedentes. Este sector es el que ha movido miles de millones de euros en contratos públicos con operadores privados durante el último lustro, cogiendo el relevo de la obra pública, que era la que antes movía más dinero. Pero si las adjudicaciones en construcción están bajo sospecha y hay investigaciones en la Audiencia Nacional y en el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), la UDEF ya lleva tiempo investigando las adjudicaciones en materia de telecomunicaciones.

Esta área, que depende del Centro de Telecomunicaciones y Telcnologías de la Información (CTTI), contrataba a una gran empresa, Unitronics, por millones de euros. Luego, cuando lo necesitaba, encargaba trabajos a terceros haciendo que los pagase Unitronics. De esta manera, la Generalitat borraba las huellas de los trabajos encargados pero, además, Unitronics simplemente cobraba el 4% de comisión por hacer de pantalla para la Administración. Esa fue la manera de haber encargado, por ejemplo, seguimientos a activistas sociales en el 2012: los realizó una empresa, TB Security, vinculada a un dirigente de Convergència, pero quien pagó los trabajos fue la empresa pantalla.

Foto:  Agentes del Cuerpo Nacional de Policía. (EFE)

Según la documentación en poder de El Confidencial, la operativa contaba con el visto bueno de los directivos del CTTI y del Centro de Seguridad de la Información (Cesicat), el polémico órgano del que Artur Mas quiso hacer el CNI catalán. La intrincada forma de contratar y pagar se puso en marcha durante la primera legislatura de Convergència, tras perder el poder el Tripartito.

Un correo firmado por Josep Verdura, gerente del Cesicat, el domingo 5 de agosto del 2012, especificaba que Davinci, el nombre adoptado por Unitronics, “aceptará facturar con un 4% de margen el importe en concepto de subcontratación o contratación a terceros que determine el Cesicat y que tengan relación con la actividad del mismo, tal como se acordó y que ya se hizo en la facturación del 2011”. Además, realizaba otra sorprendente concesión: “Davinci aceptará facturar con un 8% de margen el importe en concepto de proyectos adicionales e importes pendientes de ejecutar, en el ámbito del contrato, que se acuerden con Cesicat, ya se ejecuten directa a indirectamente”.


Castigo por contratar de urgencia

Y no sólo eso: Verdura proponía que “en caso de que por necesidades de urgencia alguna partida económica haya de ser subcontratada o contratada antes de que se produzca el cobro, se incrementará en un 10% mensual el margen”. El gerente le pedía a su interlocutor que le contestase el correo para enviarle ya “toda la documentación propuesta de facturas para formalizar y actualizar la situación", porque "es preciso cerrar este trema antes de vacaciones”. El correo, que obra en poder de la UDEF, va dirigido a Victoriano Martín, de Unitronics, con copia a Tomàs Roy, director del Cesicat.

Momentos antes, Martín le había enviado a Verdura otro correo en el que le señalaba algunas particularidades del contrato que achacaba a errores involuntarios y se avenía a incorporar conceptos (como la “ejecución de proyectos adicionales”) sugeridos desde la Administración. También le pedía concretar los porcentajes de comisión y le pedía no pagar a los subcontratados hasta no haber cobrado de la Generalitat, lo que fue aceptado por los directivos del Gobierno.

Con el Tripartito, los contratos de Unitronics eran de 242.000 euros, subieron a 979.000 en el 2010 y se mantuvieron en 988.000 los dos años siguientes

Otro de los correos es enviado por Jordi Rovira, de Unitronics, el 21 de junio de aquel año y da cuenta a Roy y a Oriol Torruella, abogado del Cesicat, que “las facturas correspondientes al remanente del 2011 ya están contabilizadas en el año fiscal, con los costes asociados según lo acordado a finales del 2011”. Y advierte que “respecto al remanente del 2012, y dada la situación actual de disponibilidad de crédito en el mercado financiero, nos es imposible aumentar nuestro ratio de endeudamiento si no es para operaciones con un margen mínimo del 15%”. Por último, le solicitaba “sin demora" su firma "referente al reconocimiento de deuda, que asciende a 900.000 euros correspondiente a 2011 y hasta marzo del 2012. No tener reconocimiento de esta deuda nos impacta en los ratios valorados por los auditores”.

La UDEF también cuenta con un power point interno del Cesicat donde se muestra la evolución de los gastos pagados a Unitronics: en el 2009, con el Tripartito, los contratos de esta empresa eran de sólo 242.000 euros, que subieron a 979.000 en el 2010 y se mantuvieron en 988.000 los dos años siguientes.

Algo pasa con la Generalitat. El presunto desvío de fondos en las adjudicaciones de telecomunicaciones del Gobierno catalán puede derivar en un escándalo mayúsculo sin precedentes. Este sector es el que ha movido miles de millones de euros en contratos públicos con operadores privados durante el último lustro, cogiendo el relevo de la obra pública, que era la que antes movía más dinero. Pero si las adjudicaciones en construcción están bajo sospecha y hay investigaciones en la Audiencia Nacional y en el juzgado número 1 de El Vendrell (Tarragona), la UDEF ya lleva tiempo investigando las adjudicaciones en materia de telecomunicaciones.

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