Puigdemont crea otro instrumento para el referéndum: el Comité Ejecutivo transversal

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ya tiene su ansiada foto presidiendo la cumbre independentista. O sea, el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que a partir de ahora se llamará Pacto Nacional por el Referéndum, ya que Puigdemont volvió a insistir en que convocará la consulta para el próximo mes de septiembre. Era una cumbre cuyo mensaje se sabía pero que necesita su imagen gráfica: el ‘president’ flanqueado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El interés del Gobierno era visualizar dos cosas: primero, que no se trataba de una reunión partidista, sino de una reunión con una amplia base transversal. Esa transversalidad se quiso plasmar en la creación de un Comité Ejecutivo del Referéndum presidido por Joan Ignasi Elena, exmilitante socialista y exdiputado del PSC. A él se incorpora la exalcaldesa socialista de Badalona Maite Arqué, ahora escorada hacia posiciones de Junts pel Sí (JxS); la exconcejal del PSC en Barcelona Itziar González (ahora más cercana a Podemos); la exconsejera de Educación en tiempos de Jordi Pujol, Carme-Laura Gil; los exdiputados de ICV Jaume Bosch y Francesc Pané; la exdiputada de ERC Carme Porta; y Francesc de Dalmases, director de la revista 'Catalan International View' y de la Fundació CATmón, vinculada a Convergència. Este comité tiene como misión recabar apoyos y ensanchar la base social del referéndum y su composición podrá aumentarse en el futuro.

La segunda cuestión era no visualizar una “simple reunión de independentistas”, sino una “reunión de demócratas”. De ahí que los dirigentes soberanistas se afanasen en repetir los últimos días la consigna de que “se trata de hablar de democracia, no de independencia”. A pesar de todo, tanto la forma como el fondo de la convocatoria desmiente esa imagen, lo que no impidió a Puigdemont comenzar la reunión recordando que no se iba a abordar la independencia, sino “el referéndum acordado”. “Esta reunión no es para la independencia, sino para un referéndum acordado y con garantías. Lo que se dirime es la defensa de la democracia”, dijo el ‘president’. Puro eufemismo. A su lado, Colau dejaba escapar que es mejor no ponerse plazo para la desconexión. Pero la agenda de Puigdemont es la que es y sigue adelante su hoja de ruta, piensen lo que piensen sus socios de viaje.

La reunión comenzó con varias novedades: del 6 al 10 de febrero, serán juzgados Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por haber organizado la consulta soberanista del 9 de noviembre del 2014, contraviniendo las órdenes del Constitucional. Y este mismo tribunal arrojó dos jarros más de agua fría al ‘procés’: por una parte, emitió un fallo suspendiendo las tres ponencias del Parlamento que debían formalizar las tres leyes de ‘desconexión’ y, por otra parte, derogó parte de la Ley de Acción Exterior de la Generalitat, al considerar que invade competencias del Gobierno central.

Hacia la independencia sin dudar

Al acabar la cumbre, comparecieron representantes de diversas fuerzas asistentes. El primero, el propio Puigdemont, que aseguró que con la cumbre “damos un paso adelante”. Y subrayó que “este Pacto Nacional por el Referéndum nace con una gran transversalidad y pluralidad y con un hilo conductor: la voluntad de celebrar un referéndum que ha de ser el vínculo entre Cataluña y España y hacerlo de manera acordada con el Gobierno español”. Anunció, asimismo, su voluntad de “acreditar ante el Estado la voluntad y el apoyo al referéndum mediante una campaña de adhesiones y la confección de un manifiesto” que han de asumir todos los impulsores.

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, saludó “el nuevo espacio” y abogó por una consulta que se haga “con garantías. Es mejor no ponernos fechas ni tener prisa, porque si no se cumplen los plazos, eso genera frustración. Sabemos que es complicado, que se ha de movilizar mucha gente y es mejor hacerlo bien”. Su preocupación es no repetir otro 9N (la consulta del 9 de noviembre del 2014), “que fue legítimo en su momento y sería legítimo ahora, pero esto es otra cosa, es un referéndum”.

Incluso el vicepresidente del Gobierno, el republicano Oriol Junqueras, subrayó que “tenemos un mandato que cumplir y eso es lo que haremos”. Y añadió: “Esto es una propuesta democrática, el referéndum es una herramienta democrática”. Pero ¿se puede hacer un referéndum acordado con el Estado? “La experiencia nos enseña que no. Pero respetamos que que haya gente que tenga esperanza. Los acompañamos en su camino, pero al constatar que no es posible, confiamos que nos acompañen en nuestra vía para hacer la independencia. Siempre estamos predispuestos a hablar y a escuchar y tenemos confianza de que todos los demócratas nos apoyen cuando alguien intente impedir un derecho democrático”, zigzagueó Junqueras. Y lo dejó claro: “El referéndum ha de ser un instrumento que nos sirva para alcanzar la independencia de nuestro país”. Más claro, el agua.

