Forcadell se niega a contestar al juez, pero le pide que garantice su inviolabilidad

El independentismo catalán tuvo en la mañana de este viernes su foto de unidad y transversalidad de la que ha carecido durante los últimos meses. La declaración de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, fue toda una escenificación en la que estuvieron presentes varios cientos de alcaldes (la mayoría con su vara de primer edil), la plana mayor del Gobierno catalán y los primeras espadas de la Cataluña independentista. Allí se mezclaron dirigentes de Junts pel Sí (JxS), de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y de la CUP, que durante unas horas dejaron de tirarse los trastos a la cabeza para arropar a Forcadell.

La jornada fue pródiga en gestos y en visualizaciones. Y en amagos de actuaciones. Forcadell se negó a contestar a las preguntas del tribunal y del fiscal y, como se hace en determinados juicios, sólo respondió a las preguntas de su abogado. Evidentemente, es un derecho que tiene. Ello no le impidió pedir al tribunal que protegiese y garantizase su "inviolabilidad como presidenta del Parlamento".

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S. de Diego

Los argumentos utilizados por Forcadell en el tribunal son similares a los empleados por los dirigentes soberanistas: existe la sensación de que el Gobierno del Estado "utiliza el poder judicial para resolver un problema político". E insistió varias veces en que no había desobedecido a nadie, sino que había actuado en todo momento conforme a la ley, al haber permitido votar unas resoluciones que habían sido consideradas inconstitucionales.

Su hilo argumental fue similar a las alegaciones que habían presentado sus abogados el pasado 1 de septiembre: sólo permitió que se debatiesen las conclusiones de una comisión de estudio parlamentaria. "Y esta actividad de estudio y análisis no puede ser considerada nunca contraria a una sentencia o una resolución judicial es porque su propia naturaleza impide que pueda darse dicha confrontación en términos jurídicos-materiales".

Además, recordó que el TC no había anulado la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente (obvió que sí había anulado sus conclusiones) y que cuando el TC le comunicó que no admitiese a trámite el informe final, la maquinaria ya estaba en marcha. Luego, dos grupos parlamentarios (JxS y la CUP, en una estrategia que habían estudiado cuidadosamente) le pidieron incluir en el orden del día la votación de las conclusiones de la comisión de estudio y ella "sólo tenía potestad para ampliar el orden del día". Aseguró, no obstante, que trasladó a los diputados un informe de los servicios jurídicos del Parlamento sobre el mismo y otro posterior, en el que constaba que el debate no estaba prohibido. Ahí, volvió a confundir los términos, puesto que el debate es una cosa (de hecho, ya se había producido en la propia Comisión) y la votación de propuestas consideradas inconstitucionales es otra. Pero la clave está en una de las afirmaciones que su abogado le permitió dejar como colofón a su estrategia: "¿Cómo puede ser que un Parlamento no pueda debatir sobre la independencia, que es un debate que sí está en la calle?".

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fue uno de los primeros en llegar al Parlamento a solidarizarse con la presidenta de la cámara. Allí estaban también los expresidentes del Parlament Joan Rigol y Ernest Benach, además del vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y consejeros como el de Exteriores, Raül Romeva, la portavoz, Neus Munté, o el de Salud, Toni Comin. Pero también dirigentes de JxS como el presidente del grupo parlamentario, Jordi Turull, su portavoz parlamentaria, Marta Rovira, o el diputado en el Congreso Francesc Homs. Ahí estaban los 'cuperos' Eulàlia Reguant, Mireia Boya, Sergi Saladié y Joan Garriga o el líder de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), Lluís Rabell.

La escenificación estaba perfectamente planificada: la presidenta debía salir escoltada por los alcaldes y los dirigentes políticos por el paseo más vistoso del Parque de la Ciudadela y encarar luego el paseo Lluís Companys, un recorrido de apenas 500 metros pero donde se podría visualizar la movilización independentista. La intención era que la puerta del Palacio de Justicia estuviese copada de banderas independentistas y demostrar así que el 'procés' sigue más vivo que nunca. El TSJC ya había mostrado su malestar hace unos meses, cuando Artur Mas, uno de los asistentes al paseíllo de este viernes, tuvo que ir a declarar por la pseudoconsulta del 9N y los independentistas montaron una escenificación igual.

En aquella ocasión, octubre del 2015, el propio tribunal emitió un duro comunicado en el que consideraba intolerable la presión política hacia el poder judicial por "cuestionar la legitimidad de los jueces y, además, pretender influir en su toma de decisiones". Decía, asimismo, que con esa presión se cuestiona "de manera interesada que la actuación de los tribunales de justicia sólo se debe a intereses políticos" y promovía "la desconfianza social", al tiempo que acusaba a los independentistas de que con ello sólo pretendían poner en marcha unas estrategias de presión que constituyen "una negación de las bases de nuestra convivencia política".

"España no separa sus poderes"

Pero la impresión de los independentistas es que eso no importa. El propio consejero de Transparencia, Raül Romeva, decía a la entrada del TSJC que "el Consejo de Europa ya dijo por activa y pasiva que España es de los países que tienen menos separación entre poderes". Por tanto, los soberanistas no se dan por aludidos. Es más: la nueva estrategia del independentismo pasa por camuflar la intención última de las movilizaciones. Tanto Oriol Junqueras como Raül Romeva llevaban aprendida la lección del argumentarlo: "Esto sobrepasa el tema de la independencia. No estamos aquí por la independencia. Aquí lo que se dirime es la democracia", insistieron a derecha a izquierda durante la concentración.

La última advertencia de la movilización llegó de boca del 'president' Puigdemont. Lo cierto es que comenzó el paseíllo con Forcadell y luego desapareció de escena en los metros finales. No estaría bien que el cabeza visible de una institución (del poder político) intentase presionar a un tribunal, que representa a otro poder, el judicial. Antes, sin embargo, ya había dejado bien claro que "Forcadell seguirá siendo, evidentemente, presidenta del 'Parlament' aunque sea inhabilitada, porque fue elegida por el pueblo de Cataluña". Un aviso en toda regla al Gobierno español.