Roca, Godó y vips de Cataluña advierten del peligro de la desobediencia que exige la CUP

La Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, que agrupa personalidades de gran relevancia del mundo económico catalán ha advertido este viernes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont de los peligros de la desobediencia por la que abogan desde la CUP y que precisamente está marcando la política catalana estos últimos días. Entre los miembros de esta sociedad, que preside el abogado Miquel Roca, se encuentran el editor de La Vanguardia, Javier Godó; el director general de la Fundación Bancaria La Caixa, Jaume Giró; o el ex ministro de Industria, Joan Majó.

“Persistir en el camino de la desobediencia tiene muchos riesgos. Uno de ellos es el de hacer imposible el orden, una condición básica del progreso y de la democracia” advierte el informe anual de esta asociación que se ha presentado este viernes en Barcelona.

Y añaden: “Si se acaba identificando desobediencia y catalanismo, saldrá perdiendo el catalanismo. A la corta o a la larga la hegemonía que ahora tiene el catalanismo soberanista, generaría tantos anticuerpos en el interior de la sociedad catalana que se podría producir el efecto contrario de lo que se persigue”.

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En el acto de presentación del informe el padre de la Constitución Miquel Roca ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que desista en "su vía de la judicialización que no resuelve nada”. Justo la política que ha preferido hasta ahora el PP y el ejecutivo español.

Roca ha criticado a los que dan por imposible llegar a un acuerdo dialogado y ha reivindicado que ese diálogo debe ir acompañado de hechos, porque "si no, es una oferta sin credibilidad", con lo que ha argumentado a favor de un pacto “querido y respetado por ambas partes”,

El informe de esta sociedad de economista critica al Gobierno central por su inmovilismo y a las fuerzas políticas catalanas por la deriva radical de los últimos meses. “Entrar en la vía de la desobediencia generará problemas, causará dificultades, suscitará tensiones, y situará una buena parte de la sociedad entre dos legalidades. Todo ello, creará inevitablemente un estrés que no parece que vaya a ser positivo para el dinamismo económico y cultural”, afirma este trabajo.

Toque de atención

El toque de atención por parte de la sociedad civil catalana a ambas partes se produce en un momento en que la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha desembarcado en Barcelona para liderar un proceso de diálogo que la Generalitat no acaba de aceptar alegando que cuestiones como las detenciones de la CUP o la imputación de la presidenta del Parlament Carme Forcadell, hacen imposible cualquier tipo de conversación.

Este colectivo se moja más que el Círculo de Economía, que también ha abogado por una solución dialogada. En su informe la Sociedad Económica Barcelona de Amigos del País apunta que “lo más inteligente sería, llegar a un pacto transaccional entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que permita desbloquear la situación”.

Opinión

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“Se trata de desbloquear, no de pactar una solución constitucional que requiere un consenso en toda España que por ahora no parece posible. Se trata de desbloquear la situación con respuestas prácticas a tres cuestiones básicas: la fiscal, la cultural o identitaria, y la del autogobierno”, apunta este informe: es decir, un pacto de nueva financiación, blindaje de las políticas lingüísticas y una relación bilateral con el Gobierno español.

También se pide al Gobierno de Madrid que sus propuestas “no tengan un “carácter involucionista” o, lo que es lo mismo, recentralizador, tal y como ha estado haciendo el Ejecutivo en los últimos años, en los cuales precisamente el proceso independentista se ha radicalizado.

Esfuerzos por ambas partes

Este grupo de notable catalanes pide esfuerzos por ambas partes. Por un lado mantiene que “consensuar un programa catalán de mínimos (el eje económico barcelonés, el autogobierno y la tradición cultural propia) y negociarlo con el Gobierno de España es un objetivo perfectamente factible, aunque, para hacerlo posible, es necesaria una gran disposición al diálogo y desterrar toda tentación de demonizar al adversario”, que es precisamente lo que hacen tanto la CUP como los sectores más radicalizados del independentismo.

“El diálogo entre Cataluña y España no es posible, por supuesto, si el Gobierno no reconoce la identidad catalana; pero tampoco hay diálogo si la Generalitat catalana no quiere reconocer la realidad española tal como es. El diálogo no obliga a renunciar a las posiciones propias, sólo obliga a reconocer las del otro”, concluye el documento.