A pesar de ello, hubo posicionamientos menos maximalistas a la entrada de la reunión, que agrupa a Convergència, ERC, CUP, Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), Podemos, ICV, Demòcrates de Catalunya (escindido de UDC), Moviment Socialista d’Esquerres (MES, escindido del PSC), CCOO, UGT, Pimec, Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación de Municipios de Cataluña (AMC).

El enfado de Artur Mas

Los independentistas entraron a la reunión con posturas menos maximalistas que otras veces. Todos, menos Artur Mas, que se despachó a gusto. “He recibido una felicitación de Navidad especial, que es un juicio por la vía penal por haber cometido un gran, gran, gran delito por ideas: uno, por escuchar a la gente; dos, por haber puesto las urnas; y tres, por hacer que la gente pudiese votar. La independencia no es un crimen, sino un objetivo ciudadano, político y cultural. El juicio es una aberración que dice muy poco del talante democrático del Estado español”, clamó el ‘expresident’ antes de entrar. Su compañera de partido, Marta Pascal, se limitó a referirse al objeto de la reunión: “Apostamos por la vía democrática y del voto”, subrayó.

La CUP también sacó el pie del acelerador y uno de sus representantes, la diputada Anna Gabriel, señalaba al comienzo de la reunión que como hay quien prefiere plantear una negociación con el Estado, su formación apoyará esta vía. Pero como sabe que está destinada al fracaso (así se reconoce también en los documentos internos de la CUP), añadió: “Pedimos que, cuando se confirme que esta vía no existe, el resto nos acompañe en ese objetivo que se llama referéndum o referéndum”. Es decir, que si el Estado no quiere celebrar un referéndum o no quiere hablar de ello, se sumen todos al referéndum unilateral, en un posicionamiento similar al de Junqueras.

Tras la reunión, Gabriel señaló que “tenemos las instituciones, un amplísimo pacto social para celebrar el referéndum” y subrayó: “Tenemos legitimidad para hacer el referéndum”. También celebró que el Comité Ejecutivo creado “sea un órgano colegiado y transversal. Sus integrantes son personas que trabajarán para dirimir el conflicto de manera democrática, pero queremos que sea paritario”. Obvió críticas a Colau, aunque matizó que el acuerdo del Parlamento catalán es que el referéndum sea en septiembre y no caben dilaciones. Gabriel terminó señalando que “no hay excusas para no celebrarlo. Tenemos una oportunidad de dar una alternativa a la resignación y de ser el motor de una radicalidad democrática, frente a la vía del Estado español, que es la del autoritarismo”.

También los representantes de la sociedad civil (ANC, Òmnium, AMI y AMC) coincidían en la apreciación: "Defendendemos que sea un referéndum pactado y si eso no es posible, llamamos a trabajar y trabajar para que sea posible”. Asimismo, el líder de CSQEP, Lluís Rabell, insistía: “Queremos un referéndum con garantías, un referéndum con reconocimiento, un referéndum inclusivo en el que se sienta llamada toda la ciudadanía a participar. Pero ante todo, un referéndum pactado con el Estado”.

Paralelamente a la celebración de la cumbre, el delegado del Gobienro en Cataluña, Enric Millo, señaló que el Gobierno central tiene la mano tendida para dialogar y consideró que “la democracia se defiende con respeto a las leyes democráticas que hemos aprobado entre todos y no desobedeciéndolas”. Recordó a los soberanistas que quien judicializa la política es quien infringe las leyes y se sitúa al margen de la democracia y criticó que Puigdemont utilice las instalaciones del Parlamento para “una reunión impulsada por los radicales de la CUP”, y máxime cuando en ella “no están representantes de todos los partidos, sino de una parte”.

También compareció ante la prensa el portavoz de Ciutadans, Carlos Carrizosa, para explicar el fallo del TC (la sentencia se produjo a consecuencia de sendos recursos de Ciutadans, aunque también acudieron a la justicia el PSC y el PP) sobre las tres ponencias parlamentarias que deben aprobar las tres leyes de desconexión que permitirían independizarse a Cataluña. El TC ha fallado que esas ponencias no son constitucionales. “La piedra angular del proceso separatista se ha derrumbado. El ‘procés’ se ha quedado sin soporte legal”, enfatizó Carrizosa.