arropada por el soberanismo catalán

Forcadell: "Si me atacan a mí, atacan al Parlament y a su esencia"

Tras denunciar la "vulneración" del principio de separación de poderes en España, ha alertado de que esta vez el Estado da "un paso más" y "pretende dictar lo que se puede hablar o no en un Parlamento

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha dado un paso más en su posicionamiento radical respecto al 'procés'. "Ningún tribunal puede impedir que se debata la independencia", dijo en una comparecencia ante la prensa después de declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acusada de haber permitido la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente cuando éstas ya habían sido declaradas inconstitucionales.

La diputada de la CUP en el Parlament Mireia Boya ha defendido este viernes que el proceso independentista catalán está ya en marcha de forma irreversible: "Hoy es evidente que el proceso constituyente catalán ha comenzado, que haremos el referéndum y que la Constitución es papel mojado y está muerta y enterrada". Boya es uno de los cargos electos que ha acompañado a Forcadell a declarar ante la Justicia.

Forcadell sacó pecho tras la inyección de moral que supuso su arropamiento por el mundo independentista a las puertas del Palacio de Justicia. "Yo actué correctamente en el ejercicio de mis funciones como presidenta del Parlament. Eso es lo que le dije al tribunal, donde expliqué detalladamente todas mis actuaciones", reveló.

Aseguró que atacándola a ella "se ataca a esta institución, a su esencia, que es el debate y la discusión. Lo de este viernes es inconcebible en un Estado democrático, porque en ningún país democrático se puede perseguir penalmente el debate de las ideas. ¿En qué lugar los representantes políticos han de hablar de lo que le interesa a la gente si no es el Parlamento, que es la sede de la soberanía popular?".

Forcadell: "Si me atacan a mí, atacan al Parlament y a su esencia"

La presidenta insistió en que después de que los tribunales españoles se hayan dedicado los últimos años a anular leyes y resoluciones de las instituciones catalanas, "ahora han dado un paso más. Y pretenden que los tribunales nos digan lo que se puede hablar y lo que no se puede hablar en el Parlamento. Y es más: pretenden incluso que sea el propio Parlament el que se autocensure". Y añadió: "Ningún tribunal puede tratar de que actuemos como órganos censores del debate parlamentario. Si fuese así, habría perdido la democracia. Y si abrimos la puerta a la censura, ya no la podremos cerrar".

Forcadell dirigió sus dardos hacia el Estado, asegurando que es éste el que "utiliza los tribunales para coartar la discusión en una institución democrática" y justificó plenamente su actuación. "No sólo mi actuación fue legal, sino que si no hubiese actuado como lo hice, hubiese incumplido el reglamento de la cámara y hubiese vulnerado los derechos de los diputados y diputadas".

"Inconcebible" la inhabilitación

Ante el juez, también justificó que dejase votar una resolución inconstitucional señalando que "el mandato del TC no se refería a ninguna actuación concreta. Por tanto, la ampliación de la orden del día no estaba prohibida por el TC".

De ahí que dejase caer que su inhabilitación "sería un ataque tan grande a la democracia que es inconcebible". En este sentido, manifestó que "no es que nos consideremos por encima de la ley, sino que es un ataque a la democracia". Y argumentó acto seguido que "la presidenta del Parlamento es elegida por los diputados en cada legislatura", dejando entrever que sólo los diputados tienen potestad para desalojarla de su sillón y no un tribunal.

Negó, asimismo, que la movilización ante la sede del TSJC sea un acto de presión. "Es una muestra de apoyo a la soberanía del Parlament y a la libertad de expresión", subrayó. Cuestión de matices.

Respecto a la petición al tribunal para que protegiese su inviolabilidad, Forcadell apeló a un arma de doble filo, con insinuaciones y medias verdades. "La inviolabilidad es una garantía para la libertad de expresión. Es un derecho que reclamé como diputada, para que de esta manera los diputados podamos expresar nuestras opiniones y no ser procesados por ello". Claro que omitía que su proceso no era por emitir opiniones, sino por actuaciones de desobediencia ante un mandato directo del TC. Y, por otra parte, omitía también que la libertad de opinión está contemplada en las leyes y que afecta no sólo a los diputados, sino a los ciudadanos en general. Las espadas, pues, siguen más en alto que nunca, porque la estrategia del baile de mártires , ya anunciado tras el pasado 11 de septiembre, es la mejor (y quizás ahora la única) vitamina para el 'procés'.

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